El Poder Ejecutivo Nacional intervino el Puerto de Ushuaia a través de la Agencia Nacional de Puertos el pasado 21 de enero generando una fuerte polémica con las autoridades de la provincia de Tierra del Fuego e incertidumbre por la continuidad y el pago de salarios de casi 200 puestos de trabajo.
El Puerto de Ushuaia es estratégico por ser la última parada de los buques y cruceros que van hacia la Antártida y el cual también es relevante para el ingreso de insumos para la producción industrial de la provincia. A nivel geoestratégico se encuentra en la cercanía del paso interoceánico en plena etapa de conflictos geopolíticos candentes.
Jonathan Chocobar, secretario de Interior de ATE Tierra del Fuego, dialogó con Radio Gráfica para detallar cuál es la situación de los trabajadores del puerto.
“La intervención fue arbitraria, lo hicieron de noche en un momento donde había pocos trabajadores. Esto fue en complicidad con algunos trabajadores de la Dirección Nacional de Puertos de Tierra del Fuego. Con la intervención mandaron un listado de 15 personas que son las que pueden entrar y sacaron a los que estaban haciendo su trabajo y a los que llegaron al otro día no los dejaron ingresar“, contó.
Son en total 190 trabajadores que esperan precisiones sobre la continuidad laboral y el pago de salarios. Actualmente están acampando en la zona del puerto bajo control provincial.
“Es el único puerto del país manejado por una Provincia y trabajadores estatales, el resto están en manos privadas. No queremos perder ningún derecho ni la soberanía. Hoy estamos a la espera de confirmar los puestos de trabajo y el salario”, agregó Chocobar.
La intervención designó a 15 trabajadores para ingresar al puerto y como persona responsable a Juan Avellaneda del cual Chocobar dijo: “Ingresó al puerto hace 20 años, estuvo rondando por varios sindicatos. Él es el entregador y el traidor. 15 personas no pueden manejar este puerto que tiene movimiento por turismo, pesca e industria”.
Asimismo, adelantó que están esperando que se firme un acta acuerdo con las autoridades provinciales “para garantizar los puestos de trabajo y los salarios”.
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