Por Horacio Rovelli
En los países de América Latina hasta mediados de los años 70 del siglo XX, el dominio minero y energético formaban parte de la soberanía estatal y eran considerados un patrimonio fundamental, incluso propiciado por las Naciones Unidas que lo presentaba como base e instrumento de un Estado para poder hacer uso de sus recursos naturales y en particular los no renovables.
La desregulación y privatización del sector minero y energético en la Argentina desde el golpe cívico-militar de 1976, potenciado por el menemismo en los 90, los permisivos gobiernos de De La Rúa y Macri, y ahora en el gobierno de Milei, que propicia el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), con el objetivo de vender dichos recursos al extranjero, dejando de lado la lógica de la prestación de un bien que produce la naturaleza y la generación del servicio para el desarrollo de la Nación.
Son recursos que nos pertenecen a todos los argentinos y a las generaciones venideras y, sin embargo, una administración gubernamental con el apoyo corrupto y vil de supuestos representantes del pueblo y de las provincias, propician una mayor extranjerización privando el uso del recurso en el país. Paralelamente, la asociación del capital extranjero con las empresas locales, adoptan en su extracción menores medidas de riesgo y control de la contaminación (y por ende menor costo económico y social) que, si lo desarrollaran en sus países de origen, por una parte y, acrecientan la dependencia de tecnología, maquinarias y equipos del exterior, por otro lado.
En el caso del RIGI es obsceno, a partir del cuarto año no tienen obligación de ingresar al país las exportaciones (y tampoco pagan retenciones), y van a acrecentar (reales o ficticios), año tras año, sus importaciones de máquinas y equipos nuevos o usados, insumos, pago de los servicios técnicos, etc.
Junto al retiro del Estado, el sistema creado desvincula la minería y la energía a las necesidades de desarrollo económico y tecnológico del sector y del país, a la vez que lo subordina al exterior, que lo justifican por la obtención de divisas para pagar una deuda externa que fue tomada a espaldas del pueblo argentino y que benefició básicamente a una minoría parásita y rentista. Incluso esa minoría está asociada a esos capitales extranjeros y, con ese fin, exigen más apertura al capital externo, agravando el ciclo de desindustrialización, desempleo, fuga de capitales y extranjerización.
Si bien abarca a toda la minería (oro, plata, hierro, cobre, litio, minerales raros, etc.) en que existen grandes empresas extranjeras y capitales asociados con los locales (Anglo Gold, Barrick Gold, Glencore, New Co –fusión de Livent y Alkem) así como las explotaciones de hidrocarburo de Vaca Muerta: YPF SA, Exxon Mobil, PAE (Pan American Energy), Petronas, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol y Wintershall, entre otras, y de Palermo Aike (UTE entre YPF SA y la Compañía General de Combustible del grupo Eurnekian), lo sucedido con la provisión de gas en la semana del 27 al 31 de mayo 2024, demuestra cabalmente lo que estamos planteando: a) No les interesa el país; b) El grado de improvisación y negligencia del gobierno de Milei que supera con creces a todos los anteriores.
Inútiles y serviles
Tras la privatización del servicio público de electricidad y en el año 1992 se creó CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A) que, si bien es una sociedad anónima, el principal accionista es el Estado Nacional y, es la compañía responsable del despacho de electricidad en el país ya que establece quién vende, cuándo y a qué precio. Pero también interviene en las importaciones de gasoil y fuel oíl para reemplazar al gas en la generación térmica de electricidad, o en la compra de gas licuado, todo con subsidios del Estado fijado en el presupuesto nacional.
La fuente principal de energía eléctrica en el país es la térmica, en base al carbón, al petróleo o gas natural (prácticamente el 60% de la generación eléctrica), se le suma un 23% aproximadamente de la generación en base a las represas y saltos (energía hidráulica) provenientes esencialmente de Yaciretá y después Piedra del Águila, Salto Grande, Chocón Cerros Colorado, Futaleufú, Alicurá y otras menores; y con una baja participación en la generación están las restantes fuentes.
A ello debe sumarse en la demanda de energía, la provisión directa del gas a los hogares, empresas y automóviles a GNC (gas natural comprimido).
En la etapa de extracción de gas las empresas que participan son: YPF SA, Total Austral, PAE (Pan American Energy), Petrobras, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol, Apache y Chevron.
El transporte es controlado por Transportadora General del Norte (TGN) de Techint y Eurnekían, y Transportadora General del Sur (TGS) de Pampa Energía (Marcelo Mindlin, Joseph Lewis, Blackrock y las familias Sielecki y Werthein), que conectan las cinco cuencas[1] que existen en el país.
El 3 de junio de 2022 se realizó el llamado a licitación pública para la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), una obra estratégica cuyo primer objetivo es ampliar en un 25 % la capacidad del sistema de transporte de gas natural del país, para reducir en un tercio las importaciones en invierno, mejorar el suministro a la industria, permitir desarrollar inversiones petroquímicas, elevar las exportaciones del combustible a Brasil, Uruguay y Chile y ayudar a desarrollar la producción creciente en Vaca Muerta.
La construcción del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner desde la localidad de Tratayén (Neuquén) hasta Salliqueló (Buenos Aires), un recorrido de 573 kilómetros, planificado por Energía Argentina (ENARSA) y realizada por licitación pública por la UTE de Techint y Pampa Energía, fue inaugurado en junio 2023.
El plan original era que las plantas compresoras de Tratayén y de Salliqueló debieron haber quedado finalizadas en septiembre u octubre de 2023, no se hizo, pero tampoco fue continuada por el nuevo gobierno, obras que iban a aumentar en un 100 por ciento la capacidad de transporte del Gasoducto Néstor Kirchner (de 11 a 22 millones de metros cúbicos diarios). De haber sido retomadas por el actual gobierno, ya estarían prestando servicios.
Como se está gestionando con el Presupuesto Nacional 2023 actualizado (y en ese caso debería haber obligado a realizar la obra de las plantas compresoras), pero al regir también el DNU 70/23, el gobierno interpreta y ejecuta según su saber y entender que es muy poco, y en un exceso de reducir el gasto, no realizó las inversiones necesarias y se tuvo que importar gas.
Tras la compra por parte de CAMMESA de siete cargamentos de 50.000 m3 de gasoil cada uno y 5 cargamentos de fueloil por 200.000 toneladas en total con un gasto superior a los 500 millones de dólares, para reemplazar el uso del gas. A la par que el gobierno contra reloj en forma desordenada, realizó las negociaciones con Petrobras para la importación de GNL (gas natural licuado)[2] y ordenó cortar el suministro de gas a las estaciones de GNC y a todas las industrias con contratos interrumpibles. Se habla de más de cien empresas en todo el país, pero la cifra no es oficial.
Es claro que es un gobierno cuyo objetivo es la venta al extranjero de nuestros recursos naturales y, lo sucedido en mayo. se va agravar en el invierno. Se quiso demostrar un fuerte ajuste fiscal y se termina pagando mucho más por la importación de Gas Natural Licuado (GNL)[3].
Centrales hidroeléctricas y carry trade
Las más importantes presas y centrales hidroeléctricas nacionales fueron concesionadas hace 30 años con contratos que finalizaban el año pasado. En particular, el 11 de agosto 2023, los de El Chocón (1220 MW) y Arroyito (120 MW), Cerros Colorados (450 MW) y Alicurá (1000 MW); y el 29 de diciembre 2023 Piedra del Águila (1440 MW).
En su momento, la secretaria de Energía Flavia Royón, indicó que las centrales pasarían a ser operadas por ENARSA. Sin embargo, no pasó, los contratos se fueron prorrogando cada 60 días. Estos contratos de concesión permiten al Estado extender el plazo unilateralmente hasta un año.
Al iniciarse el actual Gobierno le comunicó a los concesionarios que no se prorrogarían más los contratos, que las prórrogas dadas terminaban el domingo 19 de mayo 2024, y que su operación pasaría a ENARSA hasta su licitación. Sin embargo, finalmente, el lunes 20 por la resolución 78/2024 de la Secretaría de Energía, se prorrogaron nuevamente los contratos hasta el límite máximo admitido, con lo cual en el próximo agosto y diciembre tendremos los nuevos vencimientos.
Como diría Carlos Menem sobre las “casualidades permanentes” las empresas ENEL[4], concesionaria del Chocón y Arroyito, como AES[5], concesionaria de Alicurá, aceptaron la propuesta del ministro Luis Caputo para pagar la deuda que debía el Gobierno por la provisión de energía durante los primeros tres meses de gestión, con bonos que vencen en el año 2038.
Paralelamente a través del DNU 23/2024, el Tesoro de la Nación colocó una Letra Intransferible por 3.200 millones de dólares, a 10 años de plazo, en el BCRA para el pago de deudas en moneda extranjera, por lo que parte de los dólares de las reservas del BCRA pasaron al Tesoro a cambio de un bono hasta 2034 que no puede transferirse ni liquidarse.
Finalmente el Gobierno de Javier Milei interpretando como quiere la extensión de la ley de Presupuesto Nacional 2023 y en el marco el DNU 70/23, amplió en 35 billones de pesos (es en pesos, pero equivalente a unos 35.000 millones de dólares) la emisión de letras reembolsables durante el ejercicio 2024 y autorizó la colocación de 30 billones de pesos más para afrontar la renovación de vencimientos que se produzcan durante el final del año y cuyo vencimiento supere el ejercicio fiscal corriente y sea menor a los 90 días, es decir, durante 2025.
Estos últimos son principalmente títulos ajustables por inflación, con lo que les asegura a los fondos de inversión financiera, bancos, compañías de seguros y especuladores de todo tipo y lugar, que sigan trayendo dólares a la Argentina que la inflación va a superar al acrecentamiento del precio del dólar (carry trade).
La garantía de que este gobierno va a tener lo dólares para convertir los pesos que ganan los especuladores en los bonos públicos, es con el RIGI. La entrega de nuestros recursos naturales y extranjerización del país es el garante que el carry trade se paga.
Pagamos una deuda que no se investigó y que benefició a la minoría parásita y rentista que colocó parte de eso capitales en los mismos fondos que se benefician con el carry tarde de Caputo. Con esos dólares ingresados se abonan los servicios de la deuda externa engendrada por Macri que tuvo como principales operadores a Sturzenegger y a Caputo.
Caputo del 18 de junio de 2018 al 25 de septiembre fue presidente del BCRA y mal vendió reservas internacionales por 15.000 millones de dólares. El fiscal Federico Delgado denunció al ex presidente del Central Luis Caputo, para que se lo investigue por los delitos de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y defraudación contra la administración pública.
En síntesis
Este gobierno apátrida, no le interesa ni el país ni la población, y menos cumplir con la Constitución Nacional. Milei dijo en Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, en San Francisco, California, Estados Unidos, el miércoles 29 de mayo 2024 (cuando habían cortado el gas de fábricas y estaciones de servicios de GNC): “¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre”.
Lo que le interesa a los grandes capitales es maximizar sus ganancias en divisas y este gobierno servil cumple con ese fin.
El Presidente debe cumplir con el Preámbulo de la Constitución Nacional: “Promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
[1] La provincia y la cuenca del Neuquén es la más importante en términos productivos. En segundo plano se encuentra la cuenca de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Cuenca Marina Austral. Las provincias de Salta, Mendoza y Río Negro. Finalmente se observan el resto de las provincias: Jujuy, Formosa, y La Pampa.
[2] El gobierno dijo que hubo un contratiempo administrativo con un barco que debía descargar GNL en la planta de regasificación de Escobar (provincia de Buenos Aires). En verdad, el barco de Petrobras llegó a la madrugada del martes 28 de mayo 2024, pero la firma brasileña no autorizó la descarga porque el BCRA no pudo documentar el pago del cargamento. Y se hizo a la noche del día siguiente. Se trata de una compra directa, sin licitación pública, de la empresa estatal ENARSA de un cargamento de 44 millones de metros cúbicos de Gas Natural Licuado (GNL)
[3] Por el cargamento de GNL de Petrobras del 29 de mayo 2024 se pagó 13 dólares millón de BTU, un valor que más que triplica el precio del gas de Vaca Muerta, que se comercializa en 4 dólares el millón de BTU.
[4] ENEL es una compañía eléctrica multinacional y un actor integrado líder en los mercados mundiales de la energía y de las renovables
[5] AES Su accionista mayoritario indirecto es AES Corporation, una empresa registrada en la Bolsa de Valores de Nueva York, con presencia en 14 países.
Discusión acerca de esta noticia