Por Horacio Rovelli
Hay un plan sistemático y pergeñado por el gran capital, originalmente local, pero ahora reemplazado y cada vez más, para tener la dirección absoluta, por el capital financiero internacional con base en Manhattan.
Fueron los grandes estudios locales: Marval O’Farrell Mairal; Bruchou & Funes de Rioja; PAGBAM; Lisicki, Litvin & Asociados; PwC (PricewaterhouseCoopers); Deloitte, entre otros, los que redactaron los DNU y las leyes y los proyectos que se están tratando en el Congreso de la Nación. Pagado por los grupos locales, principalmente los miembros de AEA (Asociación Empresaria Argentina, dirigida por Héctor Magnetto de Clarín, Paolo Rocca de Techint, Federico Braun de La Anónima y del Banco Galicia, los Pérez Companc de Molinos Río de la Plata y Molinos Agro, Eduardo Elsztain de IRSA y otras pléyades del parasitarismo local. Son los que inventaron a Javier Milei que hoy los denosta y se burla amparado por el capital financiero de Manhattan (BlackRock, Vanguard, JP Morgan).
Para ello no dudan en corromper a diputados y senadores como lo demostró la aprobación de la Ley Bases (27.782) en la que por ejemplo el senador Edgardo Kueider, que voto a favor del RIGI, de la Reforma Laboral y de la venta de empresas públicas que contempla dicha ley, quedó detenido en Paraguay por lavado de dinero, al no poder demostrar el origen de U$s 200.000 con los que fue interceptado en la frontera. Si esa misma situación la viviera en Argentina hoy quedaría liberado por la ley de Inocencia Fiscal. También por el senador por la UCR, Martín Lousteau, que hizo un discurso en contra del proyecto, pero que posibilitó el quórum para su tratamiento y conversión en ley.
El Senado de la Nación que durante décadas fue el bastión inexpugnable del peronismo, hoy se transforma en lacayo de “La Libertad Avanza”. El jueves 26 de febrero 2026, 40 senadores (tres legisladores más que el quórum) dieron media sanción al votar a favor de modificar la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, tal como quieren las mineras. Lo hicieron con los votos de Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca), quienes gobernaron sus provincias y son miembros del bloque, Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) del bloque “Convicción Federal”, todos ellos se dicen peronistas.
Los ricos de este país están comprando en torno a 3.000 millones de dólares por mes, en el año 2025 la cuenta “Personas Humanas” del Balance Cambiario del BCRA demuestra que compraron 38.806 millones de dólares. Hubo quienes compraron 100, 1.000, 10.000 dólares en el año 2025, pero la mayor parte de los 38.806 millones de dólares fueron adquiridos por la minoría más rica del país, que no duda en cerrar sus empresas y enviarlas a la quiebra, mientras fugan capitales.
Tampoco dudan en endeudarse (gran parte es auto préstamos, para asegurarse que cuando se devalúe el peso, puedan transferir a todos nosotros su deuda vía seguro de cambio y/o pesificación asimétrica, como hicieron siempre. Desde el 27 de octubre de 2025 hasta el 20 de febrero 2026 colocaron obligaciones negociables por 8.600 millones de dólares, es esa sobreoferta de dólares en el mercado local, a la que se suman deudas en dólares tomadas por varias provincias y CABA, constituyendo un monto de 10.700 millones de dólares ingresados al mercado cambiario argentino en menos de cuatro meses, que explican la compra de divisas por el BCRA y el freno del precio de la moneda norteamericana en nuestro país.
Para ellos constituyen sociedades en los “paraísos financieros” de Luxemburgo, Bermudas, Islas Vírgenes, Panamá, Delaware (EEUU), Bahamas, las islas de Seychelles, etc., pero esas sociedades que arman en esas plazas es el instrumento legal, pero mayoritariamente giran ese capital a los grandes inversores y bancos que tienen su casa central en Manhattan (EEUU).
El problema es que ese capital necesita reproducirse con alta rentabilidad, y además de las actividades ilícitas (que llevan adelante), requieren realizar inversiones con bajo costo y que les permita apropiarse de los recursos naturales, por eso invierten en la Argentina en la minería y la extracción de petróleo y gas, donde obtiene tasas de ganancias exorbitantes (amparado por el inexistente control ambiental), y con ello, inversiones que se financian con los capitales fugados del mundo (incluido los de Argentina).
Vaya la paradoja, los ricos residentes en nuestro país compran y fugan más de 3.000 millones de dólares por mes, y en lugar que el Estado arbitre un medio para canalizar ese excedente en IBIF (Inversión Interna Bruta Fija), prefiere endeudarse y posibilitar que el capital extranjero se apropie de los recursos naturales que le pertenecen a los argentinos del presente y de las generaciones por venir.
LA MODIFICACIÓN A LA LEY DE GLACIARES
La Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en Argentina en 2010, protege glaciares y áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce, prohibiendo expresamente actividades mineras e industriales que puedan contaminar o destruir estos ecosistemas.
Los glaciares son masas de hielo en las altas montañas, de ellos nacen ríos, arroyos y vertientes y son reservas estratégicas de agua dulce. Se estima que Argentina posee alrededor de 15.000 glaciares distribuidos a lo largo de la Cordillera de los Andes, desconocer el origen glaciar de la gran mayoría de los ríos del país es negar la vida misma de los pueblos. El ambiente periglacial, es el territorio de alta montaña donde el suelo permanece congelado gran parte del año y guarda agua en forma de hielo bajo tierra, regulando el clima y el ciclo del agua y dando nacimiento a cursos de agua, por lo que es una gran reserva. En ambos hay seres vivos, hay pueblos, animales, vegetación que viven en relación con éstos.
La reforma planteada de la ley 26.639 impulsada por el gobierno nacional, con el aval de los gobernadores de las provincias mineras, Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta), que son los mismos que Javier Milei invita al evento “ Semana Argentina” a realizarse entre el 9 y el 11 de marzo 2026, en la sedes de JP Morgan y del Bank of America de Nueva York. Es grave, cuando el informe de las Naciones Unidas denominado “Quiebra Hídrica Global” alerta sobre los glaciares en retroceso, debido al innegable impacto del calentamiento global, y que defender la norma vigente significa salvar cada gota de agua y la vida.
Los glaciares y ambientes periglaciales son ecosistemas complejos, con su propia biodiversidad, historial formativo, evolución y funcionamiento, y con sus propias interacciones con otros ecosistemas terrestres y acuáticos circundantes.
El Dr. Raúl Montenegro, biólogo, premio Nobel Alternativo 2004 (RLA, Estocolmo, Suecia) y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, dice al respecto: “Cuando la Cámara de Diputados de Chile me invitó para fundamentar su oposición a que Barrick Gold (proyecto binacional Pascua Lama) explotara el subsuelo de los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza, enfaticé la necesidad de abordar los ambientes glaciares y periglaciales como ecosistemas, no solo como ´agua congelada´. Recuerdo que los legisladores adoptaron esta visión ecosistémica, contra la absurda propuesta de Barrick Gold de trasladar esos tres glaciares a un cuarto glaciar (Amarillo) cortándolos en trozos para luego ser transportados por los gigantescos camiones mineros. Lo que omitía Barrick Gold deliberadamente, y lo que omite también Javier Milei, es que cuando un glaciar o un ambiente periglacial se destruye, la nieve que caía sobre ellos ya no ingresa a un sistema de acumulación y conservación. Esto es, la fábrica de hielo, de geomorfología glaciar, y de biodiversidad glaciar simplemente dejan de funcionar”.
Incluso en nuestro país, las empresas mineras durante años buscaron que la norma no se aplique a partir de planteos judiciales. Por ello, el 4 de junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares en el fallo “Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional”. Entre sus considerandos, expuso que “antes que buscar la confrontación de sus mandatos, los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional deben ser interpretados buscando adaptar la gestión de los recursos naturales a las directivas de la cláusula ambiental, para cumplir de la forma más fidedigna posible un mecanismo propio del federalismo concertado que estableció el constituyente reformador de 1994”.
La Barrick Gold, ahora denominada Barrick Mining Corporation es propiedad principalmente de inversores institucionales como The Vanguard Group, Inc. y Van Eck Associates Corp. de los EEUU.
La reforma planteada a la ley 26.639 solo protege lo que tenga “función hídrica comprobada”, que es contradictorio ya que todos los ambientes periglaciares y glaciares tienen función hídrica. Habilita a las provincias a determinar que son funciones hídricas comprobables y a excluir zonas del Inventario realizado por el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), dependiente del CONICET.
Esto va en contra del principio constitucional de no retroactividad de las leyes: la sanción de una ley siempre garantiza derechos a futuro. Y autoriza actividades económicas, sobre todo mineras, hidrocarburíferas, caso por caso, que podría dar lugar a más lobbys y presiones de corporaciones transnacionales sobre los funcionarios provinciales dando lugar a hechos de corrupción.
La prueba está en Catamarca, provincia minera donde se desarrolló hasta casi agotarse en el año 2018 la mina de cobre y oro “Bajo la Alumbrera” (una UTE conformada por Glencore, Yamana Gold, y Golscorp Inc), que fue el primer mega-emprendimiento hidro-químico desde el año 1997 en el departamento Belén (Catamarca). En el presente, dado el precio internacional alcanzado por el cobre, la UTE que dirige el yacimiento de “Bajo La Alumbrera” se propone reactivar la explotación de la mina. La apertura de otra mina de oro y cobre gigante, Agua Rica (Yamana Gold) en el año 2009, proyecto que está ubicado a unos 25 kilómetros al norte de la localidad de Andalgalá, en el sector sur de la Sierra del Aconquija, donde se explota oro, cobre, plata y molibdeno a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Ambos proyectos han generado y generan impactos potenciales en glaciares de roca y ambientes periglaciares del Aconquija al desarrollarse cerca de zonas de congelamiento del suelo, que deberían estar protegidos debido a su función hídrica.
Glencore es una empresa minera de origen suizo, sus principales accionistas son BlackRock y Vanguard Group. Se ha diversificado en este siglo a la producción y venta de granos asociada a Bunge.
Yamana Gold fue comprada por American Silver Corp. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa (TSX: PAAS, NASDAQ: PAAS), son sus accionistas, principalmente grandes instituciones financieras como Van Eck Associates Corp. (12,81%), Blackrock, Vanguard, y Fidelity Investments
Goldcorp Inc. fue adquirida en el año 2019 por Newmont Mining Corporation (ahora Newmont Corporation) en un acuerdo valorado en U$s10.000 millones. Como resultado, Goldcorp dejó de existir como empresa independiente y sus activos pasaron a formar parte de la compañía Newmont Corporation, empresa, cuya propiedad mayoritaria es de inversores institucionales, destacando BlackRock, Inc. y Vanguard Group, Inc. con participaciones significativas.
En el año 2016, un equipo del CONICET investigó los componentes hidroquímicos de cinco ríos del departamento de Andalgalá. El informe mostró que “los niveles de cobre, cromo y plomo exceden los niveles guía de calidad de agua para protección de vida acuática”. Y que tres de esos ríos, los que por ser de mayor caudal abastecen al pueblo de agua potable y riego, presentan Manganeso “en valores que exceden los máximos permitidos para agua de consumo humano del código alimentario argentino”.
Las exportaciones declaradas de oro desde Argentina en 2025 fueron por 4.078 millones de dólares (mayor que la exportación del complejo carne y cuero bovino), jugando en ello el alto precio internacional, y representa el mayor aporte dentro de las exportaciones mineras totales del año, que ascendieron a un máximo de 6.037 millones, concentrándose principalmente en las provincias de Santa Cruz y San Juan.
El cobre (materia prima esencial para los cables de los autos eléctricos, necesarios para reemplazar los de combustión) aparece muy relegado en las exportaciones que se declaran, pero la provincia de Mendoza modificó, pese a las advertencias de la Universidad de Cuyo la ley provincial 7.722 y habilitó la mina San Jorge de oro y cobre en Uspallata, en área periglacial y numerosos glaciares de escombros, los cuales funcionan como reguladores hídricos esenciales. Estos ecosistemas frágiles, con hielo interno y suelos congelados, son fundamentales para el suministro de agua en el río Mendoza.
La empresa McEwen Cooper de Canadá lidera el desarrollo del proyecto minero Los Azules en San Juan, destinado a la exploración y explotación de cobre, proyecto aprobado en el RIGI, con una inversión de 2.672 millones de dólares
La empresa Glencore explota la mina de Pachón en esa provincia, su emplazamiento en alta montaña involucra la cuenca del río Los Patos, uno de los cuatro afluentes del río San Juan. Afecta los glaciares existentes, el ambiente periglaciar y permafrost, que constituyen un factor esencial para el abastecimiento de recurso hídrico en la zona.
Finalmente, el megaproyecto Vicuña Corp (BHP y Lundin Mining), en San Juan, que incluye los depósitos Josemaría y Filo del Sol a 4.230 y 5.200 metros respectivamente sobre el nivel del mar, que atraviesan áreas glaciares y periglaciares a través de caminos y áreas de funcionamiento de los propios proyectos, y se perfila como el mayor desarrollo cuprífero de la Argentina con una inversión inicial de 7.000 millones de dólares y que es el mayor impulsor de la reforma de la ley 26.639.
Vicuña Corp. nació en enero del 2025, tras un joint venture entre Lundin, una minera canadiense valuada en 28.500 millones de dólares con operaciones y proyectos en Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos dedicada a la producción de cobre, oro y níquel, y BHP, la mayor minera del mundo por capitalización bursátil (171.000 millones de dólares) fundada en 1885 con sede en Melbourne, Australia, y uno de los principales productores globales de cobre.
CONCLUSIÓN
La Constitución Nacional de 1994 y los tratados internacionales firmados por la Argentina, plantean que los recursos naturales son de las provincias por derecho originario, pero son un bien colectivo del pueblo argentino, con responsabilidades compartidas entre Nación, provincias y ciudadanos para su uso racional y sostenible, por ende, ni el Poder Ejecutivo, ni el Parlamento pueden disponer de esos recursos, sin consultar específicamente al Pueblo, y más cuando se reinterpreta con el proyecto de modificación de la ley 26.639, que significa “función hídrica comprobada”.
Por lo tanto, debe llevarse a cabo una consulta vinculante que refrende o impida las leyes aprobadas por un Congreso de la Nación que se convierte en un mero apéndice del plan de saqueo del presente y del futuro de nuestro país
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