Por Lucas Molinari y Leonardo Martín
Ayer se cumplieron 62 años de la resistencia de los trabajadores del Frigorífico Lisandro de La Torre, por sus puestos de trabajo y por la soberanía nacional. Gobernaba Arturo Frondizi que en su pacto con Estados Unidos y el FMI liquidaba la intervención estatal en el mercado de la carne. Cuánta actualidad tiene este debate porque hoy es el maíz el producto que el gobierno busca regular para tener algún control en el precio de los alimentos.
En aquella lucha insurreccional del barrio de Mataderos nació la consigna “Patria sí, colonia no” que llega a nuestros días como grito defensivo, pero que contiene la férrea voluntad popular para ir a la ofensiva. No casualmente, dos años antes (1957) en un Plenario de regionales de CGT y las 62 organizaciones nacía el Programa de La Falda.
Aquel documento planteaba la necesidad de un “control estatal del comercio exterior sobre las bases del monopolio estatal”, y también definía: “Nacionalización de los frigoríficos extranjeros, a fin de posibilitar la eficacia del control del comercio exterior, sustrayendo de manos de los monopolios extranjeros dichos resortes básicos de nuestra economía”.
El contexto en 1959 era que la exportación de carne había caído y la alianza entre ganaderos y capitales extranjeros logró quebrar el control público en ese mercado. Que no haya precio testigo para que puedan formarlos a piaccere.
Cuenta la historia que antes de mandarlos a reprimir el “democrático” Frondizi recibió al sindicato de la Carne y el dirigente Sebastián Borro le cantó las 40: “Usted habrá leído […] mucho más que yo, tendrá más intelectualidad, pero para traicionar al pueblo y no para defender los intereses del país, y nosotros que somos simples trabajadores, con una mediana cultura, tenemos eso que le falta a usted, conciencia en defensa de la patria […] váyase a Estados Unidos, entregue la riqueza del país, el pueblo le responderá”.
En el país de la tierra ayer y hoy se dirime la disputa de la clase trabajadora contra los monopolios. Antes del ´76 en un país de pleno empleo. Con el neoliberalismo la rapiña del capital trajo el hambre y la desnutrición de los nuestros.
STOCK. El maíz se utiliza en la industria alimentaria (harinas, aceites entre otros productos), para biocombustible (etanol), pero sobre todo para el engorde de pollos, cerdos y vacas en feed lots, el proceso productivo intensivo instalado en las últimas décadas (cabe relacionarlo con el proceso de sojización, tierras donde antes pastaban los animales están destinadas al cultivo).
La cosecha de maíz en 2020 fue de aproximadamente 58 millones de toneladas. El stock para el consumo interno ronda los 20 millones, quedando 38 millones para la exportación.
El gobierno nacional avanzó este mes en suspender la venta de este producto al exterior a partir de un desabastecimiento del mercado local. ¿Qué pasó? Se sigue especulando con una devaluación. Porque viene subiendo el precio internacional del commoditie y el comportamiento del capital es rentístico.
El campo popular festejó la avanzada del gobierno para empezar a controlar un negocio central para Argentina. Pero la decisión oficial fue negociar con el Consejo Agroindustrial poniendo sobre la mesa la necesidad de controlar los precios internos. ¿Marcha atrás? Veremos cómo sigue la puja.
Sin embargo vale subrayar que dejar liberado a los monopolios el control de nuestras tierras, nuestros puertos, ríos y mar es facilitar la fuga de nuestras riquezas a guaridas fiscales. Por eso el gobierno debe definir entre la producción o la renta: Vicentín no es la excepción, es la regla.
Se trata de la contradicción central de nuestro país. La pampa húmeda es para Argentina lo que para Venezuela es el petróleo o Bolivia el gas. Un recurso estratégico que debemos controlar como Pueblo. Por lo tanto, no se trata sólo de la decisión de un gobierno sino también debe estar en la discusión de las organizaciones libres del pueblo.
REGIONALES. Mientras en el Consejo Directivo de la CGT se reunieron como tema principal por las obras sociales, olvidaron el debate sobre el maíz que hace a la mesa de los argentinos. Sin embargo las Regionales se pronunciaron, destacamos dos comunicados.
Uno de la CGT de Concepción del Uruguay en respaldo al gobierno y en repudio al deshilachado lock out patronal: “Rechazamos este tipo de maniobras que apuntan a debilitar las industrias que transforman el grano, generando trabajo para los argentinos e inducen a la dolarización de los precios de los alimentos para nuestro pueblo. Necesitamos el maíz a precio argentino para que las fábricas de alimentos para animales produzcan y que las carnes puedan llegar a precios razonables a nuestros compatriotas”.
Otro, desde la CGT Moreno, Merlo y Marcos Paz con un planteo estratégico: “Estamos convencidos de que la intervención del Estado debe ser profunda e indeclinable. Hay que avanzar en el control del comercio exterior, garantizar la tierra para quien la trabaja y planificar la producción conforme a las necesidades y demandas del pueblo todo bajo estricto control de la clase trabajadora, única garante de que el beneficio de la producción y el trabajo sea para todo nuestro pueblo”.
ESPACIO PRODUCCIÓN Y TRABAJO. También manifestó días atrás su postura de apoyo al gobierno en el intento de regular el mercado del maíz con críticas hacia la Mesa de Enlace. “Rechazamos en forma terminante los argumentos de la Mesa de Enlace afirmando que la restricción planteada es ´perjudicial para el campo´, cuando lo hace en el marco de cosechas récord de maíz (50 millones de toneladas en 2019/20) y una cifra similar para la esperada en 2020/21 y precios récord en los mercados“.
“Defienden la paradoja de ser un país que es un gran exportador de alimentos y en el que a su vez crece la pobreza, el 50% de lxs niñxs es pobre y crece la brecha de acceso a la canasta de alimentos producto de la inequidad“, añadieron. En el Espacio Producción y Trabajo participan la Corriente Federal de Trabajadores, la CTA de los Trabajadores, Mesa Nacional de Unidad Pyme, CNCT, Conarcoop y organizaciones del mundo agrario.
INFLACIÓN. Esta semana el INDEC difundió el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a diciembre donde marcó una preocupante inflación del 4%, acumulando en el año 36,1%. Hay una baja notoria respecto a los dos años previos donde alcanzó un 53,8% (2019) y un 47,6% (2018). Más allá de políticas que aplicó el gobierno como la de Precios Cuidados, congelamiento de tarifas de servicios públicos y telecomunicaciones, la crisis económica generada por la pandemia también es parte de la explicación en la baja.
El dato negativo es que el último trimestre del año registra una aceleración que marcan las estadísticas, pero que cualquier trabajador y trabajadora puede comprobar al hacer las compras. En el último trimestre la inflación fue del 3,8% en octubre, 3,2% en noviembre y 4% en diciembre, generando una inercia al alza para, al menos, la primera etapa del 2021.
Un aspecto central para el período venidero es la recuperación salarial que permita dejar atrás la brutal caída de 2018 y 2019, más el agregado de 2020, el año de la pandemia. Cristina Kirchner planteó semanas atrás que es necesario “alinear salarios, jubilaciones y precios con los precios de los alimentos y las tarifas”, y advirtiendo que el “crecimiento económico se lo queden el conjunto de los argentinos y no cuatro vivos nada más”. Más allá del rol de los formadores de precios, hay un tema adicional para lo que viene, el fuerte alza de las commodities que pueden aliviar al Banco Central con mayor ingreso de divisas, pero paralelamente encarece la mesa de los argentinos.
Por su lado, los funcionarios del Gobierno indican que la caída salarial será muy leve y destacan que en medio de una crisis económica global los salarios casi empatan a la inflación. También es cierto que hay mucha dispersión, gremios que lograron recomponer el salario dentro de las negociaciones paritarias, pero otros quedaron muy por debajo de la inflación. Ni hablar del sector informal, monotributistas, profesionales (de las mal llamadas profesiones liberales) a los cuales el aislamiento social y la misma pandemia generó un recorte considerable de sus ingresos.
En el 2021 se debería quebrar esa curva descendente del salario, también controlar con mayor vehemencia a los precios. El Presupuesto para este año plantea que los salarios deberían crecer por encima de la inflación. Una necesidad en bolsillos que quedaron comprimidos, al límite, en los últimos años. También una necesidad para fortalecer el mercado interno y con ello hacer girar la rueda de la producción, el empleo y el consumo.
OBRAS SOCIALES. “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos. La pandemia nos dio la oportunidad de reformular el sistema de salud en tiempo récord, pero es necesario hacer un esfuerzo diferente”, expresó Cristina Kirchner el pasado 20 de diciembre en La Plata abriendo un debate medular sobre el sistema de salud en Argentina.
Aún no se conocen los detalles del proyecto que vienen elaborando los especialistas en salud del Instituto Patria, pero ha levantado un reflejo defensivo en sectores del sindicalismo que teme perder el control y manejo de recursos de las obras sociales.
Así fue que la plana mayor del Consejo Directivo de la CGT se reunió el pasado lunes por la tarde en la sede de UPCN en donde entre café y agua minerales salió el consenso para un comunicado al que titularon “La salud de los trabajadores”. Allí hace una defensa del sistema solidario apuntando al crecimiento “exponencial de los costos” y la “ingresos año a año”. Destaca, además, al sistema de obras sociales como “modelo en el mundo”. No hubo alusiones directas al proyecto planteado por la Vicepresidenta, pero el mensaje se comprendió.
Llamativo fue el tono desafiante del líder metalúrgico Antonio Caló que declaró “el que manda, el que tiene el bastón de mando es el Presidente y yo lo avalo; la señora vicepresidenta, (a la) que le tengo el mayor de los respetos, tendrá que hacer la función legislativa”. Palabras de inusitada dureza en Caló, que frente a la masiva pérdida de empleos en su sector (se estima 60.000) durante el macrismo, tenía la delicadeza de un diplomático de carrera al momento de declarar. A su vez, cabe recordar que la obra social metalúrgica está en manos de un grupo económico, FORJAR Salud de los hermanos Olmos sobre el cual hay graves denuncias.
En los próximos días y semanas comenzarán reuniones entre los gestores del proyecto y los referentes gremiales para explicar el contenido del Plan de Salud y también intercambiar experiencias. El sistema de obra sociales que lleva más de cinco décadas de aplicación, un conocimiento muy valioso sobre un sistema que atiende la salud de 17 millones de argentinos y argentinas.
Una de las pocas puntos que trascendió del proyecto es la compra colectiva de remedios e insumos médicos entre el sistema público y el de obras sociales. Una iniciativa que permitiría bajar los costos y un mayor poder de negociación, pero existen resistencias de algunos sectores gremiales que no quieren perder el control de ese manejo. Otros ven con buenos ojos esta posibilidad de alivio del gasto en esos rubros de peso en las economías de las obras sociales.
Se verá en los próximos días cuál es el proyecto y las contrapropuestas gremiales. Difícilmente se de un escenario de imposición en los cambios dado que el movimiento obrero es uno de los aliados estratégicos del Gobierno nacional. Abrir un frente allí no parece sensato. Sí por los debates que abrió la pandemia, pero no por el equilibrio político nacional de un gobierno continuamente condicionado por el poder real. Una posibilidad es que haya sectores gremiales que acompañen la iniciativa y otros que renuentes a la misma. En pocas semanas ya tendremos hechos concretos para relatar.
DALGAR. Una empresa química con una producción diversa en Esteban Echeverría. Fabrica insumos para la industria alimenticia, cuero, plástico, textil, agroquímicos, biodiesel, entre otras. El conflicto comenzó por la violación del convenio colectivo.
“Quieren que la gente haga de tres o cuatro laburos a la vez. Como la Comisión Interna no los dejó avanzar, se fue tornando en suspensiones porque ya había una bajada de línea del dueño de que se tenía que laburar de esta forma”, declaró el delegado Carlos Arguello a Gráfica. “Hay trabajadores que no están capacitados para manipular ácidos, por ejemplo con oxigenadas, que si te salpica te vas a quedar ciego porque te quema toda la membrana”.
Ante la resistencia obrera a poner en peligro su salud, empezaron las asambleas y hubo reacción patronal que arrancó llegó a 20, que además no cobraron el salario de diciembre. Por eso el lunes 4 de enero empezó un paro total en la empresa con carpa en el portón. La comisión interna tuvo el respaldo de la conducción del sindicato de químicos y petroquímicos que conduce Facundo Aveiro. Esta semana intervino el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que logró que la empresa aceptara la conciliación obligatoria quedando reincorporados los 20 laburantes. El próximo martes 19 de enero se espera el cobro de los salarios adeudados y el avance en una mesa de negociación en la cual la Comisión Interna va a insistir entre otros puntos en el respeto de las normativas de Seguridad e Higiene.
PARITARIAS. La pandemia de Covid-19 tuvo varias consecuencias en las negociaciones paritarias durante 2020. En primer lugar haber retrasado el cierre de las mismas, en algunos casos por varios meses. Otra característica fue la realización de acuerdos cortos esperando la evolución macroeconómica y la inclusión de cláusulas de revisión. Esas son algunas de las razones, entre otras, por las cuales atravesamos un enero con una numerosa cantidad de negociaciones. Un resumen.
Ferroviarios: Son cuatro los gremios que participan de esta negociación: Unión Ferroviaria, La Fraternidad, APDFA y Señaleros. Acordaron un 18% para el próximo trimestre (enero 10%, febrero 4% y marzo 4%). Continuará el pago no remunerativo de un bono de $4.000 y un reajuste que oscila entre $4.000 y $7.000 dependiendo del salario. En octubre pasado habían pactado un 7%, $10.000 por única vez y el bono mencionado.
Estatales Provincia de Buenos Aires: Cerraron la paritaria 2020 que tenían acordada hasta noviembre, restaba diciembre. Esta consiste en el pago de un bono de $4.000 a pagar en 2 cuotas de 2.000 pesos, en enero y febrero, que alcanza a quienes cobran menos de 35 mil pesos. También el traslado al salario básico de unos 750 pesos de los 4.000 no bonificables pagados en los primeros meses del año pasado y parte del presentismo, más un 1% sobre el básico. Paralelamente, se recategorizaron 130.000 trabajadores que también incide en los ingresos. Los tres gremios que participaron de la negociación fueron UPCN, ATE Feggepba
Bancarios: La organización que conduce Sergio Palazzo tiene un acuerdo paritario que comienza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. Este jueves se reunieron por primera vez en el año con las cámaras patronales en el Ministerio de Trabajo. Además de la cuestión salarial, desde el gremio llevaron a la mesa de negociación “las condiciones del teletrabajo, de seguridad, la situación de los trabajadores bancarios que sufren el fraude de las tercerizaciones, protocolos de género, universalización del adicional por guardería, medidas de prevención de la pandemia , cuidado de niñas y adolescentes”.
Mercantiles: Este mes se retoma el diálogo entre la Federación de Trabajadores de Comercio que encabeza Armando Cavalieri y las cámaras empresariales, según quedó contemplado en el acuerdo alcanzado en octubre pasado. Comercio tuvo una de las peores paritarias del 2020 con apenas un incremento de $5.000 para 1,1 millones de trabajadores y la suma al básico del decreto de $4.000 de comienzos de 2020. En el caso de los trabajadores de supermercados y mayoristas recibieron un bono de $13.000 con un orden de compra. El objetivo gremial es lograr una recomposición con los salarios de enero que permita recomponer los maltrechos salarios mercantiles.
YAPA. MILAGRO SALA, PRESA POLÍTICA. Este sábado 16 de enero se cumplieron cinco años de la detención. Se realizaron diversos actos en el centro porteño, en Jujuy y otro virtual. Gráfica estuvo es la Plaza Tribunales donde se hicieron presentes dirigentes de la CTA, la Corriente Federal y movimientos populares. Una gran presencia de La Cámpora, que demuestra un fuerte debate hacia dentro del oficialismo. Existe bronca por cumplir un año de gobierno y que la persecución continúe. Las voces que piden el indulto se suman en el campo popular, aunque el presidente ya negó públicamente que vaya a utilizar esa “rémora monárquica”.
¿Habrá una negociación con la Corte Suprema para que trate el caso de Milagro? Lo cierto es que la movilización callejera puso el tema en la agenda oficial. Sobre todo teniendo una ministra de Justicia como Losardo a quien claramente apuntó CFK al plantear que hay “funcionarios que no funcionan”.
¿Podrá este año Milagro Sala ir a votar para las elecciones legislativas en libertad? Esperemos que así sea, aunque el “Palacio de la Injusticia” siga intacto, porque es fundamental cerrar el ciclo macrista de persecución a líderes populares.
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