Días atrás, en el marco del debate en Comisión por el proyecto de ley que establece la Emergencia Pediátrica en la Cámara de Senadores que finalmente tuvo sanción este jueves, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero expresó que “no cree que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan”. Lo dijo a partir del debate por recomponer ingresos para un hospital de alta complejidad, que por estas características, atiende chicos y chicas de todo el país.
El titular de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, fustigó las expresiones de la Senadora del PRO por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, y enfatizó en la necesidad de sostener políticas públicas sobre las infancias. Paralelamente enviaron una nota al Senado con una serie de reclamos y demandas.
Catalano afirmó: “Frente a los dichos carentes de sentido común y llenos de odio por parte de la senadora Carmen Álvarez Rivero sobre la niñez, en un país donde 4,5 millones de pibes no tienen garantizada la comida, notificamos a todos los jefes de bloque del Senado sobre la situación de abandono y violencia que padecen nuestras infancias por culpa de un Estado ausente”.
La nota presentada desde ATE Capital tiene cuatro demandas. La primera de ellas es que la Cámara “se pronuncie en defensa de los derechos universales de las infancias y adolescencias, sin distinción alguna”.
A ello sumaron “la inmediata reactivación y financiamiento de los programas federales de niñez”, “garantizar la inclusión prioritaria de políticas de niñez y adolescencia en el próximo Presupuesto Nacional” y la “convocatoria a una mesa federal de diálogo con organizaciones sociales, sindicatos y organismos especializados en niñez”.
Desde ATE denunciaron que las políticas más afectadas son el Plan Nacional de Primera Infancia y Centros de Desarrollo Infantil; la Línea 102 dispuesta en forma permanente para la denuncia de casos de vulneración de derechos de infancias y adolescencias; el Programa Nacional de Primeros Años; Estrategia Aunar Familias; la Ley Lucio y el Programa de Prevención de Grooming.
También denunciaron el cierre de espacios federales de promoción de derechos que implica que niños y niñas pierdan el acceso a comedores, jardines y lugares de cuidado por lo cual quedan expuestos a situaciones de violencia sin redes estatales y que sufran mayores niveles de pobreza, malnutrición y deserción escolar”.
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