La falta de pago por parte de la mayor obra social del país y los aumentos desfasados respecto a la inflación han puesto a las ópticas en una situación de vulnerabilidad extrema. Los profesionales advierten que el recorte en las prestaciones ya alcanza casi la mitad del servicio, dejando a los adultos mayores desprotegidos y sin acceso a un elemento esencial para su autonomía y calidad de vida. La situación del sector óptico en Argentina ha dejado de ser una preocupación administrativa para convertirse en una verdadera emergencia social, especialmente en provincias como Entre Ríos.
Marisa Scheffler, óptica, optometrista y referente gremial del sector, expuso con crudeza la realidad que enfrentan tanto los profesionales como los afiliados al PAMI
En diálogo con el Dr. Christian D´Alessandro en Somos Mayoría, la especialista señaló que el gobierno aplicó un feroz ajuste que se traduce en una reducción del 45% en las prestaciones otorgadas, un recorte que impacta directamente en la salud visual de los jubilados, quienes hoy se encuentran atrapados en un laberinto de demoras, falta de turnos y una atención que se degrada día tras día.
El trasfondo de este conflicto es estrictamente económico pero tiene consecuencias profundamente humanas. Mientras que los costos de los cristales, los insumos de laboratorio y la mercadería han seguido el ritmo de la inflación y las devaluaciones del último año, los aranceles que el PAMI paga a los prestadores apenas han sufrido variaciones mínimas. Scheffler describió estos incrementos como “monedas”, una cifra insuficiente para cubrir la estructura de costos de los pequeños comercios. Esta brecha financiera está provocando el cierre de ópticas familiares que ya no pueden financiar de su propio bolsillo los anteojos que el Estado debería garantizar, creando un embudo donde solo sobreviven quienes pueden resistir la cadena de pagos cortada.
Más allá de los números y las planillas de costos, el relato de Scheffler puso el foco en el costado más doloroso de la crisis: la desorientación del adulto mayor. Detrás de cada trámite rechazado o de cada demora de meses para recibir un par de anteojos, hay un jubilado que pierde movilidad, que no puede leer sus medicamentos o que se siente abandonado por un sistema que debería protegerlo. La crisis actual no solo pone en jaque la viabilidad de los profesionales de la visión en el interior del país, sino que consolida un escenario de exclusión donde la salud visual se convierte en un lujo inalcanzable para quienes más la necesitan.
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