Por Fernando Muñoz
La democracia neoliberal inaugurada el 10 de diciembre de 1983, heredó una estructura de país dependiente de la banca acreedora y los organismos de internacionales de crédito.
La Argentina del 83 acumulaba deuda externa por alrededor de 45.000 millones de dólares, y una deuda privada -concentrada en 30 grupos empresarios nativos y más de un centenar trasnacionales-, que, mediante una disposición firmada por el entonces responsable del Banco Central, Domingo Cavallo, fue absorbida también por el Estado nacional.
Las patronales abrieron las puertas al golpe de Estado, con un paro empresario ejecutado el 16 de febrero de 1976. Y para que no quedaran dudas de su rol en el genocidio, publicaron la solicitada “Volveríamos a actuar de la misma manera”, en setiembre del 79 en el matutino La Nación.
Libertad de precios, del mercado cambiario, del comercio exterior, de exportaciones, de importaciones, de alquileres y de tasas de interés, sintetizaba Martínez de Hoz en un documento económico de balance, en 1980.
Una Nación bajo tortura y desaparición, quedó en manos de los ganadores, el sector financiero y la patria contratista, y Alfonsín no llegó ni a la esquina de sus pretensiones. Fue un esclavo de la deuda externa y los grupos económicos.
La hiperinflación de 1989 disciplinó socialmente, y nuevamente el plan económico menemista encontró apoyo explícito del Consejo Económico Argentino, la poderosa red de negocios fundada por Martínez de Hoz.
Y mientras el conservador ultraliberal Álvaro Alsogaray asesoraba oficialmente en temas de “deuda externa”, y las principales empresas públicas petroleras, de energía eléctrica, gas, transporte aéreo y flota mercante eran cedidas al capital privado, reapareció el viejo amigo de las patronales.
Con Domingo Cavallo en el ministerio de Economía se comenzó a ejecutar un plan de baja forzada de la inflación, con un tipo de cambio que igualó el valor del peso con el dólar: 1 a 1. La convertibilidad. Volvió la desregulación feroz y la estabilidad “macroeconómica” fue aplaudida por amplios sectores sociales, mientras crecía la pobreza y se precarizaba el empleo.
En ese contexto, el presidente Menem convocó a un plebiscito para su reelección. Noviembre de 1993. Inflación planchada, y elogios del gobierno de Estados Unidos y los organismos internacionales de crédito.
La consulta se presentaba como irreversible. Habría reforma constitucional y habría reelección -por una sola vez- del mandato presidencial. La Argentina tenía mandatos presidenciales de 6 años y los presidentes no reelegían.
La inflación interanual de 1990 había sido del 1343%, y la de noviembre del 93 estaba planchada en el 7,7% (anual). La consigna del plebiscito era contundente: “sin reelección volvería la inflación”. Los jubilados estaban congelados en 140 pesos/dólares, y los maestros ganaban el doble.
Los radicales, dispuestos a sacar alguna tajada de la situación, acorralados por las encuestas que ampliamente favorecían la reelección menemista, llamaron a la puerta de una negociación con el gobierno nacional.
Inmediatamente se comenzó a tejer un acuerdo entre Alfonsín y Menem, que se inició en una reunión privada en la casa del ex canciller radical, Dante Caputo. Menem sumó a Eduardo Bauzá, Eduardo Duhalde y Luis Barrionuevo. Y Alfonsín a Enrique Nosiglia y Mario Losada.
Bauzá era ministro del Interior de Menem, con una larga trayectoria al lado del riojano, ya que había sido ministro de Desarrollo social de La Rioja durante la primera gobernación de Menem, de 1973 a 1976.
Mario Losada era el presidente de la UCR y será en 2003 candidato a vicepresidente de la lista que encabeza Leopoldo Moreau, que sacó menos del 5%.
El Coti Nosiglia, misionero como Losada, descendiente de una familia yerbatera, millonario que diversificó negocios y sociedades incluso con el mismo Barrionuevo.
A mí me une una amistad con el Coti Nosiglia que va más allá de los intereses políticos. Con el Coti tenemos el mismo pensamiento acerca de la democracia y de la alternancia que debe existir. Gracias a mi amistad con el Coti se logró el Pacto de Olivos que benefició a Menem en el ‘95. (Luis Barrionuevo, el 2 de agosto de 1999).
Luego, la reunión pública, el compromiso de Alfonsín refrendado en la casa presidencial de Olivos el 14 de noviembre de 1993. Inmediatamente se decreta el levantamiento del plebiscito, y se elige un equipo técnico para acordar la letra chica de la reforma constitucional.
De allí saldrán los puntos principales de la reforma: la reelección presidencial por una vez y con mandato acortado a 4 años; la designación de un jefe de gabinete; terminar con el colegio electoral y que al presidente se lo elija por voto directo y con ballotage; ampliar los senadores para que entre uno por la minoría; elegir al intendente de Capital por voto directo.
El colegio electoral era la elección indirecta, elegíamos electores, y ellos luego se juntaban y levantaban la mano por el candidato a presidente. Eso suponía negociaciones, acuerdos de todo tipo. La Constitución del 49 lo había eliminado y el 55 volvió a instituirlo.
Los técnicos son coordinados por Ricardo Gil Lavedra y Carlos Nino por el radicalismo, y Héctor Masnatta y Alberto García Lema por el peronismo. Se sumarán Jorge Yoma y Antonio Berhongaray.
Designado por la dictadura Secretario letrado de la Procuración General de la Nación en 1976; camarista del Juicio a las Juntas de 1985; ministro de Justicia de Fernando De la Rúa en 1999, el ecléctico RGL ahora es el defensor de Vicentin contra el Estado nacional. (Horacio Verbitsky en El cohete a la Luna, 3 de julio 2022).
La democracia de la derrota es una definición del autor de “Los cuatro Peronismos”, Alejandro Horowicz:
En realidad 1983 no fue el restablecimiento de la democracia, sino que fue el establecimiento de la democracia de la derrota. Esto es, que votaras lo que votaras, los mismos hacían lo mismo.
El plebiscito de Menem se levantó y antes de la Navidad del 93 el Congreso aprobó la convocatoria a la reforma constitucional durante esa democracia encorsetada y pretendidamente refundadora -una y otra vez- del modelo antinacional.
Ese derrotero tuvo un envión con el menemismo, y el Pacto de Olivos es un apretón de manos de la dirigencia política que durante esa década profundizó la extranjerización, el endeudamiento y la fuga de capitales, a costa de más pobreza y desempleo.
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