El Gobierno nacional publicó una serie de decretos el 7 de julio— en el último día en el que contaba con las facultades delegadas otorgadas por el Congreso— disolviendo y modificando una serie de organismos, entre los que tienen mayor impacto el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Desde entonces, las organizaciones sindicales del sector llevan adelante un plan de lucha que incluyó movilizaciones, asambleas, presentaciones judiciales y la persuasión a legisladores nacionales para que rechacen el DNU y, de ese modo, reviertan el proceso de “desguace” de organismos estratégicos de la Argentina.
Sobre el caso puntual del INTA, dialogó con Radio Gráfica Mario Romero, secretario general de la Asociación de Personal del Instituto de Tecnología Agropecuaria (APINTA), que junto a ATE viene trabajando en forma conjunta en defensa del organismo.
La Feria ExpoAgro, días atrás, fue un espacio donde diferentes voces, incluyendo gobernadores, defendieron el rol del INTA a nivel nacional y su apoyo en asesoramiento y tecnología para los productores. Uno de ellos fue Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.
“Le pedimos al gobernador que sea consecuente con el discurso que dio en ExpoAgro, para que sus legisladores acompañen la derogación en ambas Cámaras“, enfatizó Romero.
“Es fácil expresarse en un acto o en un medio de comunicación, pero después terminan entregando el patrimonio del país al Gobierno nacional. En lo gremial, estamos profundizando el contacto con diputados de todo el país y de distintos espectros políticos, pidiendo su apoyo para la derogación del decreto”, adelantó el titular de APINTA.
“El Gobierno nacional presiona a gobernadores, diputados e intendentes. Esperemos que se pongan la camiseta y defiendan los organismos del Estado con presencia federal, que son clave para el desarrollo del país”, completó.
“Nosotros estamos yendo a visitar uno por uno a los legisladores, ya lo hemos hecho con más de 70. También nos hemos reunido con el bloque de Unión por la Patria”, indicó Romero.
“Las modificaciones avanzan hacia un desguace en la investigación, transferencia y extensión tecnológica. Planean cerrar 300 Agencias de Extensión Rural en todo el país, lo que pondría en disponibilidad a 1.500 trabajadores y en riesgo el asesoramiento que reciben pequeños, medianos y grandes productores de las economías regionales”.
“De este modo, vamos hacia un INTA unitario y centralizado, que solo mirará la Pampa Húmeda. Por eso, le pedimos a los gobernadores que defiendan al INTA“, concluyó Romero.
EL INTA COMO BOTÍN: “QUIEREN VENDER LOS CAMPOS Y QUEDARSE CON SU PRESUPUESTO”
Consultado sobre las razones por las cuales el Gobierno busca avanzar contra un organismo que asiste a productores agropecuarios de todo el país, Romero respondió:
“Vienen por los bienes del INTA, por los campos que tiene, por las hectáreas en producción e investigación con estaciones experimentales. Quieren hacer negocios inmobiliarios con esos terrenos, venderlos para seguir bancando la timba financiera del Gobierno. Ya lo dijo Caputo abiertamente semanas atrás”.
Otro punto que destacó Romero es que el Gobierno busca manejar discrecionalmente el presupuesto del INTA:
“Hasta hace poco, su financiamiento provenía de impuestos a las importaciones y tasas estadísticas. El INTA recibía 500 millones de dólares anuales; este año le asignaron solo 240 millones. La diferencia va a un fondo de tecnología con más de 400 millones de dólares, un monto que estos piratas quieren usar para sostener el dólar y pagar deuda”.
EL CAMINO JUDICIAL
Días atrás, APINTA y ATE presentaron una acción judicial para frenar el desmantelamiento del organismo, una estrategia que ya tuvo resultados positivos en otros casos, como la Dirección Nacional de Vialidad y el INTI.
Romero detalló los pasos seguidos y un cambio en la estrategia legal:
“Junto con ATE, presentamos un amparo laboral el 22 de julio, pero el juez se declaró incompetente, aunque habilitó la feria judicial. Luego, la Cámara Contencioso-Administrativa no lo admitió. Por eso, retiramos esa presentación para hacer una nueva en el fuero Contencioso-Administrativo”.
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