Por Horacio Rovelli
En primer lugar sin haberse firmado el acuerdo de reprogramación de la deuda con el FMI, tanto las cuentas públicas nacionales del año 2020, como las del ahora presentado “Resultado Fiscal 2021” demuestran que se realizó un fuerte ajuste en el gasto estatal midiéndolo en términos reales (deflacionado por un IPC del INDEC que fue del 50,9% en el año), como en porcentaje del PIB, donde viene año tras año disminuyendo las erogaciones fiscales con respecto a las otras variables que componen el producto bruto nacional.
Es obvio que ante una economía Argentina que recupera el nivel del PBI que descendió durante la crisis del año 2020 en un 9,9% y, a medida que se hacen menos restrictivas las condiciones para poder trabajar y producir por un lado, y por el fuerte crecimiento de las exportaciones del año 2021 por 77.934 millones de dólares (contra los 54.844 millones exportados en todo el año 2020), gravadas por los derechos de exportación, la recaudación tributaria nacional total debía crecer, sin embargo, se acrecentó en un nivel similar que el de los precios.
RECAUDACION POR IMPUESTO, RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANAS
En millones de pesos
La recaudación tributaria total anual se incrementó (52,06%) en forma similar a la inflación (50,9%), porque si bien es cierto que la recaudación de impuestos se acrecentó en un 61,63%, disminuye la parte de recaudación previsional, merced a los planes promocionales con disminución y hasta exención de las contribuciones patronales[1], cuya recaudación anual en términos nominales creció solo en un 13,41%. Compensada por los mayores aportes personales que respondieron a los acuerdos paritarios y con ello una mejora en las remuneraciones y, una mayor cantidad de horas trabajadas y de personal ocupado con respecto al año 2020, pero por debajo del año 2019.
En cuanto a los tributos al Comercio Exterior el principal impulso fue aportado por los Derechos de Exportación (retenciones), con un aumento de 127,13% i.a. ante el fuerte incremento de las ventas al exterior que alcanzaron valores cercanos a los del año 2012 que fue record de las ventas al exterior; por otro lado, los Derechos de Importación y Tasa Estadística crecieron en su conjunto 85,9% i.a. dado que las importaciones también crecieron alcanzando la suma de 63.184 millones de dólares en el año 2021.
El serio problema es que el gobierno apuntala a las exportaciones a como dé lugar, a costa del Estado y de la población. Los proyectos de ley enviados al Congreso de la Nación y con premura del Poder Ejecutivo para ser tratados no bien se inicie el año legislativo, como son el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” que regirá hasta el 31 de diciembre de 2025, que le confiere a los grandes productores, acopiadores y comercializadores de granos, carnes y todos sus derivados (harina, pellets, aceite, biocombustible) del país, estabilidad fiscal, por ende no pueden modificarse hacia arriba, los derechos de exportación (retenciones) ni otros gravámenes. Además se le permite a las empresas del sector amortizar contablemente hasta en 3 –tres- años la compra de materiales y equipos (cuando el plazo real de pago es en diez años) y un sinfín de beneficios impositivos por la compra de agrotóxicos (glifosato, glufosinato, ariloxifenoxi, etc.), fertilizantes sintéticos, y semillas que dependen de grandes empresas proveedoras (Bayer/Monsanto, Syngenta, Dow, Pionner, Indear, Basf, Ciba-Geigy etc.) cercando más el “negocio” a unos pocos y, paradójicamente, se presenta discursivamente como “producción sostenible”, cuando en los últimos 25 años en la Argentina este círculo vicioso derivó en la desforestación de más de 8 millones de hectáreas de bosques y montes nativos, el uso de más de 6.000 millones de litros kilos de agrotóxicos y más de 70.000 millones de litros kilo de fertilizantes sintéticos. Con lo que de sustentable, no tiene nada.
El segundo proyecto es el denominado “Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas” con el objeto no solo de lograr el autoabastecimiento, sino el de convertirnos en un exportador neto de combustible, para ello se le confiere de estabilidad fiscal por 20 (veinte) años, con tratamiento diferencial en lo tributario, en los aranceles y en lo cambiario ( pueden comprar dólares al tipo de cambio oficial para girar utilidades al exterior) en un sector incluso, más concentrado que el de los alimentos, donde solo dos empresas concentran el 70% de la extracción del petróleo crudo y solo cinco empresas concentran el 80% de la producción de gas.
Es más, en el proyecto presentan un “Régimen Especial de cancelación para grandes Inversores Carburíferos” que es en realidad un esquema encubierto de transferencia de recursos públicos a YPF y a Pan American Energy (Bulgheroni y British Petroleum) principalmente, quienes pueden emplear los quebrantos al pago del impuesto a los combustibles y en el caso de YPF SA, donde el 49% se encuentra en poder del sector privado, entre ellos el fondo Blackrock, termina financiándose con el Fondo de Seguridad Social de la ANSeS, las provincias y el Tesoro de la Nación como si fuera una empresa totalmente pública.
En el tercer proyecto de “Promoción de la Industria Automotriz” y de “movilidad sustentable” se debe tener en cuenta la particular integración de dicha industria con Brasil, donde actualmente por la baratura de nuestra mano de obra medida en dólares, incluso la parte del automóvil que exige más trabajo simple, se realiza en el país y, es a la vez la razón que representa el 10% del PIB industrial y es la principal exportación de MOI –Manufactura de Origen Industrial, generando el 6% del empleo del sector. En el país operan 11 terminales y se abastecen de más de 400 autopartistas. Se les beneficia con la amortización acelerada contable con respecto a la real de máquinas y herramientas y obras de infraestructura y, la devolución anticipada del IVA, permitiéndole incluso ser utilizada para pagar otros gravámenes nacionales. Pero lo más importante es la disminución gradual de los derechos de exportación (retenciones) hasta llegar a ser 0 (cero) en el año 2031.
Los tres proyectos referidos le dan beneficios a quienes no lo necesitan, son los sectores productivos que más se han favorecidos en el país en lo que va de este siglo y antes, más allá de los coletazos de ciertas aristas recesivas y/o de bajas circunstanciales en los precios internacionales. Son sectores fuertemente concentrados y donde no se transparenta la estructura de costos y con ello, los reales márgenes de ganancia. En el caso de las petroleras y alimenticias se ha demostrado graves evasiones fiscales, lo que exigiría un mayor control por parte de los diversos estamentos del Estado. Y en cambio se propicia disminuir los ingresos del Estado Nacional para beneficiarlos, cuando, paradójicamente se pregona que se debe seguir reduciendo el déficit fiscal.
Sin embargo se adoptan las medidas de promoción económica porque son a su vez los sectores claves en relación a la obtención de divisas por sus ventas externas y/o de disminución de las importaciones, que no sería descabellado para un país que no presente los graves problemas de pobreza, exclusión y desocupación que el que tiene la Argentina actual y, sin embargo, el gobierno nacional propone los proyectos y exige su tratamiento, para conseguir las divisas que no necesita ante el consistente y fuerte superávit comercial con que opera el país, pero lo hace porque debe pagar los servicios de deuda que fugó una minoría, entre ellas, varias y conspicuas empresas y corporaciones que se promueven con estos proyectos, resintiendo los ingresos del erario público.
EL GASTO PÚBLICO 2021
Observando el gasto de la Administración Nacional 2021 se desprende que nominalmente se acrecentó con respecto al año 2020 en un 47,6%, es cierto que el devengado (compromisos asumidos en el año 2021 y no pagados en el transcurso del año) va a ser mayor, pero en el mejor de los casos el gasto aumentó como la inflación.
Pero los recursos que son siempre base caja en cambio crecieron en un 83,86% con respecto al año 2020, esto es, el año 2020 por el párate en el nivel de actividad con una caída del PIB del 9,9% implicó que la recaudación fuera fuertemente deficiente, pero el grado de normalización alcanzado en el año 2021 permite la mejora.
Esa mejora no implicó un aumento en términos reales de las jubilaciones y pensiones, ni de la remuneración del personal administrativo del Estado nacional (no así el de las fuerzas armadas y de seguridad que percibieron haberes actualizados por la inflación), también mermó la asistencia a la población, incluso por que la estructura sanitaria para luchar contra el covid se armó en el 2020 y el mayor gasto social (IFE, ATP, etc.) se ejecutó en ese año. También mermó en términos reales la asistencia a las provincias y no creció como estaba indicado en la ley de presupuesto nacional 2021 la obra pública (representa solo el 6,21% del gasto ejecutado base caja contra el 5,99% que fue en el año 2020).
De la combinación de los mayores recursos (más que por los ingresos tributarios que empardaron a la inflación, por los ingresos no tributarios, como los aportes del BCRA, la colocación de títulos de deuda en pesos, transferencias de utilidades contables de los fondos fiduciarios, del Banco de la Nación Argentina y del BICE) se logra ante un gasto severamente controlado, disminuir el déficit primario, en base caja a $ 905.724 millones y, según informa la Secretaría de Hacienda, por devengado fue de $ 1.407.641 millones. Y un déficit financiero (incluye el pago de los intereses de la deuda) de $ 2.091.882 millones, por lo que el déficit primario devengado fue del 3% del PIB y el total del 4,5%.
Por lo tanto el déficit fiscal primario se redujo en 3,37% del PIB con respecto al año 2020 y el total en 3,84% del PIB, cifras que hablan por sí sola de la magnitud del ajuste del gasto público en el año 2021.
Se debe tener especialmente en cuenta que en un marco generalizado de reducción del gasto, aumentaron sideralmente los subsidios al sector energético, donde CAMMESA percibió del Tesoro de la Nación la suma de $ 52.308, 2 millones en el mes de diciembre 2021 y en el año la suma alcanza a los $ 456.786 millones, que implica un aumento nominal del 74,2% con respecto al año 2020 y, sin embargo, ante las altas temperaturas de fin de año y de comienzos del año 2022 el sistema colapsó, con más de 850.000 usuarios que sufrieron prolongados cortes de luz.
EN SÍNTESIS
Las cuentas de la Administración Nacional del año 2021 muestran claramente que la mejora en los ingresos impositivos fueron disminuidas por las menores contribuciones previsionales que empleó el gobierno para beneficiar a las empresas prestadoras de servicios y bienes vinculados a la salud, a las provincias del norte argentino y, a los sectores más limitados por la pandemia del covid, como ser transporte de larga distancia y turismo.
A su vez se tuvo que recurrir a una mayor asistencia por parte del BCRA, prácticamente el 73% de déficit fiscal final del año 2021 fue financiado por la autoridad monetaria central, 2,9% del PIB, cuando según dejaron trascender en el gobierno, la pretensión del FMI es que en el año 2022 el BCRA podría financiar el 1% del PIB.
Con los serios problemas ocasionados por el covid, el gobierno ejecutó un presupuesto que en términos reales redujo la asistencia a la población y buscó y logró reducir el déficit primario al 3% del PIB.
Sin embargo esa práctica es insuficiente ante el reclamo del FMI que procura que en el país se acreciente el superávit comercial y se reduzca el déficit fiscal para posibilitar, en un futuro inmediato, la compra de ese superávit comercial con superávit fiscal.
Que sucede con los jubilados, las necesarias obras de infraestructura y la asistencia a la población es un tema menor para el FMI, pero de ninguna manera debe serlo para un gobierno nacional y popular.
[1] Exenciones otorgadas por el Estado Nacional, para aliviar la carga tributaria al sector de la Salud, los sectores críticos del programa REPRO 2 y las provincias del Norte Grande.
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