Por Leonardo Martín
Los sindicatos docentes se preparan para un comienzo del segundo tramo del ciclo lectivo con protestas y medidas de fuerza ante la crítica situación que atraviesa el sector en términos salariales, de condiciones de trabajo y financiamiento educativo. En relación a la representación gremial de carácter nacional, CTERA anunció un paro y movilización para el 3 de agosto y los sindicatos nucleados en la CGT anunciarán el lunes un plan de acción en una conferencia de prensa. A ello se suman las conflictividades propias de cada jurisdicción.
CTERA anunció esta semana un paro nacional docente con una serie de reclamos, entre ellos, la negativa y el vaciamiento que hizo el Gobierno de Milei de la Paritaria Nacional Docente; la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID), un porcentaje de los salarios que el Ejecutivo quitó tras un cuarto de siglo; mayor presupuesto ante la motosierra nacional; además de rechazar “iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”. Un panorama muy complejo.
Otros aspectos apuntados por el sindicato que encabeza Sonia Alesso son la “sanción de una nueva ley de Financiamiento Educativo”, el rechazo a toda reforma jubilatoria (con posibles subas en la edad y límites a los regímenes especiales); al impulso, por ahora solo deslizado por el Gobierno, de un proyecto de ley de Libertad Educativa; y mayor inversión en infraestructura escolar, comedores y becas.
La movilización será el lunes en horas de la mañana, concentrando desde las 10 hs. en Avenida de Mayo y Santiago del Estero. Lo harán junto a los sindicatos docentes universitarios Conadu y Conadu Històrica que también convocaron a un paro para esa jornada.
Se sumarán al paro y a la movilización los sindicatos universitarios que vienen reclamando la implementación de la ley de Financiamiento Universitario, sancionado en dos ocasiones por el Congreso, ratificada en la última ocasión pese al veto de Milei y con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Poder Ejecutivo hacerla efectiva.
Asimismo, sindicatos docentes de la Ciudad de Buenos Aires se sumarán con una agenda propía que tiene que ver no solo con lo salarial, también incluye la reciente modificación por decreto del Estatuto Docente y la implementación del Buenos Aires Aprende.
Paralelamente, los sindicatos docentes nucleados en la CGT realizarán una conferencia de prensa el lunes a las 14 hs. en la sede de la Central en la calle Azopardo con la presencia de la Unión de Educadores Argentinos (UDA), Sindicato de Docentes Privados (SADOP), Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y AMET (Enseñanza Técnica).
Allí realizarán un diagnóstico de la situación, con reclamos coincidentes con lo descripto líneas arriba, y también detallarán el plan de acción a seguir en un contexto en que vale recordar que ya está vigente la denominada ley de Modernización Laboral que considera al sector educativo como esencial por lo cual debería garantizar un 75% de presencia en aulas al tomar una medida de fuerza. Un ítem que los sindicatos en general y los docentes en particular apuntan como inconstitucional, pero que por ahora está vigente tras la revocación de la medida cautelar en primera instancia por parte de los jueces de la Cámara Laboral, Víctor Pesino y Dora González.
Desde los gremios de CGT también viene con una agenda similar, además de denunciar el desfinanciamiento de la educación técnica con una drástica reducción en el presupuesto 2025.
LA PARITARIA NACIONAL DOCENTE: SIN CONVOCATORIA Y VACIADA
Un reclamo central es la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente contemplada en la ley 26.075 sancionada en diciembre de 2005 con el objetivo de mejorar el presupuesto educativo y reparar en parte las consecuencias de la provincialización de la educación y la salud durante el gobierno de Carlos Menem.
Dentro de una serie de puntos establecía una negociación salarial conjunta en una mesa integrada por los sindicatos de representación nacional, el Poder Ejecutivo Nacional y los provinciales a través de sus carteras educativas. De allí sale un salario mínimo para el conjunto de las jurisdicciones y a partir del cual los sindicatos locales establecen su propia negociación con los gobiernos provinciales. La importancia es que de allí salían partidas presupuestarias para apuntalar a las provincias con menos recursos.
Hecho ese pequeño racconto histórico, hoy ese piso salarial está en 500 mil pesos, establecido en febrero de 2025 en modo unilateral. La Canasta para no caer en la indigencia está en $689.853, es decir que ni siquiera está cerca de cubrir una canasta para la supervivencia de una familia tipo.
Este año se realizaron tres reuniones de la Paritaria Nacional Docente, dos en marzo y la último el 8 de abril pasado, donde la Secretaría de Educación que encabeza Carlos Torrendel quedó con el compromiso de llamar a una nueva reunión que no cumplió. Además allí se acuerdan otros aspectos relacionados con las políticas educativas y las trayectorias docentes.
Su no convocatoria atomiza una discusión con el agravante de que las provincias vienen sufriendo – con diferencias- las bajas de las partidas presupuestarias y una merma en la recaudación. En el último período ha crecido la conflictividad en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe vienen de rechazar la propuesta hecha por el gobernador Pullaro, además de Río Negro, Jujuy, Misiones, Chubut, Santa Cruz, por mencionar solo algunas.
EL FONDO DE INCENTIVO DOCENTE, SU RESTITUCIÓN
Otro reclamo común y que fue una medida que también se desprendió de la provincialización de la educación en los años noventa es el Fondo de Incentivo Docente, un complemento salarial pagado por el Gobierno nacional establecido en 1999 por el gobierno de Carlos Menem. Fue una medida tras las luchas docentes que tuvieron visibilidad en la Carpa Blanca frente al Congreso y conflictos provinciales desatados por los bajos salarios.
El FONID se pagó ininterrumpidamente hasta comienzos de 2024 cuando el gobierno de Javier Milei apenas asumido y motosierra en mano decidió avanzar sobre esa conquista salarial. En esos días los sindicatos estimaban que el pago del mismo representaba, dependiendo de la jurisdicción, entre el 12 y poco más del 15%.
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