Este martes la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos que viajó a Colombia a fines de mayo, presentó el informe final sobre los delitos de estado constatados en ese territorio, en el marco de las protestas sociales contra el gobierno de Iván Duque. La conferencia, que se desarrolló en la sede de ATE Nacional, contó con la participación de diversas organizaciones de derechos humanos, argentinas y colombianas, y de dirigentes políticos, sociales y sindicales.
Entre los referentes presentes, estuvo el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien señaló que la vulneración de derechos humanos en Colombia es sistemática: “Es una situación que lleva más de 60 años. Estamos ante un estado terrorista”. El activista, también denunció la “aplicación de la doctrina de seguridad nacional”, que construye “un enemigo interno” para justificar la represión de la protesta social.
A su turno, el líder social Juan Grabois, rechazó la “actualización del Plan Cóndor” en Colombia y la región, así como “la coordinación hemisférica de gobiernos subordinados a intereses que no son los propios de sus pueblos”. “Así como las mafias tienen que compartir entre los miembros todos sus delitos para que nadie pueda salir del círculo, el pacto de poder y complicidad, en estos casos les hacen poner a todos estos gobiernos las manos en la masa, colaborando con armas, logística y dinero en situaciones como la de Bolivia”, explicó el referente.
Por su parte, el abogado y fiscal de delitos de lesa humanidad, Pablo Garciarena, destacó que a raíz del relevo de la misión, se constató que “tanto la complicidad como la inactividad del poder judicial frente a la acción represiva de las fuerzas de seguridad, son generalizadas y sistemáticas”. La organización de derechos humanos colombiana Temblores, realizó entre 2017 y 2019 un informe sobre violencia estatal donde verificó a través de fuentes oficiales que de 40 mil casos de violencia física denunciados, sólo hubo 8 condenas, y de 289 homicidios, sólo dos sentencias condenatorias. “Es decir que el índice de impunidad en Colombia supera el 99%, es lo que nosotros denominamos una zona liberada jurisdiccional”, subrayó el letrado.
“El índice de impunidad en Colombia supera el 99%, es lo que nosotros denominamos una zona liberada jurisdiccional”
Ismael Jalil, integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), remarcó el carácter pacífico de las protestas: “Lo que hacía el pueblo colombiano cuando salió a las calles fue ejercitar su derecho democrático a la protesta, fue ejercer la soberanía popular, porque la democracia no es solamente elegir”. Y agregó: “La respuestas del gobierno colombiano fue a través del armado de una trilogía del terror, donde entró la policía (que tiene en la Esmad un verdadero escuadrón de la muerte), entró el ejército, y también los paramilitares. Esta trilogía del terror desplegó sobre la población civil indefensa una maquinaria de carácter bélico que demuestra claramente el carácter violento del estado colombiano”.
Entre las conclusiones de la misión se destacan:
- El estado colombiano hizo uso de modo ilegal de sus atribuciones, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones inconstitucionales y violatorias de los DDHH. Consideró como enemigo interior a su población civil indefensa y descargó sobre ella una violencia propia de una confrontación bélica.
- El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además patrocinó graves violaciones a los derechos humanos, no inició investigaciones ni sancionó a sus responsables.
- El despliegue represivo del Estado incluyó la tolerancia del accionar de particulares armados o grupos de ellos, que actuaron impunemente y cometieron graves violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que participaban en las protestas.
- El estado colombiano debe ser investigado por las desapariciones, homicidios, torturas, persecuciones y otras conductas degradantes e inhumanas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares.
- El estado colombiano y sus agentes deben ser investigados atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad.
- Por medio de la doctrina del enemigo interno, el gobierno ha instalado una lógica de jerarquización de la vida. Es decir, unas vidas importan y otras no. La política de Seguridad Democrática que rige en Colombia desde principios del siglo XXI deviene de esa concepción.
- Resulta imperioso desmontar el ESMAD (tal como lo reclama la población) y, en ese proceso, es fundamental escuchar y a tender las propuestas de las distintas plataformas de DDHH de la sociedad civil, como un primer paso hacia un objetivo auténticamente pacificador.
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