Las personas privadas de su libertad también votan

Por Lorena Fernández Bravo*

En el año 2003 mediante la Ley 25.858 se derogó el artículo 3º, inciso “d”, del Código Electoral Nacional, y se incorporó el artículo 3º bis que posibilitó a los procesados con prisión preventiva, tener derecho a emitir su voto. La Cámara Nacional Electoral (CNE) confecciona el Registro de Electores Privados de Libertad y habilita las mesas de votación en cada establecimiento de detención y designa sus autoridades, según la Dirección Nacional Electoral (DNE). 

En el año 2003 mediante la Ley 25.858 se derogó el artículo 3º, inciso “d”, del Código Electoral Nacional, y se incorporó el artículo 3º bis que posibilitó a los procesados con prisión preventiva, tener derecho a emitir su voto.

Según la reglamentación de la ley, realizada tres años después, todas las personas que figuran en el Registro de Electores Privados de Libertad tienen derecho a sufragar exhibiendo su documento de identidad, utilizando el sistema de boleta única y adjudicándose los votos según el último domicilio que figura en el documento.

Pero más allá de las leyes y los decretos, dentro de las unidades penitenciarias hay una realidad diferente, Malena García, integrante de Atrapamuros, una organización y proyecto de extensión de la Universidad Nacional de La Plata que trabaja en más de diez cárceles de la provincia de Buenos Aires, conversó con Radio Gráfica sobre los comicios en las cárceles y expresó “Las personas privadas de la libertad se enfrentan con obstáculos para votar en las elecciones. Depende de quién tiene el DNI; si figuran en los padrones, que están mal hechos; a veces, según la voluntad del Servicio Penitenciario para bajarlos a votar, y además, solo pueden hacerlo para las categorías nacionales”.

La prohibición del sufragio de este colectivo, impide la expresión social y política del grupo directamente afectado y refuerza la exclusión y estigmatización que pende sobre ellos”.

Por ley no podrían votar los condenados sino sólo los procesados, sobre este hecho particular García aclaró: “Esto sucede porque todavía no está aprobado su delito. Pero en 2016 la CNE dijo que era inconstitucional porque por ley cuando estás privado de la libertad solo se te priva la libertad ambulatoria, entonces tenés que poder votar. Eso todavía no se modificó, por lo cual en la práctica votan procesados y condenados, depende más de quién tenga DNI, quién esté en el padrón porque puede pasar que fuiste trasladado después entonces quedaste registrado en otra unidad. Por muchos motivos termina siendo muy reducida la población que puede votar”.

Ante el conocimiento de esta realidad, en el año 2017 la PPN se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en carácter de “amigo del tribunal” con el objetivo de lograr que se garantice el ejercicio en forma amplia de los derechos políticos inherentes de las personas que se encuentren condenadas, por su condición de sujetos de derechos.

“En las elecciones si un agente del Servicio Penitenciario dice que una persona no se quiso presentar a votar pese a cumplir condición, se hace un acta para asentar lo que dice el funcionario. Eso es positivo porque va a tender a disminuir las irregularidades”.

La PPN sostiene que los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental, por lo cual la pena privativa de la libertad no debiera privar el goce de éstos por parte de las personas condenadas. En esta misma línea Atrapamuros comenzó una campaña por el derecho a votar en las cárceles, sobre el contexto de la misma la representante de la organización explicó “las cárceles están habitadas por lo sectores más humildes de la sociedad, los que más sufren las políticas de ajuste del Macrismo. Es una expresión más de violencia hacia los sectores populares que además, tienen limitaciones para elegir quién va a ser el próximo gobierno”.

“Hay varias irregularidades y nuestra idea es visibilizarlas. Vamos a terminar la campaña yendo a fiscalizar en las unidades de la región de La Plata y Gran La Plata y en los centros cerrados de la misma ciudad, consideramos que es necesario que la sociedad civil se involucre en la cotidianeidad carcelaria para ejercer presión sobre estas irregularidades”.

Para la PPN se han conseguido avances pero para recuperar los derechos políticos de las personas privadas de libertad es necesario que se produzca una reforma legislativa que permita que estos derechos puedan ejercerse plenamente. En este sentido en el año 2018 se ha remitido al presidente de la Comisión de Reforma del Anteproyecto del nuevo Código Penal, un proyecto de reforma legislativa.

La PPN concluye en que “La prohibición del sufragio de este colectivo, impide la expresión social y política del grupo directamente afectado y refuerza la exclusión y estigmatización que pende sobre ellos”.

(*) Periodista