A casi cuatro años del Acuerdo de Paz firmado en La Habana, Colombia continúa sin resolver la crisis de violencia interna. El conflicto armado que deja un saldo diario de muertes, desapariciones, torturas, y desplazamientos, lejos de mermar, se ha profundizado. Las organizaciones sociales, hoy amenazadas, exigen reformas estructurales para lograr una reconciliación definitiva y duradera.
Por Leila Bitar*
Una historia signada por la exclusión política y social
Para comprender el proceso de guerra interna en Colombia es necesario hacer un breve repaso por sus antecedentes históricos: desde principios de siglo XX el país atravesó un período de continuos enfrentamientos entre el partido Conservador y Liberal, que se disputaron por décadas el poder del estado nacional.
Mientras se radicalizaban las posturas políticas, las demandas sociales en torno a la reforma agraria no se resolvían. La desigualdad en el acceso a la tierra, que fue uno de los detonantes del conflicto armado, todavía hoy persiste: El 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana. El 19 % de tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas. (1)
La concentración del suelo en pocas manos, la falta de espacios para la participación política, y el incremento de la desigualdad, fueron algunos factores (internos) que explican el surgimiento de las guerrillas. Estos movimientos políticos de izquierda alzados en armas, tras décadas de exclusión y frustración política, consideraron que era imposible conquistar sus demandas por las vías institucionales.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), fue el grupo armado con mayor capacidad de reclutamiento y extensión regional. La guerrilla acordó en 2012, abrir el diálogo con el gobierno liberal de Juan Manuel Santos, y tras extensas negociaciones en Oslo y La Habana, firmaron el “Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto”, en noviembre de 2016.
Así comenzó un largo proceso de transición hacia una paz que hoy no se vislumbra cercana, en tanto no se avanzaron con las reformas estructurales pactadas.
Matanza sistemática a líderes sociales
Es preciso señalar que los actores involucrados en el conflicto armado, exceden a las guerrillas. El estado colombiano, a través del ejército y la policía, los grupos paramilitares de extrema derecha, las bandas criminales y los carteles de droga, son los principales protagonistas de la guerra interna que desde 1958 hasta 2012 provocaron alrededor de 220 mil muertes. Se estima que para 2020 son casi 9 millones de colombianos los que sufrieron amenazas, desapariciones, desplazamientos, secuestros, torturas, reclutamiento forzados, violencia sexual, asesinatos y atentados. (2)
Particularmente, se ha incrementado marcadamente la persecución y asesinatos a líderes sociales (de comunidades negras e indígenas) y ex combatientes, durante el gobierno del derechista Iván Duque (cuya asunción fue en agosto de 2018). Desde la desmovilización de las FARC, 432 líderes sociales han sido asesinados, y sólo en 2019, 844 activistas recibieron agresiones en su contra, desde homicidios y amenazas, hasta atentados y desapariciones forzadas, según un informe del organismo “Somos Defensores”.
Erlendy Cuero Bravo, es la vicepresidenta de Afrodes (afrodescendientes desplazados), una asociación que agrupa a 124 organizaciones, distribuidas en casi todo el territorio del país. Su padre fue asesinado por grupos criminales que se disputaban el territorio de una zona rural de Buenaventura (Departamento de Valle del Cauca), en la región del Pacífico, a 114 Km de Cali. Su historia de vida es el reflejo de experiencias vividas por miles de colombianos.
La referente debió dejar su tierra natal de manera forzada, y aún hoy, vive custodiada por las constantes amenazas de muerte que recibe de narcotraficantes: “Con el desarraigo no dejo sólo mi hogar y cosas materiales como una porción de tierra, dejo también lo inmaterial, el contexto cultural, quien soy yo como persona. El exterminio va hacia allá, tanto la exterminación física como lo inmaterial, lo intelectual, lo moral, de todo lo que somos como pueblo negro” señala.
Erlendy explicó que no habrá fin del conflicto armado si no hay acceso a derechos básicos para los sectores marginados, que sin oportunidades educativas y laborales, terminan engrosando las filas de los grupos mafiosos: “¿cómo hace una comunidad pobre sin más que un machete para defenderse, cuando llegan estos grupos y los obligan a cosechar y sembrar y trabajar para ellos, cuando el estado no va con la oferta de defensa?”, se pregunta la referente.
Según un informe de la ONU de 2018, Colombia había acumulado un total de 7,8 millones de desplazados internos: el primer lugar en el mundo en víctimas de desplazamiento forzado dentro del mismo país. (3)
El aumento de asesinatos y el hostigamiento continuo a líderes es un flagelo grave para las comunidades que luchan para hacer valer sus derechos en el marco del conflicto armado: “Un líder requiere disciplina, capacitación, conocimientos, de acercarse a un proceso y una rutina para formarse y defender derechos. Cada líder asesinado es un retroceso para los pueblos y comunidades, porque no es fácil reemplazarlos”. Además, pertenecer a las comunidades vulnerables y alzar la voz en Colombia conlleva riesgos que no todos están dispuestos a enfrentar: “Las amenazas son una afectación psicológica y psicosocial. Uno que no ha cometido ningún delito, tiene que tener una lápida en las espaldas”, señala la defensora de derechos humanos.
“No sabes en qué momento te van a matar, si te va a doler, qué medios van a utilizar”
Diego Aretz, académico y activista radicado en Bogotá, en sintonía con la referente de Afrodes, remarca: “los asesinatos a líderes sociales tienen razones microeconómicas que al final terminan siendo macroeconómicas para el país. Los líderes son asesinados porque defienden los derechos de sus comunidades y sus territorios de los grandes empresarios e intereses”, y agrega: “Las comunidades exigen seguridad para poder hacer política y activismo sin que te secuestren ni agredan”.
Estado cómplice
Además de los grupos ilegales, las fuerzas represivas estatales como el ejército o las instituciones de seguridad nacional, son cuestionadas por su accionar fuera de los márgenes de la ley, y en ocasiones, por trabajar conjuntamente con los bandas narcos y criminales.
Carlos Efraín Echeverry Flores, es un colombiano exiliado en Argentina que fue asistente y colaborador de Alfredo Correa de Andreis, académico que realizaba investigaciones sobre DDHH y desplazados en Barranquilla. El sociólogo fue asesinado en 2004 por sicarios, y su caso reveló la mecánica del trabajo de grupos paramilitares que participaban del manejo de instituciones del Estado, como el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad).
“El magnicidio del profesor se constituyó en un ejemplo ilustrativo a la hora de demostrar sistematicidad en la violación de DDHH por parte del estado colombiano”, expresó Carlos, al tiempo que agregó: “Hace más de 60 años se utiliza la figura del falso positivo para acallar las voces alternativas y de oposición. Se trata de armar un expediente judicial para enlodar a la víctima a través de acciones penales. Si éste demuestra la inocencia, se le da libertad, para que luego bajo el manto de impunidad de anonimato, la víctima pueda ser asesinada por paramilitares”.
“Así no hay verdad, ni testimonio ni reparación”
El patrón que se repite: las principales víctimas de la violencia provienen en su mayoría de sectores vulnerables. Carlos sostiene que previo al acuerdo de La Habana, el ejército colombiano “capturaba jóvenes de barriadas marginales y del campo profundo para disfrazarlos de combatientes y así, abultar la cifra de la guerra para decir que estaban ganando”.
En 2018 la Fiscalía colombiana documentó 2.248 casos de falsos positivos entre 1998 y 2014: el 97 % sucedieron entre 2002 y 2008, cuando gobernaba el entonces presidente derechista Álvaro Uribe, mentor de Iván Duque.
Recientemente el fantasma de los falsos positivos se volvió a instalar en la agenda pública tras revelarse información acerca del accionar del ejército en un supuesto atentado contra disidentes de las FARC. Durante el operativo (en noviembre del año pasado) asesinaron a 8 menores de edad, y la información se mantuvo en secreto por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, que más tarde debido a la presión social, tuvo presentar su renuncia.
Sin justicia social no hay paz
“Los acuerdos de la Habana fueron taxativos. Había un programa de restitución de tierras que iba a devolver a un gran porcentaje de la población desplazada sus tierras”, explica Diego Aretz al ser consultado por las expectativas en torno al cumplimiento de los acuerdos de paz. “Uno de los grandes detractores del acuerdo son los terratenientes, familias de ganaderos, socios del paramilitarismo y el narcotráfico”, señala el activista, que entiende que si no hay cambios profundos que combatan la gran desigualdad social interna, tampoco cesará la violencia.
“Uno de los grandes detractores del acuerdo son los terratenientes, familias de ganaderos, socios del paramilitarismo y el narcotráfico”
Cuando Iván Duque llegó al gobierno de Colombia en 2018, los acuerdos logrados durante la gestión previa, se pusieron en duda; de hecho el presidente había manifestado su intención de reformarlo ya que en algunos puntos, según él, “promueve la impunidad”. El mandatario tampoco reconoce derechos políticos para quienes estuvieron alzados en armas y se refiere a los excombatientes como “delincuentes”.
Tras las críticas de organismos de Derechos Humanos, el presidente, en enero pasado había declarado que “se logró establecer que la mayoría de los crímenes provienen de estructuras que responden a carteles de narcotráfico, grupos armados organizados y a los promotores de la minería ilegal” y celebró que “en el año 2019 tenemos una reducción de los asesinatos de líderes sociales cercana al 25 por ciento”.
Los líderes que exigen medidas de protección urgentes no perciben la misma realidad que el mandatario (tampoco los informes de diversos organismos nacionales e internacionales). Erlendy por su parte, remarca que aunque el gobierno de Duque “no tiene interés ni voluntad en temas de paz”, “las comunidades están urgidas de que esos acuerdos se puedan continuar y fortalecer”.
Y concluye con un mensaje de esperanza: “Hay que creer en la paz. Quienes hacen la guerra, llámense pandilleros, guerrilleros, del ejército, paramilitares o de la policía, son hijos de mujeres colombianas, hijos de una misma patria, somos mujeres que lloran a sus hijos. El único camino es la reconciliación”.
(1) Según el informe del organismo internacional Oxfam con base en el Censo Nacional Agropecuario de Colombia.
(2) Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, titulado “¡Basta ya!”
(3) Según el informe anual de 2018 de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.
(*) Periodista y co-conductora de Desde el Barrio (Lunes a Viernes de 10 a 13 hs)
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