Por Juan Natalizio*
Dividir a los pueblos y las naciones ha sido una de las herramientas más poderosas de las grandes potencias. Se trata de aprovechar las disputas y contradicciones internas para orientar los acontecimientos en función de sus propios intereses. En el caso del Reino Unido, fue y sigue siendo una de sus políticas más constantes.
En América Latina, la independencia de las antiguas colonias españolas abrió nuevas oportunidades para los intereses británicos. El 17 de diciembre de 1824, George Canning, ministro de Relaciones Exteriores británico, escribió a Lord Granville, embajador británico en París: “La América española es libre; y si no manejamos muy mal nuestros asuntos, será inglesa”. La fragmentación de Hispanoamérica favorecía esas aspiraciones: los pueblos que habían luchado por su independencia compartían una historia y una cultura, pero la conformación de repúblicas separadas facilitaba la influencia de las potencias extranjeras.
Desde el pensamiento nacional latinoamericano, Jorge Abelardo Ramos sintetizó las consecuencias de aquella fragmentación: “Somos un país porque no pudimos integrar una nación y fuimos argentinos porque fracasamos en ser americanos”. Manuel Ugarte, en El destino de un continente (1923), también había advertido sobre las consecuencias de la desunión regional frente a las potencias imperialistas.

La preocupación por la unidad sudamericana también ocupó un lugar central en el pensamiento de Juan Domingo Perón. Durante su presidencia impulsó el proyecto ABC, que buscaba integrar Argentina, Brasil y Chile. Años después, en una carta dirigida a Jorge Abelardo Ramos en mayo de 1967, explicó que uno de los objetivos de aquella política era “impedir que nos siguieran dividiendo en provecho de esos intereses”.
Estas referencias permiten plantear una cuestión central: entre Argentina y Chile existen diferencias y disputas históricas, pero una cosa es tener desacuerdos y otra muy distinta es convertir esas diferencias en una enemistad entre nuestros pueblos. Desde esta perspectiva, resulta necesario analizar los vínculos entre Chile y las islas Malvinas y cómo el Reino Unido los aprovecha para fortalecer su presencia en el archipiélago y profundizar las diferencias entre ambas naciones.
La importancia de superar las disputas entre Argentina y Chile también fue abordada por José María Rosa. En El problema del Beagle. Antecedentes e interesados (1984), el historiador sostuvo: “Los enemigos de la Argentina no han sido tanto los chilenos como los malos argentinos. Y los imperialismos, desde luego, que son enemigos netos de argentinos y chilenos”. Rosa reconstruyó las controversias territoriales desde el siglo XIX y examinó el papel de las dirigencias políticas y los intereses extranjeros en la profundización de esos enfrentamientos.
Las tensiones entre Argentina y Chile alcanzaron uno de sus momentos más críticos en 1978, cuando la disputa por el canal Beagle llevó a ambos países al borde de una guerra. Apenas cuatro años después, durante la guerra de Malvinas, la dictadura de Augusto Pinochet proporcionó colaboración militar y de inteligencia al Reino Unido.
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Aquella asistencia fue reconocida públicamente por Margaret Thatcher el 6 de octubre de 1999, en un discurso pronunciado en Blackpool durante el congreso del Partido Conservador, cuando agradeció el apoyo chileno y destacó la alerta temprana que la Fuerza Aérea de Chile brindó a la flota británica sobre los ataques aéreos argentinos. Sus declaraciones pusieron de manifiesto la importancia de esa colaboración para el Reino Unido, pero también dejaron en evidencia una herida profunda en las relaciones entre Argentina y Chile, cuyas consecuencias todavía perduran.
Chile y Malvinas
El interés británico por mejorar las comunicaciones de Malvinas con Sudamérica era anterior a la guerra de 1982. A partir de los acuerdos de comunicaciones de 1971, las islas mantenían vínculos aéreos y marítimos con el territorio continental argentino. Sin embargo, el informe económico elaborado por Lord Shackleton en 1976 planteó la necesidad de mejorar la infraestructura y ampliar las posibilidades de conexión del archipiélago.
La dependencia de las comunicaciones con Argentina también comenzó a ser cuestionada en el Parlamento británico. El 16 de diciembre de 1977, el diputado conservador Hugh Fraser reclamó la implementación del informe Shackleton y sostuvo que la ampliación del aeropuerto permitiría recibir aviones de mayor capacidad sin necesidad de aterrizar en territorio argentino. Para Fraser, la infraestructura aeroportuaria tenía una importancia tanto económica como política, porque permitiría reducir esa dependencia.
Esa posición, en cambio, no era compartida por el Gobierno laborista de entonces. Durante el mismo debate, John Tomlinson, secretario parlamentario del Ministerio de Desarrollo de Ultramar, sostuvo que los grandes proyectos económicos vinculados con el petróleo, la pesca y el turismo requerían un marco general de cooperación con Argentina. Por ese motivo, el Gobierno no estaba dispuesto a financiar una nueva ampliación del aeropuerto, cuya capacidad consideraba suficiente para las necesidades existentes.
La situación cambió después de la guerra de 1982. Un telegrama confidencial enviado por la Embajada británica en Santiago al Foreign Office el 21 de julio de ese año, apenas cinco semanas después de la finalización de los combates, revela que Londres ya exploraba la posibilidad de establecer servicios aéreos y marítimos entre Chile y Malvinas.

El documento señala que al menos seis compañías aéreas chilenas habían propuesto establecer un enlace aéreo regular entre Punta Arenas y Puerto Argentino. Sin embargo, la representación diplomática británica advertía que, «en las circunstancias actuales», el gobierno chileno probablemente rechazaría cualquier pedido de servicios aéreos: la Cancillería chilena mostraba «extrema cautela» para no antagonizar con Argentina y le preocupaba especialmente un aumento de la tensión por el conflicto del Beagle. El telegrama demuestra que la alternativa chilena ya estaba siendo considerada, aunque todavía no existían acuerdos para concretarla.
El mismo telegrama consideraba que los enlaces marítimos podían resultar «bastante menos difíciles». El embajador británico, John Hickman, recordaba que el buque Monsunen había cubierto en el pasado la ruta entre Punta Arenas y las islas, y relataba que el almirante José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada y miembro de la Junta chilena, le había dicho el 2 de julio que le gustaría ver, con el tiempo, un servicio regular a cargo de un buque chileno. Aunque las señales posteriores habían sido menos alentadoras, Hickman estimaba que, con ciertas precauciones, los chilenos podían hacer la vista gorda ante los viajes de barcos con bandera de un tercer país hacia Puerto Argentino. También advertía que, si Londres quería que Chile autorizara esos enlaces, casi con seguridad tendría que ofrecer algo sustancial a cambio, como apoyo público para despertar preocupación internacional sobre la cuestión del Beagle o el compromiso de dejar de presionar por antiguos casos de violaciones a los derechos humanos.
Dos semanas después, el 4 de agosto de 1982, otro telegrama de la Embajada, clasificado como secreto, informaba sobre la respuesta del general Fernando Matthei, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, a un pedido británico vinculado con aeronaves para las islas. Matthei no quería que el Reino Unido arrendara aviones civiles chilenos para los servicios aéreos internos de Malvinas, porque eso pondría a Chile en una posición difícil con Argentina, y tampoco estaba dispuesto a permitir que aviones con matrícula británica hicieran escala en Chile rumbo al archipiélago. Según el embajador, la Fuerza Aérea chilena estaba muy dispuesta a ayudar, pero necesitaba una «vía de escape» que le permitiera negar cualquier participación directa si recibía críticas; una actitud que contrastaba con la de la Armada chilena.
En septiembre de 1982 se publicó una actualización del informe económico de 1976, elaborada por Lord Shackleton y su equipo a pedido de Margaret Thatcher. El nuevo estudio recomendó establecer un servicio aéreo civil internacional y señaló a Punta Arenas como la ruta más conveniente por sus costos y posibilidades de conexión con otros destinos.

El 8 de diciembre de 1982, durante un debate en la Cámara de los Comunes, el canciller británico Francis Pym reconoció que se habían mantenido «conversaciones amistosas» con todos los países latinoamericanos, pero que no había sido posible concretar un servicio aéreo comercial con un aeropuerto del continente. En ese intercambio, el diputado laborista George Foulkes preguntó expresamente si se había consultado a Chile, Uruguay y Brasil.
La alternativa chilena adquirió así una importancia particular en la planificación británica de las comunicaciones con Malvinas. La recomendación de Shackleton sobre Punta Arenas fue citada textualmente por el Gobierno británico en una respuesta escrita a la Cámara de los Comunes el 24 de enero de 1985. De esta manera, la ciudad chilena aparecía como una opción concreta para restablecer las conexiones regionales del archipiélago, interrumpidas con Argentina como consecuencia de la guerra.
De los Acuerdos de Madrid a los vuelos de Aerovías DAP
La búsqueda británica de conexiones aéreas con Sudamérica comenzó a concretarse a principios de la década de 1990. En febrero de 1990, Argentina y el Reino Unido suscribieron la segunda Declaración Conjunta de Madrid, que permitió restablecer las relaciones diplomáticas y estableció medidas de confianza mutua, comunicaciones militares directas y disposiciones de seguridad para la navegación aérea y marítima. Al informar los resultados ante el Parlamento británico, el Gobierno de Margaret Thatcher destacó que la eliminación de obstáculos a las conexiones aéreas y marítimas entre Malvinas y Sudamérica resultaría beneficiosa para las islas.
En mayo de 1990 comenzaron los vuelos comerciales de Aerovías DAP entre Punta Arenas y Malvinas. La compañía chilena, fundada en 1980 por el empresario Domingo Andrés Pivcevic y dedicada inicialmente al transporte regional en la Patagonia, comenzó a prestar servicios quincenales entre ambos destinos. Así lo registra un documento de trabajo elaborado por la Secretaría de las Naciones Unidas el 13 de julio de 1993 para el Comité Especial de Descolonización, dedicado a examinar la situación política, económica y social de las islas. El 15 de mayo de 1990, el subsecretario del Foreign Office Tim Sainsbury confirmó ante el Parlamento que ya se habían realizado varios vuelos chárter entre las islas y Punta Arenas, a cargo de distintos operadores comerciales, y que estaban previstos otros.

El mismo documento de Naciones Unidas permite establecer un aspecto central de aquellas primeras conexiones: los vuelos de Aerovías DAP contaban con autorización argentina. En su párrafo 69, el informe señala que la compañía ya realizaba vuelos sin itinerario fijo entre Punta Arenas y Malvinas con autorización del Gobierno argentino. Además, registra que las autoridades argentinas habían anunciado la autorización de servicios regulares para transportar pasajeros, correo y carga desde Punta Arenas hacia Malvinas, con escala optativa en Río Gallegos, y una autorización excepcional para operar el tramo entre esa ciudad y las islas.
Estas decisiones se inscribían en el proceso de acercamiento diplomático iniciado con los Acuerdos de Madrid. El documento de Naciones Unidas recupera expresamente un pasaje de la Declaración Conjunta del 15 de febrero de 1990, en el que la delegación británica reconocía la disposición argentina para posibilitar las comunicaciones y las oportunidades comerciales entre las islas y el continente. La autorización de los vuelos de una empresa chilena constituía una expresión concreta de esa política.
La conexión adquirió continuidad durante los años siguientes. En 1993, mediante el Decreto 845/93, el Gobierno de Carlos Menem autorizó a Aerovías DAP a explotar la ruta Punta Arenas–Río Gallegos–Islas Malvinas.
Paralelamente, Aerovías DAP incorporó un Boeing 727, con el que operó entre 1995 y 1997 la ruta Santiago–Punta Arenas–Monte Agradable. La incorporación de una aeronave de mayor capacidad permitió desarrollar una conexión comercial más amplia que los servicios operados anteriormente con pequeños aviones.
La empresa chilena también se vinculó con British Airways. Según informó la revista Flight International en junio de 1996, ambas compañías firmaron un acuerdo de comercialización que enlazaba uno de los tres vuelos semanales de British Airways entre Londres y Santiago con los servicios de Aerovías DAP a Malvinas vía Punta Arenas. Así, por primera vez, era posible viajar con pasajes regulares entre el Reino Unido y las islas.
Hacia 1997 se produjo un cambio en la prestación de los servicios aéreos entre Chile y Malvinas. Aerovías DAP, que había operado la conexión durante buena parte de la década, fue reemplazada por LAN Chile. Christian Matías Machuca, en su estudio Malvinas: el acuerdo del 14 de julio de 1999, publicado en 2001 en el Boletín del Centro Naval, explica que la salida de DAP “no tuvo lugar por decisión voluntaria de la empresa, sino que fue el resultado de una tenaz competencia tarifaria entre empresas chilenas”. El autor agrega que el subsidio que recibía Aerovías DAP de las autoridades isleñas fue transferido a LAN Chile.

De esta manera, la ruta chilena pasó de los primeros vuelos de 1990 a integrar una red internacional que vinculaba Malvinas con el Reino Unido sin necesidad de utilizar aeropuertos del territorio continental argentino. La coordinación comercial con British Airways, las autorizaciones otorgadas por Argentina y el respaldo económico de instituciones isleñas muestran cómo la alternativa de Punta Arenas, recomendada en el informe Shackleton de 1982, se consolidó durante la década de 1990. El reemplazo de Aerovías DAP por LAN Chile abrió una nueva etapa de esa conexión.
LAN Chile y Malvinas
En diciembre de 1997, la nueva operadora, LAN Chile, comenzó a operar un servicio semanal que vinculaba Malvinas con Punta Arenas, Puerto Montt y Santiago, desde donde ofrecía conexiones hacia distintos destinos internacionales. La ruta permitía ampliar las posibilidades de comunicación del archipiélago con el exterior, sin depender exclusivamente del puente aéreo británico.
La continuidad de los vuelos se vio afectada por un acontecimiento político ocurrido fuera del Atlántico Sur. El 16 de octubre de 1998, el exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres a pedido de la justicia española, que reclamaba su extradición por crímenes cometidos durante la dictadura. Según Christian Matías Machuca, el 31 de marzo de 1999 LAN Chile decidió suspender sus vuelos a Malvinas, a sugerencia del Gobierno chileno, como consecuencia del proceso judicial contra Pinochet que se desarrollaba en el Reino Unido.
La suspensión afectó las comunicaciones comerciales del archipiélago con Sudamérica y provocó gestiones diplomáticas británicas para revertirla. El canciller Robin Cook informó al Parlamento, el 28 de abril de 1999, que había hablado personalmente con su par chileno para expresarle su desacuerdo y recordarle los beneficios de la ruta. Según Machuca, el gobierno chileno formalizó luego la prohibición mediante el Decreto Supremo N.º 209, del 9 de mayo de 1999, por noventa días. El Gobierno británico destacaba la importancia de la ruta para las actividades económicas y las comunicaciones de las islas, mientras buscaba alternativas para restablecer los vuelos.
La suspensión de los vuelos abrió una instancia de negociación entre Argentina y el Reino Unido. El 9 de julio de 1999, Chile prorrogó hasta enero de 2000 la prohibición de los servicios aéreos hacia Malvinas, pero pocos días después modificó su posición tras la Declaración Conjunta del 14 de julio, acordada en Londres por las delegaciones que encabezaban los cancilleres Guido Di Tella y Robin Cook. El acuerdo permitió el ingreso de ciudadanos argentinos a las islas mediante la presentación de sus pasaportes y contempló la reanudación de los vuelos de LAN Chile, con dos escalas mensuales en Río Gallegos a partir del 16 de octubre, una en cada dirección. El 23 de julio, el Gobierno británico confirmó ante el Parlamento que Chile había decidido levantar la prohibición como respuesta al entendimiento alcanzado entre Buenos Aires y Londres. Las disposiciones quedaron sujetas a la fórmula de salvaguarda de soberanía.

La importancia económica de la conexión aérea con Chile fue reconocida expresamente por el Gobierno británico. El 12 de diciembre de 2000, John Battle, ministro de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido (Foreign Office), afirmó, en una respuesta escrita a la Cámara de los Comunes, que el vuelo semanal entre Chile y Malvinas había representado “un beneficio importante para el comercio, el turismo y la pesca”. El funcionario también destacó que el restablecimiento de las conexiones aéreas con Sudamérica había constituido uno de los elementos principales de la Declaración Conjunta argentino-británica del 14 de julio de 1999.
La continuidad de la estrategia británica de conectividad
La conexión aérea de Malvinas con Sudamérica continuó formando parte de la política británica durante las décadas siguientes. En abril de 2012, el canciller británico William Hague sostuvo, en un artículo difundido por el Foreign Office, que la pesca, los hidrocarburos, las comunicaciones y el comercio habían sido objeto de acuerdos con Argentina en el pasado, y reafirmó la voluntad británica de volver a trabajar con ese país.
El 13 de septiembre de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, Argentina y el Reino Unido emitieron el Comunicado Conjunto Foradori-Duncan. En el apartado referido al Atlántico Sur, ambos gobiernos expresaron su disposición a remover los obstáculos que limitaban el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de las islas, incluyendo el comercio, la pesca, la navegación y los hidrocarburos. El documento también contempló nuevas conexiones aéreas entre Malvinas y terceros países, con escalas adicionales en territorio continental argentino.
Las negociaciones tuvieron un resultado concreto en noviembre de 2018, cuando ambos gobiernos anunciaron un entendimiento para establecer un vuelo semanal de LATAM entre San Pablo y Malvinas, con una escala mensual en Córdoba en cada dirección. El servicio comenzó a operar el 20 de noviembre de 2019. En junio de ese año, en su discurso anual ante la Asamblea Legislativa isleña, el gobernador británico Nigel Phillips estimó que la nueva ruta podría generar más de dos millones de libras esterlinas anuales de actividad económica adicional, principalmente mediante el turismo y el comercio. En la misma intervención, Phillips mencionó la coordinación con el Ministerio de Defensa británico para preparar la infraestructura, la seguridad y la logística del aeropuerto de Monte Agradable.
En marzo de 2020, tanto la conexión con San Pablo como los vuelos comerciales regulares entre Punta Arenas y Malvinas quedaron suspendidos por las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19. El 1 de marzo de 2022, la Cancillería argentina informó que había reclamado al Reino Unido el restablecimiento de la ruta chilena y recordó que había propuesto establecer vuelos directos desde el territorio continental argentino, operados por empresas nacionales. Estas iniciativas no habían sido aceptadas por el Reino Unido.
El 2 de julio de 2022 se restableció el servicio de LATAM entre Punta Arenas y Malvinas, incluyendo las escalas mensuales en Río Gallegos previstas en el entendimiento de 1999. Sin embargo, continuaron las diferencias diplomáticas sobre las comunicaciones aéreas. El 2 de marzo de 2023, el Gobierno argentino anunció que daba por terminado el Comunicado Conjunto Foradori-Duncan de 2016 y propuso una nueva agenda bilateral que incluyera las conexiones entre las islas y el territorio continental argentino.

El 7 de marzo, mediante el Decreto 112/2023, Argentina dejó sin efecto la autorización otorgada a TAM Linhas Aéreas para operar la ruta entre San Pablo y Malvinas, con escala mensual en Córdoba. El servicio se encontraba suspendido desde marzo de 2020. La decisión fue fundamentada por Cancillería en la falta de avances respecto de las propuestas argentinas para establecer vuelos directos desde el continente.
La ruta chilena, en cambio, continuó operando. Según la información publicada por las autoridades aeronáuticas y turísticas de las islas, LATAM mantiene una conexión comercial regular los sábados entre Punta Arenas y el aeropuerto de Monte Agradable. La información turística consultada describe dos escalas mensuales en Río Gallegos: una en el vuelo hacia Malvinas y otra en el regreso. Así, la conexión aérea con Chile continúa formando parte de las comunicaciones comerciales de Malvinas con Sudamérica.
Más allá de los vuelos: la vinculación entre Chile y Malvinas
La conexión aérea entre Chile y Malvinas no fue una decisión aislada, sino una política impulsada por el propio invasor británico. La recomendación del informe Shackleton de 1982 de establecer una ruta a través de Punta Arenas no solo se concretó, sino que se consolidó con el paso de los años. Para eso fue fundamental la participación de los distintos gobiernos argentinos, que mediante acuerdos y autorizaciones permitieron el desarrollo de esta conexión. No se puede analizar la relación aérea entre Chile y Malvinas sin tener en cuenta las decisiones tomadas por la Argentina.
La importancia de esta conexión fue mucho más allá del transporte de pasajeros. El propio Gobierno británico reconoció que los vuelos desde Chile beneficiaban al comercio, al turismo y a la pesca. Es decir, la ruta también favoreció actividades económicas que contribuyen al sostenimiento de la ocupación británica. Los documentos muestran que el Reino Unido buscó ampliar sus vínculos con Sudamérica y que Punta Arenas terminó ocupando un lugar importante en esa política.
Frente a estos antecedentes, la pregunta es inevitable: ¿qué ganó la Argentina con esta política? ¿Los acuerdos y las autorizaciones nos acercaron a la recuperación de Malvinas o terminaron fortaleciendo al invasor? Los documentos muestran que, después de 1982, Londres buscó romper el aislamiento de las islas a través de la región, y que lo logró con el aval de sucesivos gobiernos argentinos: desde los Acuerdos de Madrid y el entendimiento de 1999 hasta el Comunicado Foradori-Duncan. Mientras tanto, Gran Bretaña profundizó su ocupación colonial, fortaleció sus vínculos económicos con Sudamérica y avanzó en el saqueo de nuestros recursos naturales. Los vuelos comerciales no pueden analizarse como un simple servicio de transporte. Forman parte de la política de una potencia que usurpó nuestro territorio en 1833, respondió militarmente a la recuperación de las islas en 1982 y mantiene hasta hoy una ocupación ilegal. Revisar y debatir esas decisiones no es una cuestión del pasado: es una tarea pendiente.
Nada de esto convierte al pueblo chileno en un adversario. Como advertía José María Rosa, los imperialismos son enemigos netos de argentinos y chilenos. La estrategia británica fue siempre la misma: aprovechar nuestras diferencias para dividirnos y, sobre esa división, consolidar su presencia en el Atlántico Sur. Por eso la respuesta no puede ser la enemistad entre pueblos hermanos, sino una política nacional firme y una integración regional que no le deje resquicios a la potencia ocupante.
Pero la conexión entre Chile y Malvinas no termina en los vuelos. El transporte marítimo, el abastecimiento, la pesca y las relaciones comerciales son otros frentes que debemos investigar, y hoy son noticia: una naviera chilena se prepara para reabrir una ruta marítima regular entre Punta Arenas y las islas, mediante un contrato con la corporación de desarrollo isleña. Para comprender cómo el ocupante británico sostiene su presencia en el Atlántico Sur, tenemos que conocer qué vínculos mantiene con los países de la región y qué papel desempeñan las decisiones de nuestros propios gobiernos. Ese será el próximo paso de esta investigación.
*Conductor de Malvinas Causa Central (Jueves de 11 a 13 hs.)










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