Sergio Maldonado: “El Estado no puede investigar al propio Estado”

El ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic, denunció penalmente a Pablo Noceti, quien encabezó el operativo llevado adelante por Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017 y que terminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. La presentación judicial se realizó ante Sebastián Casanello, titular del el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7.

“Si esa denuncia en vez de presentarla en un juzgado, la incorporarán a la causa de desaparición forzada, avanzaríamos un montón y sería más productivo”, manifestó Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, en Radio Gráfica. Además, remarcó que el informe “contradice” al Juez Gustavo Lleral, que “cuando cerró la causa en primera instancia dijo que Gendarmería no tenía ver y que Santiago Maldonado se había ahogado”

El primer magistrado del caso fue Guido Otranto, pero fue desplazado por falta de imparcialidad y reemplazado por Lleral, que el 29 de noviembre de 2918 sobreseyó al único gendarme imputado – Emmanuel Echazú – y dio por finalizada la investigación. Pero, al año siguiente se volvió a abrir, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ordenase las pruebas para dictaminar si hubo abandono de persona.

“Al gobierno anterior, el 29 de agosto de 2017, le pedimos un grupo de expertos independientes para que no ocurriera todo lo que pasó. Para que investigara un grupo aparte y no el propio Estado, porque iba a pasar todo lo que anticipamos”, contó Maldonado. Y agregó: “Ese mismo grupo se lo pedimos al gobierno actual el 20 de enero de este año, nunca nos respondieron. Ante esa no respuesta, lo que decidimos fue convocarlo por nuestra cuenta. Está conformado por México, Chile y Colombia.

A su vez, el hermano de Santiago confesó que tienen “la necesidad de saber la verdad” y que no pueden “esperar tres años para saber qué pasó”. “Para garantizar el nunca más es necesario que se cree una ley en la cual las desapariciones forzadas sean investigadas por un grupo de expertos independientes. Eso es lo que va a garantizar la imparcialidad. El Estado no puede investigar al propio Estado”, remarcó.

Y continúo: “Cuando quieren ser efectivos, en un mes tenes a alguien detenido. Cuando no, no lo hacen. La Cámara, para decirnos que no cerraban la causa en primera instancia y continuaba la investigación, tardó 7 meses. El resultado lo dieron el día que venía la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en conmemoración a los 40 años de la primera visita a Argentina. Siempre se mueve ante un pedido internacional o ante un movimiento político”.