La nueva Ley de Alquileres fue finalmente sancionada por el senado y modificará la situación de 2.500.000 viviendas que se alquilan a nivel nacional, según estimaciones del último censo. Fernando Muñoz, quien es titular de la Defensoría del Inquilino dentro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dialogó con Radio Gráfica acerca de los cambios que traerá este nuevo marco legal que busca beneficiar a millones de inquilinos.
Entre los cambios más importantes que se destacaron, se encuentra la prolongación del plazo mínimo de alquiler de dos a tres años, con un ajuste anual que se resolverá teniendo en cuenta inflación y salario. “Los nuevos contratos con la nueva ley van a decir el precio inicial de la vivienda, nada más. Se va a fijar un precio inicial solamente por valor mensual, y recién el ajuste se va a hacer anualmente. Ese ajuste anual se va a consultar en la página del Banco Central, que es donde se va a publicar mensualmente un índice conformado por el IPC y la remuneración promedio de los trabajadores estables”, profundizó Fernando.
Además, a partir de esta nueva ley, “se debe declarar ante la AFIP el contrato de alquiler, por lo que habría un organismo público que conocería realmente quienes son los rentistas”, afirmó. Esta modificación tendrá como objetivo implementar un “blanqueamiento” de los acuerdos y transacciones entre propietarios e inquilinos. Sobre este punto, el entrevistado resalto que “es tal el grado de especulación y negreo en la renta de viviendas que hasta una ley que se discutió en Diputados y en el Senado durante meses para ampliar las deducciones de ganancias se hizo inaplicable porque más del 90% no entrega factura legal“.
“Dos tercios de las denuncias que recibimos son por incumplimiento del decreto”
Fernando Muñoz manifestó que a partir de julio se podrá adherir a esta nueva ley para el armado de contratos a tres años. A su vez, en el marco de la pandemia, continua vigente el decreto presidencial 320/2020 que congeló el precio de los alquileres. En referencia a esta decisión del Ejecutivo y al trabajo que se lleva a cabo desde Defensoría, apuntó: “Se nos quintuplicaron la cantidad de consultas y denuncias en la Defensoría del Pueblo y el último informe, de quince días atrás, muestra que prácticamente dos tercios de las denuncias son por incumplimiento del decreto”.
“Sobretodo lo incumplen las inmobiliarias en el artículo que permite prorrogar los contratos al precio de marzo hasta el 30 de septiembre. En general le plantean al inquilino que su contrato terminó y que tiene que hacer uno nuevo”, expresó Muñoz. Y agregó: “Otra consulta es por la falta de entrega del CBU. Se tuvo que poner en el decreto presidencial un artículo que se llama bancarización, en donde el locatario o la inmobiliaria le tiene que dar el CBU al inquilino para que deposite. Esto se hizo en un contexto de aislamiento obligatorio de todo el país”.
Según los resultados de la ultima encuesta de la asociación de Inquilinos Agrupados, cada vez son más los que se endeudan para poder pagar el alquiler. Entre los encuestados, un 49% afirmó tener problemas para cancelar el alquiler del mes junio.
Los contactos de la Defensoría del Inquilino de CABA para consultas y denuncias son:
Mail: atencioninquilinos@defensoria.org.ar
Teléfono: (011) 4338-4900
- Entrevista realizada por Ursula Asta en Feas, Sucias y Malas (sábado de 9 a 12hs)
- Redacción por Julia Campalans
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