Por Emilia Trabucco*
Las legislativas del 26 de octubre renovaron 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado, con la primera aplicación nacional de la boleta única de papel. Con el escrutinio provisorio, La Libertad Avanza (LLA) se ubicó primera a nivel nacional en torno al 40% y se impuso en varias de las provincias de mayor peso —entre ellas Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe—, mientras Fuerza Patria quedó segunda, cerca del 35%. En tercer lugar, Provincias Unidas superó el 7% y el PRO redujo su presencia parlamentaria a su piso histórico. La participación fue del 68 al 70%, el registro más bajo en legislativas desde 1983, un dato que habla de insatisfacción democrática y de la distancia entre expectativas sociales y representación política.
En la Cámara de Diputados, la variación es significativa: LLA pasa de 37 a 93 escaños, y se convierte en la primera minoría; Fuerza Patria rondará las 101 bancas; Provincias Unidas y fuerzas provinciales quedan relegadas al rol de apoyos selectivos. En el Senado, el oficialismo también crece, aunque sin alcanzar mayoría propia. El cuadro que emerge es el de un Congreso polarizado, donde las negociaciones dependerán de alianzas caso por caso.
Más que un crecimiento electoral puntual, lo que muestran estas legislativas es la consolidación de una derecha organizada como partido del orden. La Libertad Avanza dejó de ser un experimento personalista para convertirse en un armado con estructura territorial, presencia legislativa significativa, recursos y capacidad de fijar agenda. Esa institucionalización no debe leerse como triunfo definitivo, sino como un reordenamiento del sistema político, con consecuencias directas en la dinámica parlamentaria y en la construcción de sentido común. Esta consolidación también puede remontarse a un punto bisagra: el intento de femimagnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner en 2022. Aquel hecho rompió el pacto democrático que había regido desde 1983 e inauguró una etapa donde la violencia se legitimó como arma política. En esa ruptura, la derecha encontró un terreno fértil para proyectarse como fuerza cohesionada, erosionando los límites básicos de la convivencia democrática.
Las elecciones de octubre no pueden entenderse fuera de este marco de crisis institucional y democrática. Se desarrollaron bajo la detención y proscripción injusta de Cristina Kirchner, principal referenta del movimiento popular, que había anunciado su decisión de ser candidata. Como advierte Artemio López, “ningún liderazgo popular proscriptado fue sustituido por otro: o se recupera el liderazgo o el movimiento entra en crisis prolongada” (Perfil, 27/10/25). La exclusión alteró el escenario electoral y limitó las condiciones de competencia plena. A ello se sumó un ciclo de injerencismo externo, que tuvo expresiones concretas: la intervención directa del Tesoro de Estados Unidos sobre la política económica argentina y, días antes de los comicios, el desembarco en jets privados de personalidades ligadas al JP Morgan, en una clara demostración de poder y de la subordinación explícita del gobierno argentino a los capitales extranjeros.
A esta trama se sumó la dimensión internacional: se subestimó la campaña extorsiva lanzada desde Estados Unidos, que operó sobre un electorado ya asfixiado por la crisis económica. La amenaza explícita de Donald Trump de retirar el respaldo financiero en caso de una derrota del oficialismo reforzó la idea de que la “estabilidad” dependía de mantener alineado al gobierno con los capitales extranjeros. Esa presión externa no solo disciplinó a la dirigencia política, sino que impactó directamente en una parte del electorado que, ante la incertidumbre económica, priorizó la continuidad de un vínculo condicionado antes que arriesgarse a un nuevo episodio de aislamiento y devaluación.
En paralelo, se desplegó una intensa campaña de desprestigio digital contra Jorge Taiana, candidato de Fuerza Patria, centrada en su relación con Venezuela. La narrativa de la “narco-dictadura” fue utilizada de manera sistemática por las milicias digitales de la derecha, en consonancia con la estrategia regional de demonización del gobierno venezolano. La falta de capacidad de respuesta de Fuerza Patria, sumada a la decisión de no posicionarse con claridad desde una perspectiva antiimperialista, mostró una debilidad de larga data: la dificultad del movimiento popular latinoamericano para articularse más allá de las fronteras nacionales. Este déficit estratégico dejó al campo popular desarmado frente a un ataque coordinado que combinó extorsión económica, propaganda digital y el uso del anti-venezolanismo como dispositivo electoral.
El 40% alcanzado por La Libertad Avanza no puede leerse como la simple continuidad del voto antiperonista tradicional que acompañó a opciones conservadoras desde mediados del siglo XX. Lo que se expresó en las urnas fue un fenómeno inédito y policlasista, con capacidad de atravesar territorios y capas sociales muy distintas. Diversos estudios previos ya habían mostrado que Milei en 2023 lograba apoyos transversales: no sólo en sectores de ingresos altos, sino también en sectores medios y medios bajos que encontraron en su discurso de cambio radical una respuesta a la frustración frente a la crisis.
La elección de 2025 profundiza esa tendencia: el voto libertario creció en el conurbano bonaerense, en grandes centros urbanos del interior y en provincias del norte donde históricamente predominó el peronismo. El comportamiento electoral muestra que se trata de un apoyo heterogéneo, que no responde mecánicamente a las coordenadas clásicas de la política argentina. El dato más novedoso es que LLA pudo interpelar a trabajadores formales e informales, clases medias empobrecidas y franjas juveniles, configurando una coalición social distinta a las que protagonizaron el bipartidismo de las últimas décadas.
En paralelo, dentro del peronismo conviven estrategias distintas. Una línea creciente en el debate público ensaya la idea de un “peronismo sin Cristina”, en paralelo con el viejo “peronismo sin Perón” durante la proscripción de 1955-1973. La apuesta de quienes promueven esa fórmula es “ensanchar márgenes” negociadores, pero el costo puede ser alto: debilitar el vínculo identitario con una base social que se reconoce en la figura de Cristina. La historia argentina enseña que los intentos de amputar al peronismo de su liderazgo central no han generado mayorías estables, sino fracturas y pérdida de representación. El resultado en la provincia de Buenos Aires mostró que no se trata de una derrota estructural, sino de un desplazamiento político en pocas semanas, que castiga las ambigüedades y pondera las propuestas de transformación profunda.
La elección no clausura la disputa, sino que abre un nuevo escenario. Si la derecha avanza hacia su consolidación como partido, el peronismo debe reencontrarse con su vocación de mayorías. Esa tarea no se resuelve ni con fórmulas de moderación que la sociedad no demanda, ni con un peronismo “sin Cristina” que ignora a su base. Lo que puede volver a enamorar al pueblo son respuestas concretas a los problemas urgentes. Un ejemplo fue la iniciativa presentada por Cristina Fernández el 17 de octubre, proponiendo la condonación de la deuda de los hogares, que afecta a nueve de cada diez familias argentinas. Pese a la centralidad del tema, esa propuesta no fue un eje de campaña. Que semejante problema estructural quedara en segundo plano muestra la distancia entre la agenda política y la agenda social. Revertir esa brecha es clave: poner en el centro el salario, la vivienda, las tarifas, el endeudamiento cotidiano y el acceso a derechos básicos.
El desafío del peronismo no es sólo resistir, sino proyectar futuro. Si Milei logró capitalizar el deseo de cambio, el campo popular necesita transformar la insatisfacción democrática en esperanza colectiva. Recuperar la trama de representación, volver a hablar el lenguaje de la vida cotidiana y encarnar un horizonte posible. La política argentina está en movimiento: la derecha se organiza como partido, el peronismo debe reorganizarse para volver a disputar mayorías.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.
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