Por Adrián Berrozpe
Hay una escalada de políticas punitivas en la Ciudad que casi semanalmente provoca una nueva avalancha y nos deja entre atónitos y estupefactos, por no creer posible hasta dónde puede avanzar.
Tormentas negras, persecución a cartoneros y vendedores ambulantes, criminalización de la pobreza y, ahora también, de la niñez y la adolescencia. Ser joven parece convertirse cada vez más en un peligro latente para la política del “orden” y de los “buenos vecinos”.
En un nuevo punto de inflexión, después de que a mitad del ciclo lectivo se obligara a estudiantes de escuelas secundarias de la Ciudad a concurrir con bolsas transparentes, el Ministerio de Educación y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes avanzan ahora con un protocolo que vuelve a correr los límites de la intervención estatal dentro de las escuelas.
El problema no es que la escuela deba permanecer indiferente frente a hechos graves ni que existan situaciones que requieran la intervención de la Justicia. El problema es qué lugar ocupa la escuela frente a esos conflictos, cuál debe ser la primera respuesta del Estado y hasta dónde una institución pensada para educar, incluir y proteger puede incorporarse a una lógica de denuncia, intervención policial y judicialización sin transformar su propia función.
Porque el nuevo procedimiento establece que, ante hechos de posible relevancia penal, las autoridades escolares deben activar el circuito de denuncia. En determinadas situaciones habilita, además, la intervención de las fuerzas de seguridad dentro de los establecimientos y articula la vida escolar con medidas provenientes del sistema judicial.
¿Basta de gabinetes, equipos de orientación escolar y docentes como motores de transformación? ¿Necesitamos ahora maestras, maestros y equipos directivos convertidos en auxiliares de una política de seguridad?
La pregunta puede resultar incómoda, pero el propio marco normativo obliga a formularla.
La Ley de Educación Nacional 26.206 define la educación como un derecho personal y social y establece que garantizarlo constituye una responsabilidad principal e indelegable del Estado. Entre los objetivos de la política educativa coloca la inclusión, la igualdad, el respeto por los derechos humanos, la resolución pacífica de los conflictos y el acompañamiento de las trayectorias educativas.
En el mismo sentido, la Ley 114 de la Ciudad establece un sistema de protección integral basado en el interés superior de niñas, niños y adolescentes, la efectivización de sus derechos, el respeto, la dignidad y el derecho a ser oídos. Resulta especialmente significativo que contemple modalidades alternativas de resolución de conflictos y conciba las actuaciones de las Defensorías Zonales como instancias comunitarias alternativas, coadyuvantes o previas a la intervención judicial.
La elaboración e implementación de un procedimiento que incorpora tempranamente el circuito penal dentro de la vida escolar exige una explicación política e institucional. La pregunta no es por qué interviene el Consejo ante una vulneración de derechos —esa es precisamente una de sus funciones—, sino qué lugar ocupa en este nuevo esquema.
¿Fortalece las instancias de protección para evitar intervenciones penales innecesarias o participa de un circuito en el que la denuncia, la policía y la Justicia adquieren una presencia cada vez mayor en las respuestas del Estado frente a las adolescencias?
Frente al debilitamiento del Estado social, aparece el fortalecimiento del Estado policial.
Educación y el Consejo afirman en el propio documento que deben evitarse la discriminación y la estigmatización y garantizarse las trayectorias educativas. Pero, al mismo tiempo, suscriben un procedimiento que introduce en la cotidianeidad escolar nuevas responsabilidades de denuncia, articulación con fuerzas de seguridad, cumplimiento de medidas judiciales y registro de actuaciones vinculadas con procesos penales.
Y acá aparecen nuestras pibas y pibes marcianos.
Los que no encajan. Los que desbordan lo esperado. Los que tienen una discapacidad, requieren determinados apoyos o atraviesan situaciones subjetivas y sociales complejas. Los que necesitan una escuela capaz de preguntarse qué les pasa antes de preguntarse qué delito pudieron haber cometido.
Esto adquiere especial relevancia porque la propia Ley de Educación Nacional establece que la Educación Especial debe garantizar el derecho a la educación desde el principio de inclusión y dispone atención interdisciplinaria y educativa, personal especializado y recursos específicos. Sin embargo, el nuevo protocolo no desarrolla con la misma profundidad cuál debe ser la intervención de esta modalidad y de sus equipos frente a situaciones de posible relevancia penal.
No alcanza, entonces, con escribir “protección integral” en los principios generales de un protocolo.
La ministra de Educación, Mercedes Miguel, y la presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Victoria Morales Gorleri, deben dar cuenta de cómo se harán efectivas esas garantías cuando las herramientas concretas incorporadas a las escuelas pueden ampliar la judicialización de situaciones protagonizadas por adolescentes.
Y, fundamentalmente, qué políticas, recursos, equipos interdisciplinarios y condiciones institucionales se van a garantizar para que la primera mirada del Estado sobre nuestros “pibes marcianos” siga siendo la de estudiantes y sujetos de derechos a quienes escuchar, acompañar y educar, y no la de potenciales protagonistas de un expediente penal.
Cuidar también requiere recursos
Hay otra dimensión que no puede quedar afuera de esta discusión, no existe una verdadera política de cuidado sin inversión educativa. Pedirle cada vez más a la escuela mientras faltan recursos, tiempos institucionales y equipos suficientes significa trasladar responsabilidades hacia quienes cotidianamente sostienen las instituciones.
Esto se vuelve especialmente sensible cuando hablamos de la salud mental de nuestras adolescencias. El suicidio adolescente es una problemática compleja que debe ser abordada con enorme cuidado, evitando explicaciones simplistas, estigmas o la búsqueda de una única causa. Pero justamente por su complejidad requiere un Estado presente, adultos disponibles, equipos interdisciplinarios, espacios de escucha, políticas de prevención y articulación efectiva entre educación, salud y los organismos de protección de derechos.
La escuela no puede ni debe resolver sola situaciones de semejante complejidad. Pero puede ser un lugar fundamental para escuchar, acompañar, advertir sufrimientos y construir redes de cuidado. Para eso necesita recursos y equipos, no solamente nuevos protocolos y responsabilidades.
Cuando una sociedad advierte el sufrimiento de sus jóvenes, la primera pregunta del Estado no debería ser únicamente cómo controlar sus conductas, sino también qué les está pasando y qué condiciones estamos construyendo para acompañarlos.
Por eso, discutir el avance de respuestas punitivas dentro de las escuelas también implica discutir prioridades. Si verdaderamente queremos proteger a niñas, niños y adolescentes, debemos fortalecer las políticas educativas, sociales y de salud que permitan escuchar antes de sancionar, acompañar antes de excluir y cuidar antes de criminalizar.
¿Qué escuela queremos finalmente? ¿La que incluye, interpela y transforma o la que delata y señala?
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