El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei contiene un severo ajuste que impacta directamente en uno de los sectores más vulnerables: los jubilados que ganaron un juicio contra el Estado.
En el programa “Somos Mayoría” de Radio Gráfica, conducido por el Dr. Christian D’Alessandro, el abogado previsional Dr. Adrián Frascino alertó sobre el recorte en la partida destinada al pago de sentencias previsionales, afirmando que representa una decisión política de incumplimiento.
Según explicó el especialista, el Presupuesto 2026 reduce significativamente la asignación de fondos para cancelar deudas previsionales reconocidas judicial y administrativamente por la ANSeS. La caída en términos reales, descontando la inflación, es de casi el 60%.
El impacto de esta decisión es demoledor ante la abultada deuda social. El abogado detalló que actualmente, la ANSeS tiene 270.000 juicios en trámite, de los cuales 90.000 ya cuentan con sentencia firme y orden de pago, pero sin efectivizarse.
La capacidad de liquidación anual del organismo es de apenas entre 35.000 y 40.000 casos, lo que ya implicaba un atraso. Con el brutal recorte presupuestario, el tiempo de espera se vuelve indefinido para la mayoría de los demandantes.
El Dr. Frascino hizo hincapié en la diferencia entre el incumplimiento legal y el costo humano: “La ley dice que una sentencia debe abonarse en 120 días, pero en la práctica pueden pasar años. Muchos jubilados mueren esperando lo que les corresponde“.
Al cierre del segmento, el conductor Christian D´Alessandro reflexionó sobre la gravedad de la situación, poniendo el foco en los derechos humanos: “Los derechos previsionales son parte de la dignidad de la persona mayor y deben ser garantizados por el Estado. No se trata de números, sino de vidas que no pueden seguir esperando”.
“Este gobierno tomó la decisión de no pagar juicios”, sentenció Frascino, remarcando que se trata de una “obligación del Estado” y que “la plata está. Es una postura del Gobierno”.
El impacto de esta decisión es demoledor ante la abultada deuda social. El abogado detalló que actualmente, la ANSeS tiene 270.000 juicios en trámite, de los cuales 90.000 ya cuentan con sentencia firme y orden de pago, pero sin efectivizarse.
La capacidad de liquidación anual del organismo es de apenas entre 35.000 y 40.000 casos, lo que ya implicaba un atraso. Con el brutal recorte presupuestario, el tiempo de espera se vuelve indefinido para la mayoría de los demandantes.
El Dr. Frascino hizo hincapié en la diferencia entre el incumplimiento legal y el costo humano: “La ley dice que una sentencia debe abonarse en 120 días, pero en la práctica pueden pasar años. Muchos jubilados mueren esperando lo que les corresponde“.
Al cierre del segmento, el conductor Christian D´Alessandro reflexionó sobre la gravedad de la situación, poniendo el foco en los derechos humanos: “Los derechos previsionales son parte de la dignidad de la persona mayor y deben ser garantizados por el Estado. No se trata de números, sino de vidas que no pueden seguir esperando”.














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