Por Foro Economía y Trabajo
HACIA UN MODELO ARGENTINO
ECONOMIA PARA VIVIR BIEN
Lineamientos Estratégicos
DE QUÉ SE TRATA
Quienes se proponen gobernar para revertir la actual situación de desastre económico, destrucción del entramado socio-productivo e institucional que nos impone el gobierno de Javier Milei, necesitan acordar con urgencia un plan común que permita vertebrar los acuerdos y alianzas necesarios para llevarlo a cabo, y no solo un planteo programático para ganar elecciones.
El análisis y debate sobre qué hacer no puede limitarse a círculos políticos y especializados. Las definiciones sobre política económica necesitan hacerse con participación de representaciones de los trabajadores y demás sectores cuyo presente y futuro depende del mercado interno.
Los compromisos que se asuman en ese plan deben ser claros y explícitos, sobre todo para quienes han perdido la esperanza de satisfacer sus necesidades básicas, de movilidad social o de llevar adelante actividades productivas.
Como contribución a tales fines, actualizamos nuestras propuestas para intercambiar opiniones sobre un PLAN NACIONAL, ECONOMICO, SOCIAL Y FEDERAL.
…SE TRATA DE LIBRARNOS DE DEPENDENCIAS Y CRISIS RECURRENTES CON NECESARIOS CAMBIOS ESTRUCTURALES, RECONOCIENDO QUE NI LA APERTURA INDISCRIMINADA DELA ECONOMÍA O EL IMPERIO DE LAS DENOMINADAS “LEYES DEL MERCADO”, NI EL AISLAMIENTO O LA AUTOSUFICIENCIA SON VIABLES EN EL MUNDO DE HOY.”
Antes de adentrarnos en los ejes que proponemos y presentamos en la segunda parte de este trabajo, es central recordar que –muchas veces- las opciones de política económica para superar las recurrentes crisis que afectan a nuestro país, se autocensuran, se angostan, se achican; en pos de tentar a los capitales a invertir, terminan convertidas en un maquillaje de las políticas neoliberales pretendiendo garantizar condiciones que no ofendan a los “mercados”.
Es que, más de una vez, se postergó el compromiso de transformar la realidad para pasar a adecuarse a las condiciones que imponen los grandes capitales. En aras de preservar la gobernabilidad impuesta por el “mundo de los negocios y la financierización” se pierde el modesto, pero imprescindible, objetivo de alcanzar el crecimiento con un buen vivir sin exclusiones.
Como millones de argentinas y argentinos ya han experimentado, por ese camino se desatienden las necesidades de los trabajadores, de los jubilados, de la inmensa mayoría de las familias y del entramado socio productivo. Y éstos, de manera creciente y en diverso grado, dejan de ser representados.
HACIA UN MODELO ARGENTINO (Lectura en PDF)
Cabe aquí, también, la discusión acerca del efecto real – a la hora de atraer capitales- de paquetes de políticas de las denominadas “pro mercado” en los casos en que estas llevan, indefectiblemente, a la contracción del mercado interno para un país que, por sus condiciones geográficas, sus recursos naturales y su población, siempre ha necesitado una demanda interna potente para asegurar el buen desempeño económico, la movilidad social ascendente y la integración nacional.
Salvo que, como lo hace el actual gobierno libertario, se trate de obtener capitales para construir enclaves extractivos que no generan industrialización nacional ni empleo, para terminar de configurar un modelo de país dependiente. Es decir, en favor de un plan de negocios que beneficia a los “tecno-oligarcas” o “súper-ricos” de las grandes corporaciones empresarias, y funcional a los intereses de las potencias que apetecen nuestros recursos estratégicos, a costa del empobrecimiento de nuestro pueblo.
Al contrario, se trata de librarnos de dependencias y crisis recurrentes con necesarios cambios estructurales, reconociendo que ni la apertura indiscriminada de la economía o el imperio de las denominadas “leyes del mercado”, ni el aislamiento o la autosuficiencia son viables en el mundo de hoy.
Y tener presente que la estabilidad macroeconómica debe evaluarse en razón de la producción, el empleo y las condiciones de vida. En ningún país del mundo se separa la macro de la microeconomía. Es decir, la política económica debe considerarse en su conjunto, conforme a si sirve al buen vivir de su población y al desarrollo del país.

MODELO ARGENTINO
Un MODELO ARGENTINO de crecimiento y evolución económica con justicia social es posible. A pesar del daño causado (1), de la destrucción de empresas y de empleo, aún en una situación mundial extremadamente crítica y no deseada, nuestro país tiene oportunidades que el actual gobierno resigna. (ANEXO I)
Por un lado, la minería con sus distintos productos como el litio, el cobre, el oro, el uranio; la energía, los hidrocarburos con Vaca Muerta en pleno desarrollo, la agroindustria, la bioeconomía, y la industria del conocimiento, entre otras, deben y pueden generar fuertes encadenamientos productivos internos. Es decir nuevos eslabones industriales, con trabajo argentino, con apalancamiento en proveedores locales, inversión real, e integración de componentes y equipamiento diseñados por nuestro propio polo científico – tecnológico.
Desde esos recursos, con la ventaja comparativa, que tiene el país, de ser uno de los principales productores de alimentos en el mundo, con grandes reservorios de agua dulce, es que se debe y se puede definir un rumbo productivo claro y un rol en la economía mundial, a partir de una política soberana y relaciones exteriores coherentes con nuestro interés nacional.
Los bienes comunes naturales, industrializados con trabajo y valor agregados, con aportes científicos tecnológicos, con mayor inversión pública para lograr más competitividad sistémica -sobre todo en infraestructura – y con una distribución progresiva de los recursos que se generan, deben y pueden contribuir a satisfacer las necesidades de empleo y vivir bien de toda la sociedad.
Ese modelo argentino debe centrarse en la defensa del trabajo y la producción nacional, con eje en la reindustrialización y la transformación de nuestra matriz productiva, orientada a las demandas de nuestro pueblo y el mundo.
Son claves para generar empleo de calidad, agregar trabajo argentino (y valor) a los abundantes bienes que pueden ser extraídos de la naturaleza, forjar encadenamientos productivos y una articulación virtuosa de las regiones de nuestro país, desarrollar innovaciones y tecnologías de avanzada, aumentar la competitividad global de la economía y participar del comercio mundial con productos elaborados, incrementando la obtención de divisas.
Para ello es necesaria, previamente, la recuperación de la demanda en el mercado interno y la consiguiente reactivación de la industria y demás sectores de la actividad económica, que servirán para expandirlo, asentando desde el sector secundario las bases para esa transformación de nuestra matriz productiva a partir del desarrollo de una economía que no esté orientada únicamente hacia la exportación primaria, de materias primas sin valor agregado.
“NO SE TRATA DE ELEGIR ENTRE MERCADO INTERNO Y GENERACIÓN DE DIVISAS; LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS NACIONALES DEBE REDUCIR LA DEMANDA ESTRUCTURAL DE IMPORTACIONES Y, AL MISMO TIEMPO, AUMENTAR LA CAPACIDAD DE EXPORTAR BIENES Y SERVICIOS CON TRABAJO, TECNOLOGÍA Y VALOR AGREGADO ARGENTINOS”.
Argentina creció y distribuyó ingresos cuando apuntaló su mercado interno, sustituyendo importaciones y promoviendo exportaciones con alto valor agregado. En un mundo multipolar -con los centros hegemónicos reorganizando sus áreas de dominio- el rol de la industria se vuelve central. Si desechamos las políticas industriales y no innovamos tecnológicamente, solo seremos una factoría colonial exportadora de recursos naturales sin la suficiente integración productiva y social para la mayor parte de nuestra sociedad. Este siempre ha sido y hoy lo es más que nunca, el objetivo prioritario de las potencias centrales y de las grandes corporaciones transnacionales, en particular por la necesidad de alimentos, energía, minerales y tierras raras que requieren y/o no poseen.
Esta estrategia debe articular el fortalecimiento del mercado interno con la sustitución de importaciones estratégicas y el desarrollo de exportaciones industriales avanzadas. No se trata de elegir entre mercado interno y generación de divisas; la ampliación de capacidades productivas nacionales debe reducir la demanda estructural de importaciones y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad de exportar bienes y servicios con trabajo, tecnología y valor agregado argentinos.
Eso sí, en el proceso de reindustrialización, el Estado debe prevenir y controlar claramente que no vuelvan a repetirse situaciones tales, como en el pasado y más hoy sucede, la de proteger a sectores que haciendo uso de su posición dominante en el mercado, se aprovechan de ello fijando precios internos abusivos. Un nuevo plan económico debe superar las formas de protección utilizadas en el pasado – sin control de consecuencias y resultados- pues fueron ineficientes para prevenir esas situaciones, que conllevaron, muchas veces, a la falta de adopción de inversiones modernizadoras, derivando excedentes privilegiados en la fuga de capitales y la constitución de activos en el exterior o fuera del sistema, junto a la consiguiente elusión o evasión tributaria.
La protección industrial, por lo tanto, no debe ser automática, indiscriminada ni incondicional, sino que debe estar vinculada a metas verificables de inversión, productividad, empleo, integración nacional, innovación y precios competitivos.
OBJETIVO INICIAL E INELUDIBLE
Urge, pues, reconstruir un ordenamiento macroeconómico sustentado en un crecimiento impulsado por la recuperación de los salarios y jubilaciones, cuyo poder de compra ha caído en – por lo menos- un 25% y un 40% respectivamente desde que asumió la actual administración. Esta recuperación debe tener base en la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil, e incluir a las asignaciones familiares y al ex -salario social complementario que debe restituirse (2) con una estricta reglamentación.
“ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS FAMILIAS Y POR
ENDE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE LOS ARGENTINOS DEBE SER
EL OBJETIVO INICIAL E INELUDIBLE DEL NUEVO MODELO.”
Con el mismo fin, hay que proveer al desendeudamiento de las familias trabajadoras, cuya morosidad bancaria pasó del 2,8% de la cartera en diciembre de 2023 al 12,81% en agosto de 2026, consecuencia de esa brutal disminución de los ingresos, precios caros en pesos y en dólares, la desregulación de las tasas de interés, el cierre de empresas, los despidos y la precarización del empleo. (ANEXO II)
Atender las necesidades básicas de las familias y por ende la capacidad de compra de los argentinos debe ser el objetivo inicial e ineludible del nuevo modelo. En su mayor parte la capacidad de generar mayores exportaciones que las actuales vendrá subordinada, como derivación o diversificación de las capacidades que haya obtenido la industria y el agro, como también de la articulación de las economías regionales y de posibles acuerdos productivos con otros protagonistas.
Es decir, necesitamos definir una política macroeconómica que, garantizando estabilidad y sostenibilidad, vaya de la mano de definiciones productivas que generen un crecimiento sostenido y sustentable, con una mejora continua en la distribución del ingreso para consolidar una sociedad cada vez más solidaria, justa y sin violencia.

SUPERAR LAS RESTRICCIONES
La realidad demuestra que sigue prevaleciendo un modelo de acumulación basado en la valorización financiera del capital que, impuesto durante la dictadura cívico militar, produjo una mutación del problema estructural de la denominada restricción externa al crecimiento de la economía argentina.
DESDE LA IRRUPCIÓN DE LA VALORIZACIÓN FINANCIERA COMO
EJE DEL PROCESO DE ACUMULACIÓN DE LOS SECTORES
DOMINANTES, LA FUGA DE CAPITALES AL EXTERIOR SE HA
CONVERTIDO EN UN COMPONENTE CENTRAL QUE EXPLICA LAS
CRISIS DEL SECTOR EXTERNO.”
Esa mutación se dio por un cambio en la naturaleza del problema. Hasta el último cuarto del siglo XX la crisis de balanza de pagos derivaba del déficit comercial producto de la incapacidad de generar la oferta necesaria de dólares para cubrir las importaciones de insumos y bienes intermedios requeridos por la industria manufacturera.
Desde la irrupción de la valorización financiera como eje del proceso de acumulación de los sectores dominantes, la fuga de capitales al exterior se ha convertido en un componente central que explica las crisis del sector externo. Los desequilibrios recurrentes se producen entonces, por una exigencia creciente de saldos favorables de balanza comercial para atender la salida de capitales al exterior y los pagos de la deuda externa que se encuentran estrechamente ligados, ya que una oficia como mecanismo de realización de ganancias de la otra.
Por eso, no sólo es necesario considerar que el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos debe ser superavitario, sino que también lo es regular la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos.
Entre las primeras medidas, resulta imprescindible rediseñar los flujos de salida de capitales y de pagos de la deuda externa y consolidar la posición de reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para asegurar la solvencia del sector externo en forma sostenible en el mediano y largo plazo.
Para hacerlo se requiere una auditoría pública previa, integral e independiente de las obligaciones con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La posición actualizada del Foro Economía y Trabajo sobre esta cuestión clave está expresada en nuestro documento “La deuda no puede mandar III” .
En términos generales las medidas que se adopten, deben pasar por:
⦁ Frenar la transferencia de ingresos de los trabajadores registrados o no (es decir informales), de los jubilados, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y otras organizaciones productivas de la economía social hacia los sectores del capital y la renta más concentrados, que hace posible la fuga de capitales.
⦁ Regular la cuenta de capitales de la Balanza de Pagos imponiendo, entre otros requisitos, plazos mínimos de estadía a los ingresos de capitales especulativos, reduciendo la exposición de la economía nacional a los flujos financieros especulativos de corto plazo; y controlando con rigurosidad la cuenta de egresos de capitales y los distintos mecanismos de evasión o elusión tributaria y fuga de los mismos, como ser el pago de intereses y amortización de capital de la deuda privada, de las utilidades y demás remesas giradas al exterior.
⦁ Administrar estrictamente el comercio exterior y el flujo de capitales al extranjero. Revisar y monitorear los servicios pagados al exterior, entre otros por servicios al capital, como por el turismo.
⦁ Declarar la emergencia cambiaria, reduciendo al mínimo los plazos de liquidación del 100% de las exportaciones en nuestro país. Las importaciones, priorizando las necesarias para ampliar las capacidades productivas del país, se tramitarán a través de un subsistema público de banca de desarrollo, bajo regulación del Banco Central. Cuando se requiera financiamiento externo se canalizará hacia las empresas mediante créditos en moneda nacional, administrando el riesgo cambiario, de modo que ese riesgo no recaiga sobre las mismas empresas productivas.
⦁ Anular el subsidio estatal al sector privado para el pago de sus deudas financieras al exterior.
⦁ Redimensionar y alargar los vencimientos de la deuda en moneda extranjera con los acreedores privados.
⦁ Reorganizar el calendario de pagos con el FMI, y crear un fondo para la cancelación de la deuda – no fraudulenta – que se constituirá con un aporte sobre los activos en el exterior no declarados al fisco (4). El aporte será del 20% sobre los activos alcanzados declarados y pagados voluntariamente en los primeros seis meses; del 35% si se declaran y pagan después; y del 50% cuando ya exista fiscalización y se cumplan las condiciones de allanamiento previstas por el proyecto.
Adicionalmente, el programa económico debe plantearse y en consecuencia establecer, cuál podría ser el máximo de pagos financieros externos del sector público por año que correspondan y ajustar los vencimientos de capital e intereses a ese importe. Podría entonces definirse cada año, sobre la base de la estimación del saldo positivo del balance de cuenta corriente, un porcentaje del mismo para abonar los compromisos financieros externos. El resto engrosaría las reservas internacionales del BCRA para ir ganando la tan necesaria solvencia en esta materia.
De esta manera se limitarían los pagos financieros del sector público al exterior a una suma preestablecida anualmente en un valor que no genere restricciones al crecimiento económico.
CONDICIONES
Un próximo gobierno no podrá avanzar, en el sentido señalado y desarrollar los ejes a los que nos referimos en la segunda parte de este trabajo, si:
⦁ no se recupera y reestructura el Estado, que con crecientes grados de destrucción, hoy está capturado por los grandes grupos económicos para impulsar sus planes de negocios, sin importar sus consecuencias sociales y económicas negativas;
⦁ no se revisa todo lo actuado en materia normativa, derogando, modificando y dejando sin efecto todas las leyes, decretos y otras normas aprobadas durante el mandato de Milei comenzando por el inconstitucional Decreto 70/23. Es una cuestión central a la que debe darse prioridad y requiere detalle, que abordaremos en un próximo documento;
⦁ no se condiciona el pago de la Deuda Pública – tanto externa como interna- a su auditoría y a que la paguen quienes se beneficiaron con ella, sus intereses y comisiones;
⦁ no se sanciona una reforma del sistema tributario, para hacerlo más equitativo, progresivo y federal. Basada en el principio de que paguen más quienes más ganan y tienen mayor capacidad contributiva.
Decidirlo supone sentar las bases para un reordenamiento macro económico sostenible; que nos permita trabajar y producir para crecer. Y salir de la trampa del actual cogobierno con un FMI, funcional a los acreedores, que colisiona con nuestros objetivos de desarrollo con justicia social, independencia económica, soberanía nacional, neutralidad y buenas relaciones con todos los países.
FORO ECONOMIA Y TRABAJO
Ricardo Aronskind, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Eduardo Codianni, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Néstor Forero, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Nicolás Malinowsky, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Andrés Repar, Alejandro Roffman, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva, Juan C. Teso, Rodolfo P. Treber, Sergio Arelovich, Eduardo Berrozpe (Coordinador)
FORO ECONOMIA Y TRABAJO integrado por economistas y otros especialistas se constituyó en marzo de 2023 a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. En el presente documento también participan especialistas de diversas disciplinas que lo suscriben pues solidariamente, decidieron aportar y/o adherir a nuestras propuestas para un PLAN NACIONAL ECONOMICO, SOCIAL Y FEDERAL. Los documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. foroeyt@gmail.com
HACIA UN MODELO ARGENTINO (2)
ECONOMIA PARA VIVIR BIEN
Ejes del Plan
Un PLAN NACIONAL, ECONOMICO, SOCIAL Y FEDERAL, para configurar una economía para vivir bien sin exclusiones y transformar nuestra matriz productiva, necesita imaginar y plantear otros escenarios económicos, distintos y contrapuestos a los actuales.
Sus ejes deben corresponderse con los expresados en la Constitución Nacional (CN) que el gobierno “libertario” desconoce: proveer al “progreso económico con justicia social”, al “crecimiento armónico de la Nación”, “equilibrar el desigual desarrollo de provincias y regiones” (Art.75 CN).
Como señalamos en la primera parte de este trabajo, lo que no puede esperar, es mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo y con ello, estimular la demanda en el mercado interno.
En la emergencia, urge:
⦁ La declaración de la Emergencia Alimentaria, energética, del transporte, en medicamentos y otros consumos básicos, con un programa de precios obligatorios asequibles y garantía de su abastecimiento para toda la población.
⦁ La inmediata recuperación del poder de compra de los salarios, partiendo del salario mínimo vital y móvil, jubilaciones, asignaciones familiares y del ex-salario social complementario que debiera reinstituirse (5) con una estricta reglamentación. Este incremento será en su mayoría destinado al consumo interno, generando en su medida un proceso multiplicador de la inversión en la economía nacional.
⦁ Desacoplar los precios internos de los de exportación y/o internacionales, a la par que se administran los correspondientes a bienes y servicios básicos para vivir y de los insumos para producir, garantizando:
⦁ el seguimiento público de los costos de su producción y comercialización, publicitado y auditado por el Congreso de la Nación;
⦁ la regulación del precio de los alimentos y de la energía, factores estratégicos determinantes para la vida y la producción. Sus valores deben basarse exclusivamente en comprobados costos reales de producción y distribución, criterio que incluye las tarifas de los servicios públicos: gas, luz, agua, combustible, transporte, y comunicaciones;
⦁ un control específico de los monopolios u oligopolios proveedores de los insumos difundidos – sin distinción de origen- que actúan en nuestro país fijando precios abusivos, haciendo uso de su posición dominante en el mercado. El Estado, debe ejercer todo su poder para reprimir estas prácticas mediante medidas arancelarias o actuaciones en defensa de la competencia.
⦁ La rápida solución al problema del endeudamiento familiar, mediante el aumento de los ingresos reales de la población y el férreo control de las tasas de interés.
Las decisiones precedentes, son básicas para llevar adelante:
⦁ La recuperación y reestructuración del Estado nacional, y sus empresas públicas comprendiendo los organismos necesarios para la planificación económica, la orientación, regulación y control de la economía.
Esta reestructuración incluirá la constitución de empresas o entes públicos en los sectores estratégicos – como ser una empresa nacional de alimentos- capaces de intervenir directamente sobre costos, abastecimiento, tecnología y distribución del excedente. Su gestión debe contar con metas públicas de producción de bienes, capacidad técnica y control de trabajadores y usuarios.
⦁ Una política exterior soberana, coherente con nuestros intereses nacionales y la realidad multipolar. De relacionamiento con todos los países en función de los objetivos de nuestro pueblo y nuestra economía real. Reconociendo que, como antes señalamos, ni la apertura indiscriminada de la economía o el imperio de las leyes del mercado, ni el aislamiento o la autosuficiencia son viables en el mundo de hoy.
Retomando el camino de asociaciones estratégicas con países o bloques regionales con economías complementarias. Dando prioridad a la integración productiva con los países de Nuestra América, mediante cadenas industriales, infraestructura, ciencia y mecanismos de financiamiento compartidos que amplíen nuestra capacidad de decisión.
⦁ La auditoría de la deuda pública, externa e interna desde su expansión en el gobierno Mauricio Macri y sus aliados. Tras esa revisión, y con participación del Congreso de la Nación (Art.75 de la CN ) se procederá a su renegociación con las quitas correspondientes teniendo en cuenta:
⦁ la contraída en 2018 con el FMI, con comisión de fraude, sin aprobación del Congreso de la Nación, y vulnerando el estatuto de ese organismo;
⦁ la emisión de bonos con garantías del oro del BCRA y/o su venta con compromiso de recompra;
⦁ las deudas contraídas por el sector privado y la fuga de capitales registrada desde entonces.
⦁ Una reforma tributaria progresiva, para un equilibrio fiscal basado en la capacidad de las ganancias reales de los contribuyentes. Una coherente Ley de coparticipación federal en función de la población, el aporte al Producto Bruto Interno nacional y los índices sociales de cada provincia.
La propuesta integral, en cuanto a esta reforma impositiva, del Foro Economía y Trabajo está expresada en nuestro documento “Para Crecer sin dejar a nadie afuera” (6).
⦁ Control del comercio Exterior a través de la Aduana, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) y del BCRA, y de todas las medidas necesarias incluida la participación de empresas estatales como referentes, con generación de precios testigos.
Una empresa o ente público de comercio exterior tendría capacidad para comprar, vender, almacenar y negociar con escala nacional, sostener a pequeños y medianos productores y asegurar que las divisas generadas ingresen al país y financien su desarrollo.
⦁ Regulación del movimiento de capitales con el exterior y del comercio internacional, estricta administración de las reservas del Banco Central y medidas cambiarias que vinculen nuestras relaciones económicas exteriores con el fortalecimiento del mercado interno y la moneda nacional.
La administración de las divisas debe formar parte de la planificación productiva. Su asignación priorizará los usos vinculados con la ampliación de la capacidad productiva, la sustitución futura de importaciones, el abastecimiento de bienes esenciales y la generación de nuevas exportaciones, evitando que las reservas escasas se desvíen de esos objetivos.
⦁ Un programa federal de industrialización, que incluya – con carácter urgente- sendos planes de construcción de viviendas y de obras públicas de infraestructura, que contribuya a la creación de empleo y la ejecución de las inversiones planificadas para el desarrollo económico y social con justa redistribución del ingreso.
Con una política de incentivo al desarrollo científico y a la creación de tecnología propia, lo que implica favorecer el uso de tecnologías y por ende proveedores locales recurriendo a beneficios fiscales, que no deben incluir a las contribuciones a la seguridad social, para las empresas que construyan encadenamientos productivos locales y aranceles que penalicen a las que no lo hagan.
El programa fijará metas de sustitución estratégica de insumos, bienes de capital y tecnologías, coordinadas con compras públicas y formación técnica. El crédito, la protección comercial y los beneficios fiscales estarán sujetos a compromisos verificables de cumplimiento tributario, inversión, empleo, integración nacional, reinversión de ganancias, y utilización del sistema de pagos público que se propone más adelante.
Las grandes inversiones, nacionales o extranjeras, deberán quedar subordinadas a los objetivos del plan productivo nacional. Todo régimen promocional deberá exigir compromisos verificables de integración de proveedores locales, transferencia tecnológica, empleo argentino, reinversión de utilidades y generación neta de divisas, evitando beneficios que consoliden enclaves sin encadenamientos productivos ni aportes duraderos al desarrollo nacional.
La transformación de la organización y estructura de la producción argentina debe partir –con la debida regulación normativa – de la articulación de las economías regionales y de las distintas cadenas productivas, integrando al sistema educativo, técnico, científico/tecnológico nacional. A ello nos referiremos en un próximo documento.
⦁ Un programa federal agroalimentario y agroindustrial
En base a la calidad de nuestra tierra (agricultura, ganadería, silvicultura) y los recursos del mar argentino (pesca, acuicultura), definir un plan federal productivo, ambientalmente sostenible, que integre a las diversas regiones y sus poblaciones sumando empleo y arraigo social, ordenando y ampliando su Sistema Agroalimentario, Agroindustrial, Pesquero y Forestal (SAAPeF). Con integración vertical de sus diversos sectores promoviendo desde un primer momento, la consolidación de procesos de creación de Valor agregado en Origen (VAO), mejorando las condiciones en regiones donde, por carencias de infraestructura, no se pueden implementar los mismos.
⦁ Un programa de trabajo para todos, formalización y redistribución del empleo, a partir del relevamiento y urgente registro municipal, provincial y nacional de todas y todos los trabajadores cualquiera sea su relación de dependencia formal o no. Basado en la estimulación de la demanda, la inversión y la transformación de la matriz productiva, necesita incluir créditos y microcréditos para el desarrollo y medidas tributarias –sin afectar las contribuciones a la seguridad social– con condiciones estrictas y previa calificación para sectores pymes, cooperativos y de la economía social.
Las medidas deben comprender, en función del objetivo de redistribuir el empleo, el restablecimiento de la legislación laboral vigente al 10 de diciembre de 2023, actualizándola con derechos – incluso la reducción de la jornada laboral– para todos los trabajadores, estén o no en una relación de empleo formal, incluidos los monotributistas y los trabajadores catalogados como “por cuenta propia”, en todas las actividades, como ser las Plataformas Digitales (7).
⦁ Una reforma integral de los servicios financieros. Reafirmación de su carácter de servicio público orientado al impulso del ahorro nacional y la inversión productiva. Sustitución de la anacrónica y permisiva Ley de Entidades Financieras 21.526.
Toda la actividad financiera sin exclusiones necesita regularse por una única ley de servicios financieros, que comprenda al subsistema estatal, y las concesiones para prestar esos servicios hechas por el Banco Central al sector privado, cooperativo o mutual, incluyendo con las mismas condiciones al sector “Fintech”.
A su vez, es imprescindible:
⦁ articular un subsistema de banca de desarrollo presidido por el Banco Central, e integrado por la banca pública tanto nacional como provincial, o municipal.
⦁ constituir un sistema público de pagos gratuito vía transferencias electrónicas diseñado y administrado por el Banco Central de la República Argentina que coadyuve a recuperar nuestra soberanía monetaria (8). La utilización de este canal será obligatoria para quienes sean beneficiados con créditos para el desarrollo, o condiciones tributarias para facilitar la formalización del empleo o el reintegro del IVA a los sectores carenciados.
⦁ institucionalizar una coordinación del sistema presidida por el Banco Central, cuya carta orgánica debe ser reformada: a) en relación a la orientación del crédito, integrada por representantes de la Comisión Nacional de Valores, el Ministerio de Economía, el Consejo Federal de Inversiones y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); b) en relación a la supervisión de la actividad se sumará a la actual ARCA, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
⦁ Un programa federal energético, al que nos referiremos en un próximo documento, teniendo presente que cada forma de energía está en relación con todas las demás, por lo que la planificación del sector debe ser integral.
⦁ Un programa federal de reconstrucción y desarrollo del sistema logístico multimodal al servicio de la producción nacional y de las economías regionales para garantizar el abastecimiento y las exportaciones.
Su columna vertebral necesita ser una red de servicios públicos que integren ferrocarriles, puertos, transporte aéreo y Aerolíneas Argentinas, vías navegables y marina mercante, con construcción y mantenimiento en astilleros nacionales. Esa recuperación fortalecerá la presencia económica y científica en el Atlántico Sur y la Antártida, y una política de defensa bajo conducción democrática que sostenga la recuperación de Malvinas por medios pacíficos.
⦁ Un Pacto Federal sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales
Que permita articular políticas entre la Nación, las Provincias y los Municipios reconociendo las distintas características territoriales. Con participación de los trabajadores y los sectores productivos, la política ambiental debe integrar la estrategia productiva nacional, con el objetivo de cuidar y mejorar el medio ambiente, bienes o recursos naturales que sustentan la vida. Con límites efectivos, protección del agua y reservas para las próximas generaciones.
⦁ La revitalización de la educación pública y del sistema científico; detener su vaciamiento- en todos sus niveles, redimensionando y potenciando los institutos públicos de investigación y tecnología para mejorar la calidad de vida, la productividad, costos, sustentabilidad y calidad de producción, abastecimiento y logística, en sectores claves y economías regionales.
⦁ El rediseño del sistema de salud pública. Fortalecer complementariamente los sistemas solidarios de salud y desvincularlos del negocio de los sistemas de seguro rentistas. Impulsar el análisis de viabilidad de administración tripartita de los sistemas solidarios por actividad (con intervención de las organizaciones sindicales, las cámaras empresarias y el Estado).
La Nación debe garantizar una cobertura universal y una calidad de atención equivalente en todo el territorio, con financiamiento solidario, atención primaria y prevención. La política sanitaria incluirá la producción nacional de medicamentos, insumos y equipamiento. Para ello se fortalecerán los laboratorios públicos y las capacidades productivas nacionales vinculadas a la salud, procurando reducir dependencias externas en áreas estratégicas.
POSIBILIDADES
Finalmente, a quienes se preguntan qué posibilidades de ejecución tienen nuestras propuestas la respuesta es: depende de la fuerza que pueda articularse para hacerlo.
Con ese fin insistimos: es imprescindible, con urgencia, constituir los ámbitos necesarios incluyendo a los trabajadores, los sectores productivos vinculados al mercado interno y al interés nacional para alcanzar los acuerdos necesarios.
Corresponde pues, dejar de lado mezquindades y ponerse a la altura del desafío, quizás, el más importante de nuestra historia.
Las y los argentinos debemos saber de qué se trata, por qué trabajar, por qué movilizarnos, por qué elegir.
FORO ECONOMIA Y TRABAJO
Ricardo Aronskind, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Eduardo Codianni, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Néstor Forero, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Nicolás Malinowsky, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Andrés Repar, Alejandro Roffman, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva, Juan C. Teso, Rodolfo P. Treber, Sergio Arelovich, Eduardo Berrozpe (Coordinador)
FORO ECONOMIA Y TRABAJO integrado por economistas y otros especialistas se constituyó en marzo de 2023 a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. En el presente documento también participan especialistas de diversas disciplinas que lo suscriben pues solidariamente, decidieron aportar y/o adherir a nuestras propuestas para un PLAN NACIONAL ECONOMICO, SOCIAL Y FEDERAL. Los documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. foroeyt@gmail.com
ANEXO I (ref. HACIA UN MODELO ARGENTINO (1)
El MUNDO. LAS POSIBILIDADES QUE MILEI RESIGNA
El mundo vive una guerra económica, comercial, tecnológica y por el control de recursos naturales estratégicos, que incluye conflictos bélicos criminales, con claros objetivos neocoloniales.
Aún en ese contexto y como afirmamos en el texto principal la situación económica mundial ofrece –debido a nuestros recursos- grandes posibilidades para Argentina, que el actual gobierno resigna con sus decisiones.
En una realidad en el que las grandes potencias industriales, principalmente EE.UU. y China, protegen sus industrias, protegen sus tecnologías y avanzan agresivamente para ampliar sus zonas de influencia beneficiándose así con un mayor pool de consumidores para sus productos y con zonas francas en las que rapiñar los materiales críticos que necesitan, el gobierno de Milei abre nuestros mercados a productos fabricados en el exterior que, por la escala en la que son producidos y por las modernas tecnologías utilizadas en su producción, desalojan a la producción nacional y simultáneamente concesiona a las grandes corporaciones transnacionales la explotación de recursos naturales que debieran ser explotados autónomamente por nuestro país.
Los países de alto o mediano desarrollo industrial (EE.UU., China, la UE, Japón, Brasil) protegen el desarrollo continuo del conocimiento propio y ven en la cadena ciencia – tecnología – producción la base sobre la que construir el futuro.
Por el contrario, el gobierno de Milei está empeñado en la destrucción completa de la capacidad argentina para desarrollar conocimientos y consecuentemente desfinancia a las universidades nacionales y al sistema nacional de ciencia y tecnología.
Sin ningún aval constitucional, el actual gobierno se alinea con las posiciones e imposiciones del presidente Donald Trump, cediendo soberanía.
Por ejemplo, suscribiendo el desventajoso Acuerdo de Comercio Reciproco e Inversión con Estados Unidos, que a su vez desfavorece y obliga a Argentina en relación a otros Tratados Bilaterales Internacionales que ha suscripto.
O los acuerdos de “Pax Silica” que buscan comprometer a países que cuentan con recursos estratégicos de interés para los Estados Unidos para garantizar el abastecimiento de la cadena global de la inteligencia artificial norteamericana.
O el “Corredor Andes-Atlántico” para mejorar la infraestructura vial, marítima y ferroviaria con el fin de optimizar la exportación de minerales, petróleo y gas del país, facilitando la inversión pública y privada en transporte, energía e infraestructura digital para consolidar a Estados Unidos como “un socio fundamental en infraestructura e inversión para la Argentina“, tal como señala el comunicado conjunto que siguió a la firma del acuerdo. No se trata de una infraestructura neutral que pueda separarse de los objetivos que la originan. Al estar concebido como parte de una estrategia destinada a facilitar la extracción y salida de recursos estratégicos sin asegurar industrialización ni encadenamientos productivos nacionales, el proyecto debe ser rechazado como política de enclave. La infraestructura logística que el país necesita debe ser definida por una planificación soberana propia, en otro marco y al servicio de la integración territorial y productiva nacional.
O con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), iniciativa estratégica del gobierno de Milei que favorece y consolida, por lo menos por 30 años, una lógica de enclaves extractivos al otorgar amplios beneficios sin exigir una integración productiva nacional equivalente ni encadenamientos suficientes aguas arriba y aguas abajo de la actividad extractiva. A ello se suman las facilidades para la disponibilidad y remisión de divisas. Un régimen de desarrollo nacional debe, por el contrario, vincular los beneficios a la reinversión, la integración de proveedores, la transferencia tecnológica, el empleo y la generación neta de divisas.
De la misma manera, en un mundo que se encuentra en una doble transición, por una parte de la unipolaridad hacia la multipolaridad geopolítica y por otra por la irrupción de las grandes corporaciones transnacionales tecnológicas autonomizadas, la política exterior del gobierno libertario de subordinación a los Estados Unidos, abandonando el compromiso histórico con la neutralidad y las relaciones multilaterales, compromete las relaciones con nuestros principales socios comerciales, afectando nuestra capacidad de incrementar exportaciones y fortalecer redes de cooperación económica.
Finalmente, cabe decir que la realidad mundial también nos plantea, entre otros interrogantes, cómo orientar la transformación de nuestra matriz productiva, ante la muy alta competitividad de las potencias industriales, o bien ante las grandes corporaciones tecnológicas transnacionales predominantes, que trascienden los estados nación donde se originaron y condicionan a los países de menor desarrollo.
ANEXO II (ref. HACIA UN MODELO ARGENTINO (1)
EL ACTUAL PROGRAMA MACROECONOMICO
El programa macroeconómico actual se erigió, en diciembre de 2023, con una devaluación del 118% y una liberalización de los precios en simultáneo, que generó una transferencia de los ingresos desde los trabajadores a los sectores concentrados de la economía.
Uno de sus principales objetivos es configurar un tipo de cambio afín a la valorización financiera de los fondos especulativos beneficiados con la emisión de deuda pública. Y que, al mismo tiempo, se corresponde con la visión de un modelo excluyente en lo social, especulativo en lo financiero, y extractivista en lo productivo, donde lo que se valora, es la obtención de materias primas para su exportación, cuya generación de divisas tiene por destino el pago de la deuda externa –conformada en su mayor parte por intereses- y el financiamiento de la fuga de capitales.
Sus anclas antiinflacionarias son el control del tipo de cambio y de los ingresos de la población (trabajadores, jubilados y pensionados) y, aun así, con la recesión que ello provoca, necesita recurrir a un fraude para pretender la disminución del Índice de Precios al Consumidor.
Ese fraude se consuma cuando, en contra de las determinaciones del propio Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), se mantienen los ponderadores de 2004/05 cuando debiera estar considerando según el mismo, los de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017/18 (ENGHO).
Para ejemplificar lo que ello supone, si se compara el IPC del INDEC con el IPC de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), que sí utiliza la última ENGHO, tendremos que en el período noviembre de 2023-agosto de 2026 el IPC INDEC, con una canasta de consumo desactualizada, es de 336%, en tanto el IPC CABA, con una canasta más actual, es de 358,8%: una diferencia de 22,8 puntos porcentuales. Por otra parte, va de suyo que la ENGHO 2017/2018, previa a la pandemia, también está desactualizada.
Adicionalmente debemos señalar que, nuestro país promueve la creencia de que la política macroeconómica aplicada por el gobierno resulta exitosa porque el dólar se mantiene estable y la inflación también (aunque en un nivel elevado en torno al 2% mensual).
Y se repite también que la microeconomía (la producción, la creación de empleo, el incremento de los ingresos) –que en esta visión serían temas que corresponderían solamente al sector privado- se mueve a dos velocidades (crecen los sectores extractivistas y los demás se contraen), pero que ello mejorará en el futuro, llegando con sus beneficios a todos los ciudadanos.
Como antes hemos afirmado en ningún país del mundo se separa la macro de la microeconomía. La política económica debe ser analizada en su conjunto, para evaluar si sirve para el desarrollo del país y el bienestar de su población.
La realidad resulta abrumadora. Nuestra cotidianidad se compone de una situación social cada vez más precaria, con salarios, jubilaciones y asignaciones sociales que disminuyen permanentemente en términos reales y de una situación económica caracterizada por la carestía de vida y la recesión de los sectores más dinámicos y que más empleo registrado generan (industria, construcción, comercio).
A ello debe sumársele la entrega al capital extranjero y al FMI de soberanía y de recursos estratégicos, en la que el gobierno está empeñado, viabilizando, a como dé lugar y apresuradamente, una legislación acorde a tales fines, con regresivas reformas laborales y tributarias, modificación de la Ley de Tierras, de protección de glaciares, RIGI y súper RIGI, inocencia fiscal, privatizaciones y concesiones, entre otras.
Y sin ninguna duda la política económica del gobierno de Milei es de empobrecimiento generalizado, cierre de empresas y destrucción de empleo formal.
En tanto, la estabilidad cambiaria se sostiene principalmente para favorecer el “carry trade” (bicicleta financiera), a partir de tasas de interés en pesos superiores a la evolución del tipo de cambio, lo que permite obtener rendimientos en pesos, recomprar divisas y facilitar su salida.

Para Milei, su gobierno y los sectores poderosos cuyos intereses representa, la existencia de equilibrio fiscal, logrado por un irracional ajuste del gasto público y por la capitalización de los intereses de la deuda en títulos como las LECAP y BONCAP, creados por esta administración, junto con la anulación de la emisión monetaria, sería condición necesaria y suficiente para lograr la estabilidad económica. La capitalización de intereses constituye, además, una de las principales fuentes de crecimiento del stock de deuda y desplaza su costo hacia vencimientos futuros.

La experiencia parece contradecir esta postura, ya que todos los esfuerzos que se han realizado en este sentido, terminaron en fracasos y en grandes crisis: la gran “epopeya” para lograr el “Déficit 0” de Cavallo / de la Rúa durante el 2001, que culminó en la gran crisis de fin de ese año, o los ajustes de Macri para llegar a la misma meta -el déficit 0- que culminó en las grandes devaluaciones del 2018/2019 y su derrota electoral.
Es que, mientras los esfuerzos se ponían en las cuestiones fiscales, la enorme cantidad de divisas conseguidas con endeudamientos extremos -el “blindaje” del 2001 y el acuerdo stand-by (SBA) con el FMI del 2018- se fugaban al exterior por la inexistencia de regulaciones a la cuenta de capital de la Balanza de Pagos. En efecto, los saldos externos fueron negativos en 2,1% y en 5,2% del PBI, respectivamente. Poco se hizo para engrosar las reservas internacionales del BCRA.
En el mismo camino está empeñado el gobierno de Milei, consiguiendo una escasa estabilidad a costa de aumentar el endeudamiento externo e interno, de mantener a la economía en recesión y de excluir a millones de argentinos.
Máxime, en un contexto como el actual, donde el altísimo grado de endeudamiento externo del sector público (Nación y Provincias) y del sector privado, implican un cronograma de vencimientos de capital e intereses que determinan una alta necesidad de divisas durante los próximos años, que sobrepasa con creces las posibilidades de generación de saldos externos favorables, aun en aquellas previsiones optimistas que consideran los nuevos flujos positivos de divisas que significa las exportaciones de energía y minería.
VENCIMIENTOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 2027-2036*
EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES

CITAS:











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