Por Leonardo Martín
Uno de los conflictos gremiales que marcó la largada del 2023 es el que mantienen el Sindicato de Trabajadores del Peaje (SUTPA) con AUBASA, empresa con mayoría estatal de la provincia de Buenos Aires que tiene a su cargo el mantemiento y cobro de peaje de las rutas 2, 11 y 56. A partir de una disputa con la empresa, desde el gremio tomaron una medida de fuerza por la cual desde el 1 de enero y hasta el 6 de enero levantaron las barreras de los peajes en un momento clave del año como es el comienzo de la temporada alta de turismo a la Costa Atlántica.
El conflicto fue escalando, al punto de llegar a que la empresa AUBASA pidió sanciones económicas y la quita de personería al gremio, una medida especialmente sensible para el mundo sindical. La razón del pedido fue por el no cumplimiento de una conciliación obligatoria por parte del SUTPA, la organización que tiene como referentes a Facundo Moyano y Florencia Cañabate. Esto generó un repudio y respaldo al gremio por parte de la CGT y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que difundieron comunicados días atrás sobre el tema.
El origen de la disputa entre el sindicato y la empresa tiene varios motivos y se remonta a mediados de 2021 cuando asume como presidente Ricardo Lissalde, un dirigente ligado al massismo, identificó Florencia Cañavate, secretaria General del SUTPA, en diálogo con Radio Gráfica. Entre ellos la reconversión de los trabajadores ante las nuevas implementaciones tecnológicas, el reclamo por la precaridad laboral de 100 trabajadores y el pedido de reincorporación de un gerente despedido.
“El conflicto se inició hace poco más de un año. Comenzó en agosto de 2021, en junio asumió la presidencia Ricardo Lissalde y da de baja todo lo que se refería a reconversión de la actividad en un actividad donde la tecnología está impactando. Pretende implementar la tecnología sin tener en cuenta los trabajadores”, expresó Cañavate.
“Además, hace cinco años tenemos 100 trabajadores eventuales a los que pedimos que efectivicen y recategoricen; solicitamos la reincoporación del gerente de Sistemas, Cesar Di Lorenzo, que fue despedido injustamente y que no se le descuenten los días de los paros a los compañeros y compañeras“, agregó Cañavate.
Sobre la discusión por la implementación tecnológica y su impacto en los trabajadores indicó que fue acordado en la última negociación paritaria avanzar con una mesa bipartita para encauzar el diálogo. “La única reunión que tuvimos incluyó a un actor nuevo que es el Ministerio de Trabajo de la Provincia, pero nuestra postura es que con ellos no tenemos que discutir nada. No estamos de acuerdo con esa designación“, detalló.
El no cumplimiento de una conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo nacional endureció el conflicto al solicitar la empresa la quita de personería gremial, sanciones económicas y la quita del 7% del capital accionario que tiene el sindicato en AUBASA.
“Hemos levantado la medida de fuerza audiencia en el Ministerio de Trabajo no acatando la conciliación obligatoria, sino como un gesto porque a la conciliación la impugnamos” indicó la referente del gremio.
Carlos Bianco, jefe de Asesores de Axel Kicillof, expresó sobre la disputa: “No había ningún conflicto con los trabajadores del SUTPA, se han pagado los salarios y aguinaldo en tiempo y forma, se les ha dado un adelanto de paritarias del 14% definido por AUBASA. Por alguna razón el sindicato, intempestivamente y sin previo aviso el día 1 de enero a las 2 de la mañana decidió hacer un paro. Fuimos al Ministerio de Trabajo que dictó la conciliación obligatoria, algo que el sindicato no acató, algo que es ilegal. Solicitamos las sanciones correspondientes en la ley”.
Según consignan fuentes de la AUBASA con el levantamientos de las barreras, la empresa pierde de facturar 60 millones de pesos diarios en el momento donde comienza la mayor movilidad de automóviles para vacacionar en la costa.
Facundo Moyano, que fue fundador y titular del gremio y en el cual aún mantiene una evidente posición de fuerza, calentó un poco más el conflicto: “Un gobierno `nacional y popular` con casi el 50% de pobreza en la provincia de Buenos Aires pide cancelar la personería gremial de un sindicato peronista. Ni Macri se animó a tanto”. En tiempos recientes Facundo renunció a su banca de diputado nacional por desacuerdos con el andar del Frente de Todos pasando a una posición de marginalidad en el debate político. En este caso eligió volver a una posición más visible disparando contra la gobernación bonaerense.
Este martes habrá una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo para acercar posiciones en un conflicto que sacudió la temporada veraniega sindical. ¿Se firmará la paz o el gremio continuará con las medidas de fuerza como ya adelantaron si es que no hay una respuesta satisfactoria?
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