Los intereses económicos del golpe de estado contra Evo Morales

En diálogo con Punto de Partida Nacif explicó que “en acontecimientos como este siempre hay razones relacionadas con los recursos naturales. No solo el Comité Cívico de Santa Cruz el que comenzó a orquestar la revuelta contra el proceso electoral y contra el gobierno, sino también el Comité Cívico de Potosí, la zona donde está localizado el salar de Uyuni y donde se ubica el proyecto estatal de explotación del litio. Esos comités son organizaciones que nuclean a sectores de profesionales de clase media de los departamentos y regiones. El de Potosí comenzó días antes de las elecciones protestas extremadamente agresivas contra el acuerdo de explotación con una empresa alemana. Evo cedió y anuló el contrato, pero el mismo Comité Cívico de Potosí exigió la renuncia del presidente, lo cual es totalmente desproporcionado“.

El entrevistado puntualizó que “los reclamos son el control de las regalías, el control regional por encima de la propiedad nacional del proyecto. Ese era el reclamo menor, incluso negociable porque pedían un 3% de regalías. La desmesura estaba enb los argumentos, que decían que en Argentina y Chile las condiciones de explotación eran mejores para las regiones, lo cual es falso. El otro reclamo, de máxima, era anular el contrato con la empresa alemana por considerarlo ‘entreguista’. Sin embargo el acuerdo denunciado establecía que el Estado iba a conservar el 51% de las acciones y el control por parte de una empresa estatal boliviana, que recibiría transferencia tecnológica y de patentes y garantías en el mercado futuro del ramo, y una garantía de inversión por parte del gobierno alemán“.

Finalmente Nacif aclaró que “en Bolivia el litio está declarado como recurso estatal por lo tanto la explotación primaria solo lo puede hacer una empresa estatal. Otros acuerdos no pueden comprometer la materia prima. En nuestro país la situación es totalmente opuesta. Es considerado un mineral más sujeto al Código de Minería. Cualquier privado puede poseer un yacimiento y explotarlo como le parezca. Para preservarlo en nuestro país deberíamos volver a la tradición, de toda América Latina, que antes de la llegada del neoliberalismo nacionalizaba recursos estratégicos en las constituciones según las necesidades de la industria. En nuestro país eso está perdido por la provincialización de los recursos, las reformas al Código de Minería y la legislación de los años ’90“.

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