Un conflicto que expresa todo un momento para la industria nacional. Por un lado, están aquellas empresas en crisis por la baja de ventas y la apertura importadora y otras que a pesar de tener buenos niveles de producción ven la oportunidad de flexibilizar las condiciones de trabajo e implementar una reforma laboral de hecho. Es el caso del multinacional Sealed Air que viene de despedir, semanas atrás, 65 trabajadores de su planta en la localidad de Quilmes.
Sealed Air es una multinacional de origen estadounidense que opera desde hace décadas en el país. Es una petroquímica que entre otros productos fabrica los envoltorios termocontraibles para el envasado de quesos y carnes de exportación. Un conflicto que arrastra más de dos meses a partir del cierre de un área, del despido inicial de 97 trabajadores -luego se redujo el número- y de la búsqueda de mayores márgenes de rentabilidad. Los trabajadores están representados por el Sindicato de Químicos y Petroquímicos (SPIQYP) que encabeza Facundo Aveiro.
El conflicto se inició el 3 de noviembre pasado, días después del triunfo electoral de La Libertad Avanza, cuando Sealed Air despidió a 97 trabajadores de su planta de Quilmes. Con la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense fue dictada la conciliación obligatoria que sentó a las partes a negociar. Poco más de un mes después, el acuerdo fue reducir a 45 despidos, pero al momento de firmar el mismo la empresa corrió el arco y buscó imponer nuevas condiciones. Como fueron rechazadas, el pasado 29 de diciembre elevó los despidos a 65 (20 más de los ya previstos) lo que generó un paralización de la planta desde el 5 de enero.
Alfredo Piscopo, delegado general de Sealed Air, detalló a Radio Gráfica: “Se acordó que 45 compañeros tomen el retiro voluntario, muchas cercanos a la jubilación que decidieron dejar los puestos a los más jóvenes. El 19 de diciembre pasado nos traen el escrito del acuerdo que habíamos hecho en el cual la mitad de las cosas no las habíamos hablado. Hicimos una contrapropuesta por la cual tuvimos una audiencia el 29 de diciembre en el Ministerio de Trabajo. Allí nos amenazaron, ´si no firman el escrito echamos a 25 personas más´. Lo rechazamos y así fue que al rato comenzaron a llegar los telegramas a los compañeros. Evidentemente ya estaba todo armado, ellos querían el conflicto”.
Pablo Senlle, subdelegado de la empresa, agregó: “La empresa busca ampliar su margen de rentabilidad y ser competitivo con las demás locaciones. Tiene 60 plantas en todo el mundo, a nosotros nos comparan con Brasil en particular, pero esa es una planta mucho más tecnologizada. En vez de competir con la inversión lo quieren hacer con el costo laboral. Buscan implementar la reforma laboral en la empresa. Quieren que trabajemos con menos gente y más producción“.
En esa dirección, Piscopo agregó: “Buscan reducir la cantidad de personas por sector. Donde había nueve que haya siete, donde había dos que haya una. Además que mantengamos la producción que se hacía en seis días en cinco, pagando solo una parte del sábado”.
“La planta tiene en total 204 trabajadores, con 65 despidos es inviable su funcionamiento“, añadió.
Paralizada la planta desde el 5 de enero, la respuesta de la empresa fue plantear la reincorporación de apenas tres de los 65 trabajadores. Priorizaron aquellos con hijos con discapacidad, tras que se viralizaran imágenes de un trabajador denunciando la situación a través de la televisión y replicado en redes sociales.
Más de dos meses de conflicto, con empresas envalentonadas a cambiar las condiciones de trabajo en un conflicto que sigue abierto.
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