Por Pablo Waisberg
La Boca es el barrio con menos pymes de la Ciudad de Buenos Aires: tiene apenas 312 sobre las 132 mil que funcionan en todo el territorio porteño. Si se mide la cantidad de empleados también es el último en la lista de 47 barrios: sólo 5.500 sobre el millón y medio de trabajadores registrados en pequeñas y medianas empresas de la Ciudad. La situación – revelada en un estudio de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba)- refleja una de las tantas caras de la brutal desigualdad del distrito más rico del país, pero también deja en evidencia que la única política pública que, en teoría, impulsaría el desarrollo económico del borde sur porteño no funcionó. Al menos en cuanto a sus objetivos explícitos. La ley que en 2012 creó el Distrito de las Artes hablaba de promover el crecimiento, atraer inversiones y, también, de desplegar un programa de becas y formación profesional en el barrio. Sin embargo, a más de cinco años de su implementación, sólo provocó “un incremento en el valor de la tierra e inmuebles”, según confirmaron desde la Dirección General de Distritos Económicos, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas porteño.
Ese incremento –que para la administración de Cambiemos es un dato positivo- generó la expulsión de cientos de familias y buenos negocios inmobiliarios. Pero puestos de trabajo para los vecinos de La Boca, poco y nada. En Barracas, el panorama es un poco mejor. Según el relevamiento de Fecoba, hay 1.360 pymes con 22.683 empleados y empleadas, cuatro veces más que en La Boca. Sin embargo, está muy lejos de la realidad de Palermo, Almagro o Flores, donde se contabilizan entre 5.000 y 7.000 pequeñas industrias y comercios, con más de 50 mil trabajadores por barrio. Al igual que en La Boca, en Barracas la gestión de Mauricio Macri, como jefe de la Ciudad, dispuso instalar su política de “polos”. En este caso, la llamó Distrito de Diseño y, según enuncian en su web oficial, “plantea desarrollar Barracas Oeste a partir de los sectores ligados al diseño, como factor de competitividad en la economía”. Para “dinamizar este entramado productivo”, el Gobierno porteño instaló la sede del Distrito en el Centro Metropolitano de Diseño, ubicado en el viejo Mercado de Pescado de Barracas. Sin embargo, la iniciativa también naufragó. Según el registro de la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos), al 1 de junio de 2018 sólo 23 empresas se adhirieron a los beneficios impositivos del Distrito de Diseño. Dos más que las 21 que hay inscriptas al Distrito de las Artes para la misma fecha.
Poco para mostrar.
En septiembre del año pasado, la Auditoría General de la Ciudad, como órgano de control de las políticas públicas, publicó un informe sobre la implementación de la Ley del Distrito de las Artes. En él concluyó que no se habían cumplido, o se habían cumplido poco, los objetivos planteados. El informe de la AGC demostró que el principal beneficiario de las exenciones impositivas fue el banco Santander Río –gracias a la estratégica inclusión de un auditorio y una terraza de esculturas en su nueva mega sede-, y dejó en evidencia que el Gobierno porteño no garantizó la permanencia de las familias que viven en la zona (como plantea el artículo 29 de la ley) ni logró la radicación de nuevos artistas y productores culturales. Tampoco generó empleo ni otorgó becas de formación, concluyó el informe. Nueve meses después, Sur Capitalino consultó a Juan Seco, director del área de Distritos Económicos, sobre las medidas tomadas para dar cumplimento a la ley.
Después de cuatro días de intercambio de correos electrónicos -porque Seco no podía tener una entrevista presencial ni telefónica debido a su apretada agenda, según explicaron-, el funcionario no logró enumerar qué medidas concretas tomaron para promover el empleo. Apenas respondió generalidades, siempre haciendo hincapié en el Distrito Tecnológico, que es el que tiene mayores avances de los tres creados en barrios del sur: “Desde el Distrito Tecnológico nos ocupamos de radicar empresas e incentivar a compañías de la industria tecnológica, a través de diferentes beneficios fiscales, a ser parte del ecosistema TIC más importante de Argentina. De este modo, cada empresa da diferentes oportunidades de empleo dentro de cada distrito”, dijo.
Y continuó: “Se ha generado un incremento en el valor de la tierra e inmuebles sostenido en el tiempo y la revalorización de dichas zonas, beneficiando esencialmente a los vecinos de los mismos. A modo de ejemplo, cabe mencionar que el Distrito Tecnológico es el que mayor impulso ha tenido en el cual se observa un incremento de entre el 60 y 70% de los valores en oficinas”. Ubicado en Parque Patricios, ese distrito se pobló mayoritariamente de pequeñas y medianas empresas que llegaron de otros barrios. Según el funcionario, el 80% de las empresas radicadas allí –en AGIP hay registradas 228- se mudaron desde zona centro o norte en busca de los beneficios impositivos y el menor costo de los inmuebles, que empezaron a encarecerse a medida que aumentó la demanda.
El contexto.
Esa política que en Parque Patricios permitió darle utilidad a galpones deshabitados, tiene otros efectos en La Boca, donde no hay edificios vacíos sino familias hacinadas en piezas de conventillos, alquileres informales y una enorme crisis habitacional. En este barrio alentó la expulsión de vecinos en función de darle espacio al negocio inmobiliario. “Están tratando de conectar Puerto Madero hasta el Riachuelo. Si además de sanearlo permitieran la navegabilidad comercial, se podrían abaratar fletes y revivir la ribera industrial.
“Lo que quieren es expulsar a la gente del barrio porque hoy la tierra más barata sigue siendo la de la zona sur”, señaló Carlos Norryh, que es ingeniero en construcción y referente de la asociación Pymes Sur. “Por eso, los inventos de los distritos no modificaron el empleo en la zona. En el mejor de los casos, esas políticas iban enganchadas de una política más general que fomentaba el consumo interno y eso permitió cierta mejora en la zona sur. Pero la mejora del poder de compra de los salarios cambió y se abrió la importación, se desregularon los controles a los movimientos de capitales especulativos y se hizo una devaluación de más del 40 por ciento. Eso provocó una caída del consumo. Mi esposa tiene tres locales de venta de ropa sobre Montes de Oca y la venta le cayó un 40%”, agregó Norryh. Esa baja en la capacidad de compra fue impulsada, junto con la inflación y una negociación salarial encorsetada por el gobierno nacional, por una suba de tarifas que golpeó a los trabajadores y a las empresas pequeñas y medianas.
El contexto muestra cómo esas medidas impactaron sobre la economía real: cerraron 2.221 empresas en 2016 y 2.566 en 2017, según detalló el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su último informe ante el Senado nacional. Una de esas pymes fue Oropel, que fabricaba envases de plástico en Salvadores al 1.400. Desde diciembre pasado, los 75 empleados están sin cobrar el sueldo. Ellos sufrieron en forma directa el efecto de la apertura de importaciones y la caída del consumo. La crisis se profudiza en el país y, como siempre, en la Ciudad golpea más fuerte sobre quienes habitan los barrios del sur. Según las últimas estadísticas oficiales correspondientes al primer trimestre de este año, la desocupación en las comunas que bordean el Riachuelo (4, 8 y 9) triplica los niveles de los barrios del norte: un 13% de hombres y mujeres son trabajo contra un 4,5. Y duplica la del centro donde la desocupación es del 7,4 por ciento.
FUENTE: Sur Capitalino
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