Por Emilia Trabucco*
Esta “Semana de Mayo”, en vez de recordar la gesta de la emancipación del pueblo argentino que puso fin al dominio colonial español en el Río de la Plata, el gobierno nacional decidió profundizar su programa antipopular a través de múltiples anuncios. La fuerza encabezada por Javier Milei acelera la fórmula tradicional conservadora que tantas veces fracasó: ajuste brutal, represión a los sectores vulnerables y vaciamiento del Estado bajo el eufemismo de “modernización”. Esta semana quedó claro que el Ejecutivo está dispuesto a avanzar sin consenso, sin sensibilidad social y sin respeto por derechos adquiridos.
Luis Caputo, ministro de Economía y operador de confianza de los mercados, reapareció el jueves en la tradicional conferencia de prensa de Manuel Adorni, acompañado de Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA) y Juan Pazo, director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con un anuncio que parece más una maniobra distractiva que una política concreta: la supuesta “reparación de los ahorros de los argentinos”, cuyo objetivo es que las y los ciudadanos “dispongan de sus ahorros sin tener que justificar su origen permanentemente, con un esquema de confianza, desregulación y respeto a la privacidad financiera, buscando consolidar una nueva etapa de libertad económica”: “lo tuyo es tuyo y usalo como quieras”. ¿Qué sentido tiene esta propuesta económica en un país donde los salarios caen todos los meses frente a la inflación, con paritarias nulas y donde el acceso al crédito se volvió un privilegio de pocos? Como siempre, sin detalles, sin datos, sin diálogo.
El mismo ministro Caputo insiste en el concepto de “dolarización endógena”, un experimento teórico que, en la práctica, empuja al país hacia una economía binaria: quienes pueden operar en dólares y quienes quedan definitivamente afuera. ¿Quiénes pierden? Siempre los mismos: trabajadores, jubilados y jubiladas, pequeños comerciantes. Es la consolidación de una economía para pocos.
Con la frase célebre “sacar los dólares del colchón”, el ministro -quien ya había dicho en 2024 que los argentinos íbamos a tener que usar los dólares ahorrados para pagar los impuestos- planea que la circulación de dólares sea moneda corriente, sin controles de procedencia de esos fondos, fortaleciendo, según él, al mismo peso. Lo que no dicen es que este requisito del último acuerdo con el FMI, es uno de los eslabones que busca sostener el tipo de cambio estable hasta octubre, mes de las elecciones legislativas nacionales, conteniendo la inflación y generando una apariencia de estabilidad y libertad económica.
A esto se suma un avance feroz por parte del gobierno de Milei contra los derechos laborales conquistados en décadas de luchas sindicales y obreras, violando el derecho a huelga en actividades consideradas “esenciales”, una muestra más de la profundización de un régimen autoritario. Salud, educación, transporte, comercio exterior; todo puede ser esencial si el gobierno así lo define, y con esa excusa, se busca acallar cualquier protesta. “Están criminalizando la lucha social. Lo que se viene no es paz, es silencio forzado”, advirtió Hugo Yasky, diputado y dirigente de la CTA, una de las centrales obreras de Argentina.
Y cuando el silencio no alcanza, aparece la represión. Esta semana, la postal fue nuevamente aberrante: jubiladas y jubilados golpeados y gaseados por las Fuerzas de Seguridad que conduce la ministra Patricia Bullrich, en la manifestación de los miércoles frente al Congreso, en medio de una sesión fallida sin quórum para tratar el aumento del paupérrimo y escaso haber jubilatorio. No hubo diálogo, no hubo mediación. Solo gases, empujones y una clara decisión de marcar territorio: en la Argentina de hoy, protestar pareciera estar volviéndose ilegal. “Es una vergüenza nacional. Golpear a los que sostuvieron este país durante décadas es de una bajeza moral insostenible”, denunció Victoria Montenegro, legisladora porteña.
Como si todo esto no fuera suficiente, el Gobierno avanzó también con el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. Una decisión que no solo es simbólicamente grave, sino estructuralmente peligrosa. Vaciar un área que fue pilar de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia desde el regreso de la democracia es una afrenta directa al pacto social que nos sostiene como república. Estela de Carlotto, referenta de Abuelas de Plaza de Mayo, expresó: “El mensaje es que no les importa el pasado, ni el presente ni el futuro de los derechos humanos en Argentina”. Esta medida vino después de la decisión del gobierno de trasladar a más de un decenar de genocidas y torturadores condenados por delitos de lesa humanidad a Campo de Mayo, donde serán atendidos con mayores privilegios de los que merecen por las atrocidades por las cuales fueron condenados y confinados en cárcel común.
Y mientras se cierran y fusionan instituciones, se reprimen jubiladas y jubilados y se ajusta sin piedad, en Tierra del Fuego miles de personas salieron a la calle para defender sus fuentes de trabajo. Las movilizaciones en Ushuaia y Río Grande son el reflejo de un país que no se resigna, que pelea por lo que le pertenece. “No vamos a dejar que destruyan la industria fueguina sin dar pelea”, expresó un trabajador metalúrgico durante la marcha. Cristina Fernandez de Kirchner, ex presidenta, también se refirió a las consecuencias del programa de gobierno: lo hizo este domingo 25 de mayo en el Encuentro de la Cultura Popular en Capital Federal: “con el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), al tercer año, no se liquida un solo dólar de exportación en Argentina, a no ser que el plan sea entregar algo más que deuda. (…) ¿Territorio, tal vez? ¿Les darán un pedazo de Ushuaia, de Tierra del Fuego, para hacer alguna base, como les dio el payaso de Zelenski al otro?”.
Este no es un modelo económico, es un plan de saqueo con respaldo institucional. Un proyecto de país sin empatía, sin diálogo, sin futuro para las mayorías. Lo que está en juego no es una cifra del déficit ni una curva de inflación. Lo que se está perdiendo, a pasos acelerados, es el pacto democrático y las garantías constitucionales conquistadas por las y los trabajadores en décadas.
Por eso, frente al avance de un régimen que vacía de contenido la política y desmantela los lazos sociales, la respuesta no puede ser la resignación. Se impone la organización, la memoria activa y la defensa del pacto democrático construido con luchas populares. Porque lo que está en riesgo no es solo el presente económico, sino la posibilidad misma de un futuro con dignidad para las mayorías.
A 215 años de la gesta del 25 de Mayo, cuando el pueblo irrumpió en la historia para reclamar su sueño de soberanía política, de independencia económica y justicia social, y conquistar su derecho a decidir, vuelve a ser necesario retomar ese legado de audacia y construcción colectiva. Hoy, frente a un plan de saqueo disfrazado de política económica, lo que está en juego es la continuidad de aquel contrato fundante: la voluntad de un pueblo de ser libre, soberano y protagonista de su destino. Honrar la lucha de Mayo no es un acto ceremonial, es asumir el compromiso de defender la democracia y los derechos conquistados frente a quienes pretenden convertir al país en un territorio al servicio del mercado y del poder concentrado.
* Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU
Discusión acerca de esta noticia