El agua: negación de un derecho humano, hacia un nuevo y viejo fracaso

Por Foro Economía y Trabajo*

AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS

Mientras en el mundo se revisan críticamente las privatizaciones de los años noventa del siglo pasado, particularmente las de la provisión del agua y de los servicios sanitarios, el gobierno de Javier Milei, mediante un nuevo e irregular decreto de necesidad y urgencia, acaba de ratificar su decisión de privatizar la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), buscando conseguir dólares para sostener un esquema económico insostenible.

Lamentablemente la Argentina ya transitó por ese camino y sus resultados no fueron buenos. Los datos sobre la privatización de Obras Sanitarias de la Nación, realizada el 1° de mayo de 1993, en forma integral, mediante el procedimiento de adjudicar la licitación al consorcio que ofreciera una mayor reducción tarifaria, muestran en forma clara el fracaso de la privatización.

La licitación fue ganada por un consorcio encabezado por la multinacional francesa Lyonnaise des Eaux (Suez) que presentó una oferta predatoria, esto es, que sus números no cerraban para cumplir las exigencias contractuales.

La opción elegida por reducción tarifaria derivó en que la concesión fuera otorgada en forma gratuita, exceptuada del pago de canon, lo cual no tiene justificación económica. Entre los compromisos asumidos figuraba la expansión de los servicios de agua y cloacas con metas precisas de carácter cuantitativo (cantidad de habitantes a incorporar a los servicios) y de carácter geográfico (zonas hacia donde debía expandirse).

¿Qué hizo AASA, la empresa concesionaria? Se expandió hacia las zonas con usuarios de mayor poder adquisitivo (norte del AMBA), los que podían pagar las tarifas, postergando a los habitantes de zonas de bajos ingresos.

En materia tarifaria, se estableció que los precios debían permanecer estables durante los primeros 10 años y después de ese lapso sólo podrían disponerse reducciones en los valores vigentes. Sin embargo, la tarifa de un usuario residencial no medido tuvo un crecimiento entre mayo de 1993 y enero de 2002 del 82 % mientras que la inflación (IPC) en el mismo periodo fue del 7 %. La mayoría de las subas, que incluyeron nuevos cargos, fueron extra contractuales, autorizados por el ente regulador (ETOSS) y por la autoridad de aplicación, comandada por la Ingeniera María J. Alsogaray.

Los incumplimientos contractuales determinaron que la cobertura del servicio de agua potable en el 2003 fuera del 79 % cuando la meta comprometida era del 88% y en el de desagües cloacales se alcanzó un 63 % frente a la previsión del 74% establecida en el contrato.

Tampoco AASA (Aguas Argentinas) cumplió con la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en el municipio de Berazategui. Fue AySA quien después se hizo cargo de la construcción que estuvo terminada en tres años e inaugurada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011.

Los aumentos tarifarios extracontractuales y los incumplimientos de las metas de inversión permitieron la obtención de elevadas tasas de rentabilidad. AASA tuvo una rentabilidad promedio sobre facturación del 13 %, tasa que se eleva a más del 20 % en la relación utilidades/patrimonio neto, muy por encima de los promedios que caracterizan a servicios similares en países desarrollados.

Los incumplimientos contractuales mencionados a lo que se suman desvíos en las metas de calidad, como la presencia de nitratos en varias localidades y la falta de presión en muchas zonas, determinaron la rescisión del contrato y la creación de AySA en 2006.

Pero el fracaso privatizador no sólo abarcó el caso de AASA, ya que la privatización de los servicios públicos se había extendido hacia las provincias. Es así como a fines del 2001, casi el 60 % de la población del país era abastecido por empresas privadas. Del total de 15 empresas que fueron privatizadas 11 de ellas fueron re-estatizadas. Además de Aguas Argentinas, son los casos de Tucumán (1998), Buenos Aires (2002, las dos empresas que se habían fusionado en Aguas Bonaerenses S.A.), Formosa (2002), Santa Fe (2006), Catamarca (2008), La Rioja (2010), Mendoza (2010), Salta (2009) y Jujuy (2015).

En la actualidad, sólo quedan cuatro empresas de agua y saneamiento privatizadas: Aguas Cordobesas S. A., que abastece a la ciudad de Córdoba (sólo de agua ya que el servicio de saneamiento está a cargo del gobierno municipal); Aguas de Corrientes S. A., que abastece a la ciudad de Corrientes y otras 13 localidades de la provincia –esta fue la primera privatización del sector, en el año 1991-; Aguas de Santiago S. A., en la Provincia de Santiago del Estero; y Aguas de Misiones S. A. que abastece a las ciudades de Posadas y Garupá, en Misiones. Entre las 4 abastecen a menos de un 10% de la población del país.

EN EL PLANO INTERNACIONAL

La crisis del modelo privatizador y la tendencia a re-estatizar las empresas es un fenómeno que se ha ido extendiendo en el ámbito internacional y que se observa en países y ciudades sumamente dispares. Tanto en países desarrollados, donde el abastecimiento prácticamente se ha universalizado, es decir alcanza casi al 100% de la población, como en regiones periféricas donde aún existen grandes desigualdades en el acceso al agua y aún mayor en el saneamiento, el modelo privatizador y mercantil ha entrado en crisis y los gobiernos optan por volver a un modelo público del agua.

Este proceso comprende diferentes alternativas no sólo la re-estatización, sino también la conversión en empresas de carácter local, porque la provisión del agua tiene esta modalidad, o el establecimiento de empresas de tipo comunitario. Proceso que podríamos definir como un nuevo modelo de gestión pública, que se distancia tanto del modelo privatista como del viejo modelo estatal del siglo pasado.

En el caso de Gran Bretaña, que ha sido emblemática en la privatización de los servicios públicos, cabe resaltar que en Escocia nunca fueron privatizados los servicios de provisión de agua, que en Gales la empresa Aguas Galesas se transformó en una empresa de carácter comunitario, donde los cuestionamientos a los resultados de la privatización fueron un tema central en la campaña electoral para las últimas elecciones.

HACIA NUEVAS FORMAS DE PROPIEDAD Y GESTIÓN

Estos procesos que involucran el retorno activo del Estado en la prestación y gestión de diversos servicios públicos deberían conducir a reflexionar y debatir intensamente, porque la discusión actual va más allá de la propiedad estatal o privada, dado que se trata de afrontar nuevos desafíos y posibilidades de encontrar nuevas formas de gestión que convoquen a los diferentes actores.

Es que estos nuevos y renovados procesos deberían comprenden un cambio fundamental en la concepción de los servicios públicos y particularmente del agua y el saneamiento, pasando de la lógica mercantilista que caracterizó a los programas de privatización hacia servicios de carácter público y su reconocimiento como derecho humano. Y ello involucra:

• a) la universalización eficaz del servicio, lo que necesita criterios adecuados para financiar la incorporación de aquellos que aún no están abastecidos y en casos de exploración privada la fijación de tarifas pagables;
• b) la calidad del producto, agua segura, tratamiento de los residuos cloacales y prevención estricta de la descarga ilegal de otros desechos contaminantes;
• c) organizar a la comunidad en nuevas formas de propiedad y gestión PÚBLICO SOCIAL NO RENTISTA que incluya la participación de usuarios, vecinos, trabajadores, y con estrictas condiciones, proveedores locales, que supere el ineficaz y mezquino esquema de la propiedad participada;
• d) justas condiciones laborales;
• e) claros y exigentes sistemas de control y de rendición de cuentas;
• f) preservación de los acuíferos

El agua es un derecho humano, recurso estratégico vital e imprescindible para todas las formas de vida, la salud, el trabajo y la producción, la economía sustentable, y la justicia social. En el contexto actual, de guerra económica por los recursos naturales, formas depredadoras de explotación y comercialización, de cambio climático negativo es fundamental asumir una estrategia para la conservación de los acuíferos, y el acceso asequible al agua a toda nuestra población con intervención social y pública del estado.

EL DECRETO 494/25 y LA PRIVATIZACIÓN de AYSA deben ser anulados.

Es el Congreso de la Nación el que debe legislar en cuanto a los servicios públicos.

(*) Foro Economía y Trabajo: Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Gabriel Barcelo , Noemi Brenta, Norberto Crovetto, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Jose M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Pablo Manzanelli, Nicolas Malinovsky, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Tomas Raffo, Alejandro Rofman ,Horacio Rovelli, Jose Sbatella, Nahuel Silva, Coordinación Eduardo Berrozpe. 

1) Lo hizo a través del DNU 494/25 y la Resolución N° 221 de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Economía, Milei y su ministro Luis Caputo pusieron en marcha la privatización total AYSA, mediante la venta del 90% del capital social en manos del Estado Nacional, disponiendo que el 51% del paquete accionario debe ser licitado para su adjudicación a un operador estratégico nacional o internacional, mientras que el remanente de acciones será vendido en bolsas y mercados del país. AYSA representa la empresa nacional prestadora del servicio de agua potable más importante del país, sirviendo al 25% de su población, cuyos objetivos centrales son garantizar el acceso al agua potable y saneamiento universal mediante el desarrollo de obras hídricas y de infraestructura, promoviendo el cuidado ambiental, preservando los recursos naturales. 

2) Bajo el pretexto del mantenimiento del equilibrio de las cuentas públicas, el Gobierno de Milei abre la puerta a grupos económicos, transnacionales y otros estados, que pareciera ya están elegidos, como podría ser el caso de Mekorot (empresa estatal israelí), para que administren un recurso estratégico para el país, esencial para la vida humana y la producción. La privatización del servicio de agua potable implica subordinar su prestación a la lógica de la maximización del beneficio empresarial y no de su acceso universal, negando así un derecho humano esencial para la vida. En esta línea, en 2024 se redujeron en un 70% * respecto del año anterior, las obras públicas de cloacas, saneamiento y ampliación del servicio llevadas adelante por AYSA. Y ahora, con la modificación del régimen regulatorio estarán habilitados para interrumpir el servicio por completo debido a la mora en los pagos, en un contexto de liberalización de las tarifas, que implicó incrementos en las facturas por más del 300% el último año. 

ii) Área Metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires.