Un hospital con un edificio emblemático en el barrio de Caballito, frente al Parque Centenario. Allí está el Hospital Naval, con un diseño arquitectónico, que busca emular a un barco de guerra, con ventanas al estilo de los ojos de buey de las embarcaciones. Dentro de esa imponente estructura funciona un hospital que atiende a personal de la Armada Argentina y que también tiene convenios con otras obras sociales y efectores de salud.
Hoy se abre un gran interrogante sobre su continuidad a partir de una decisión de la Armada de realizar cambios orientando la institución hacia un negocio privado. No se sabe que puede ocurrir con más 500 trabajadores en los próximos meses y obviamente con los pacientes que allí se tratan en un contexto donde la obra social de las fuerzas de seguridad está detonada y con un pésimo servicio.
Esta situación, llevó a que los trabajadores y trabajadoras realizarán un paro el pasado 31 de julio ante la falta de certezas de la continuidad y derechos de 523 puestos de trabajo donde denunciaron no solo el vaciamiento sino el desembarco de una empresa para la gestión del hospital.
Un poco de historia. El Hospital Naval fue creado en 1946, con el edificio mencionado líneas arriba que fue inaugurado, con diseño de Clorindo Testa, en 1984. La crisis presupuestaria de comienzos del gobierno de Carlos Menem generó que la Armada creara en 1991 la Fundación Sanidad Naval para cogestionar el hospital y conseguir recursos. El rol inicial de esta Fundación era hacer convenios con otros actores de la salud, contratar trabajadores así como diferentes tareas para el funcionamiento del Hospital.
Con el tiempo fue creciendo en importancia siendo el principal canal de contratación de trabajadores para el hospital. Hoy son 520 los contratados por esta fundación de casi 800 trabajadores totales con que cuenta el Naval.
Marcelo Rojas, licenciado en enfermería, delegado por ATSA, en el hospital en diálogo con Radio Gráfica alertó: “Hubo una decisión del Jefe del Estado Mayor de la Armada de terminar con el convenio que tenía la fundación con el Hospital. La idea es sostenerla hasta el 31 de diciembre próximo para luego disolverla. Para reemplazarla lanzaron una licitación donde la única que se presentó fue una empresa de nombre Confederada Salud de Bahía Blanca. Es decir se cambia de una fundación a una empresa que va a lucrar con el hospital”.
Preguntas sin respuestas: Si toma esta empresa, ¿serán respetados los puestos de trabajo con los derechos adquiridos? “Casi un 80% de los que estamos en el hospital estamos contratados por la Fundación. No se va a poder dar servicio ni a los pacientes de IOSFA ni a los que vienen por convenio con la obra social de la Armada“, responde Rojas.
El sindicato de Sanidad, que tiene como referente a Héctor Daer, es el que representa a los trabajadores. La situación llevó a que Daer fuera a la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Seguridad Luis Petri y el jefe de la Armada Carlos María Allievi el pasado 22 de mayo. Ese día Daer apuntó que la reunión pasaba del Hospital Naval, pero daba a la confusión porque coincidió con el día en que el Gobierno publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia desregulando a la Marina Mercante y limitando el derecho a huelga en múltiples actividades.
El propio Héctor Daer publicó en redes sociales que desde el sindicato impugnaban el proceso licitatorio promovido por la Armada reclamando que el nuevo prestado respete la “antigüedad; la categoría profesional y salarial; los derechos legales y convencionales; encuadramiento en el convenio colectivo de Sanidad y derechos sindicales“.
La única empresa que se presentó a la licitación para reemplazar a la Fundación Sanidad Naval fue Confederada Salud que según informa en su sitio web tiene centros de salud en Bahía Blanca y Añelo, Neuquén.
“Esta empresa se constituye como una SRL, es decir que va a venir a lucrar con el hospital. Entendemos que eso es una privatización”, advierte Rojas.
“La Fundación ha tenido auditorias y siempre las ha pasado exitosamente. Ahora corremos el riesgo de quedar en la calle y sin un peso. Si tuvieran que pagar las indemnizaciones son 21 mil millones de pesos. Tampoco queda claro que puede ocurrir con todo el material y aparatos que son de la Fundación como la caldera, material quirúrgico, instrumentos y equipamientos “, puntualizó.
Para finalizar alertó: “No son es la continuidad de los puestos de trabajo, hay un riesgo de perder un hospital de alta complejidad”.
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