Por Emilia Trabucco*
“Si fuera cierta la frase de que no se llega a fin de mes, ustedes tendrían que caminar por la calle y estaría llena de cadáveres”. Con esta declaración, el presidente Javier Milei, en la Fundación Faro, buscó desacreditar las críticas a su plan económico el mismo día que derogaba por decreto un aumento del 7,2% en las jubilaciones votado por el Congreso. La frase, más que un diagnóstico, expone una mirada que invisibiliza las estrategias de supervivencia en un país donde 9 de cada 10 hogares están endeudados y el 76% de esas deudas está en mora o judicializadas.
En Argentina, el endeudamiento dejó de ser coyuntural para convertirse en un mecanismo estructural de subsistencia, el gran problema es que no resuelve la crisis, la profundiza. El 30,5% de las deudas corresponde a tarjetas de crédito — usadas en un 58% para comprar alimentos— y más de la mitad de los hogares destina entre el 40% y el 60% de sus ingresos al pago de deudas. El 12% supera ese umbral, quedando al borde del colapso financiero. Tres de cada cuatro deudas activas fueron contraídas en 2024, confirmando que la crisis no es un residuo del pasado sino un fenómeno provocado y acelerado por las políticas del gobierno actual.
La particularidad del endeudamiento en esta fase de capitalismo financiero, es que la digitalización de la economía, vuelve posible la financiarización de la economía cotidiana en la que los intereses se comen el salario y muy pocos ganan mucho. Mercado Pago, la fintech de Marcos Galperín, debutó en julio en el mercado de capitales local con una colocación de $51.000 millones y amplió su base de usuarios gracias a un negocio inédito, desde abril de 2024, ANSES canaliza pagos de la Asignaciones Universales por Hijo (AUH), asignaciones familiares, Progresar y programa Hogar a través de la plataforma, reteniendo los fondos 15 días antes de acreditarlos a los beneficiarios. Durante ese lapso, la empresa invierte esos recursos en fondos comunes exentos de impuestos, generando ganancias con dinero público destinado a los sectores más vulnerables.
La maniobra no es nueva, en 2019, durante el macrismo, se habilitó el pago piloto de AUH por billeteras digitales, pero ahora, bajo Milei, el esquema se masifica. Según Mercedes D’Alessandro, por cada AUH el costo de adquisición de cliente para una fintech ronda los USD 200: multiplicado por los 2,5 millones de beneficiarios, el Estado transfiere indirectamente cientos de millones de dólares en valor potencial a una empresa privada. “A eso sumale la bicicleta financiera y los subsidios de 100 millones anuales por la Ley de Economía del Conocimiento (LEC), destaca la economista.
“Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes, que lo hacemos gratis”, tuiteó Galperín, el hombre más rico de Argentina, ante el anuncio del gobierno sobre el cobro de beneficios por su billetera. La afirmación es falsa: los beneficios sociales siempre se depositaron directamente en cuentas personales, históricamente en el Banco Nación. La diferencia es que ahora, en lugar de reforzar la banca pública, esos fondos transitan por una fintech privada que lucra con su manejo.,
La magnitud de este flujo no es menor. Desde que Milei asumió, la AUH pasó de $41.322 en enero de 2024 a $112.919 en agosto de 2025 (103% de incremento real respecto de noviembre de 2023), mientras que la Tarjeta Alimentar quedó en $52.250 para familias con un hijo y $108.062 para familias con tres o más. Estos beneficios contrastan con las caídas de -35% de los salarios, -4% de jubilaciones, -41% en Universidades, -84% en obras públicas (explicando una caída de 30% del gasto público) y hoy representan un volumen clave de circulante que ingresa a Mercado Pago, explicando en parte el endeudamiento exponencial, para muchas familias, este ingreso fijo mensual es el único respaldo para acceder a crédito en la plataforma.
Así, actores financieros y digitales como Galperín se convierten en los nuevos “punteros” de la política social, administran flujos millonarios, fidelizan usuarios cautivos y acceden a bases de datos masivas de la seguridad social. Lo que antes estaba circunscripto a redes territoriales y estatales hoy se terceriza en corporaciones que combinan servicios financieros, manejo de datos y especulación bursátil.
Como analizaba Aguilera en diciembre de 2024, “por un lado, los sectores populares están endeudados totalmente, pero llegan a fin de mes. No aspira a un salario paupérrimo de un trabajo formal que está por debajo de la línea de la pobreza y que tiene que trabajar entre 8 y 10 horas, si él o ella puede sostenerse con trabajos informales, conciliarlas además con las tareas domésticas. Aparece la aspiración al trabajo en plataformas, a monetizar la actividad en redes sociales. La concepción del trabajo cambió, la arquitectura del trabajo, del ingreso, se modificó”.
Lo que está en curso es una reconfiguración profunda de la arquitectura del mundo del trabajo y del consumo. Las variables tradicionales —salario, empleo formal, inflación— ya no alcanzan para explicar la dinámica: crecen los “nuevos sujetos económicos” vinculados a plataformas, el trabajo fragmentado y la dependencia del crédito digital. Milei acelera esta transición, desplazando funciones históricas del Estado hacia corporaciones tecnológicas que capitalizan datos, flujos financieros y fidelización forzada de usuarios, mientras el endeudamiento reemplaza al salario como sostén de la vida cotidiana.
Así, el endeudamiento individual de las personas mediante la virtualización financiera genera una respuesta a la urgencia de sobrevivir, que se combina con disciplinamiento con políticas de represión y cibervigilancia, y contención social que se sostiene conjuntamente con las nuevas mediaciones sociales de conducción política.
Una nueva ingeniería de contención social se despliega en red y en redes, singularizando las necesidades básicas, antes colectivizadas en problemas del común que eran fermentos de lucha, que individualizan la desesperación y proyectan en plataformas créditos para la “llegar a fin de mes”, endeudando a trabajadores y trabajadoras formales e informales, extendiendo la esperanza de vivir mejor, mientras legitiman con falacias la necesidad de soportar el sufrimiento cotidiano.
En este laboratorio de la desigualdad, la frase presidencial no describe un país sin cadáveres, sino un país que sobrevive a crédito, con tasas usurarias y plataformas como nuevas cajas de pago de la política social. Un modelo que, si no se disputa, puede consolidar un orden en el que el hambre se mide en mora bancaria y la inclusión se decide y administra desde una aplicación.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.
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