Por Leonardo Martín
El sindicalismo argentino atraviesa la etapa más desafiante de las últimas décadas recibiendo ataques desde múltiples ángulos. Haciendo una enumeración de lo sucedido durante los casi cuatro meses del gobierno de Javier Milei se podría arrancar desde el acelerado deterioro salarial, los miles de despidos en el Estado y de modo más silencioso en el sector privado; una flexibilización laboral muy regresiva en suspenso y con intentos parlamentarios que se van a materializar en los próximos días. También el intento de restituir masivamente el impuesto a las Ganancias, entre algunos de los temas. En esa agenda, las centrales gremiales insisten en que el Congreso nacional termine de rechazar al DNU 70/2023 y no sancione la ley Ómnibus que comenzaría a debatirse en los próximos días.
Primero despejar lo más urgente y que genera mayor ansiedad. La Mesa Chica de la CGT se reunió este miércoles en la sede de UPCN tras lo cual anunciaron que se volverán a reunir el próximo jueves 11 de abril ya en el edificio de la calle Azopardo para definir las acciones en modo más concreto para las semanas siguientes. Está en la mesa de debate, pero todavía no hay certezas de que se convoque a un paro general, sí que por lo menos habrá una movilización masiva que podría ser en un día simbólico como es el 1° de mayo. Otra posibilidad es que también haya una expresión callejera cuando se trate la ley Ómnibus en el Congreso, que desde el Gobierno prevén que se podría dar desde el 20 de abril en adelante.
MOTOSIERRA A LOS SALARIOS. Estamos atravesando la temporada alta de negociaciones paritarias, en donde las organizaciones gremiales buscarán recuperar el poder adquisitivo perdido aceleradamente desde diciembre. Recuperar la pérdida consolidada en los últimos ocho años parece una quimera. Es una negociación que se da en forma particular que se da en un contexto adverso como ya se puede ver en algunas paritarias emblemáticas como la metalúrgica y en el conjunto de trabajadores del Estado nacional. Para peor, el secretario de Trabajo es Julio Cordero, abogado laboralista que revista en las filas de Techint y que Paolo Rocca se encargó de ubicar en la cartera laboral. Cancha inclinada.
La motosierra más licuadora, los aumentos desmesurados en alimentos, salud, servicios, educación y alquileres, por mencionar solo algunos, ponen a los ingresos en los niveles de 2002, en la peor crisis de la historia argentina, y al salario mínimo de la Argentina en el ranking de los más bajos del continente.
Organizaciones que logran aumentos por arriba de la pauta inflacionaria que prevé el Ministerio de Economía, pese a que es un acuerdo entre partes, el gobierno “anarcocapitalista” no los homologa, es decir no las convalida. El caso de la paritaria de Camioneros es emblemático.
Es decir, es un Gobierno que no controla ningún precio, que permite aumentos sin límites, pero pone un techo a los aumentos salariales cuando logran perforar la inflación que prevén, de la cual muchos se permiten dudar en su veracidad y que el INDEC comenzará a medir de otra manera evidentemente para tener números más amables.
DESPIDOS. Otro tema son los despidos donde el Gobierno nacional viene avanzando como parte de su plan motosierra, de desarmar las capacidades del Estado y de avanzar con el desmantelamiento de políticas públicas. Ya se dieron los despidos de los contratados en 2023 a comienzos de este año y en estos días se han sumado 11.000 trabajadores según denuncian los gremios del sector estatal. En su retórica inflamada Milei dijo que ya se registraban 50.000 y que buscan llegar a los 70.000.
En el sector privado también comienzan a sentirse los despidos así como apertura de retiros voluntarios, suspensiones, adelantamiento de vacaciones que en muchos casos presagian cesantías posteriores. Días atrás, Abel Furlán le detallaba a Radio Gráfica que registran 7.000 despidos desde diciembre. Una actividad en donde por ejemplo, un gigante como Acindar decidió suspender la producción por un mes.
La actividad en la construcción -dinamizadora de muchos otros sectores- se ha desplomado con la suspensión de la obra pública. Desde la UOCRA alertaron que desde diciembre ya se perdieron 80.000 puestos de trabajo.
A ello hay que sumar otras actividades como las textiles y el comercio donde la caída de ventas queda reflejada en cada estadística publicada. Para peor, los tarifazos de los servicios públicos con subas exponenciales ponen en jaque a centenares de miles de pymes y comercios. Una historia ya conocida durante el macrismo.
LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL. El Gobierno de Milei con Paolo Rocca, Eurnekian como sostenes y apoyos como el de Mauricio Macri y Marcos Galperín de Mercado Libre, entre otros, tiene como un objetivo central avanzar con una reforma laboral profunda y si es posible dinamitar al sistema sindical tal cual se lo conoce.
En esa dirección fue el DNU 70/2023 que en su título IV, con la mano de los estudios jurídicos que responden a corporaciones, buscaron introducir una flexibilización laboral profundamente regresiva. La acción de la Cámara Nacional del Trabajo suspendió su aplicación por inconstitucional, pero aún queda por ver la palabra de la Corte Suprema si es que no se termina de resolver por la vía política que parece que es lo que están esperando los supremos.
Para los próximos días, el Gobierno volvería a enviar un proyecto, en principio, con algunos aspectos atenuados, con la argumentación de la rigidez de la legislación laboral argentina y los límites que pone a la creación de trabajo registrado. Un modo de inclinar hacia el sector empresarial la regulación en una relación asimétrica de por si y que busca hacer de la precarización la ley.
También ha circulado la información de un proyecto con modificaciones en la legislación laboral del cual participa el equipo de abogados de la CGT proyecto en el cual buscaría un proyecto atenuado.
EL RECHAZO AL DNU 70/2023 Y A LA LEY ÓMNIBUS. Para terminar de cerrar el capítulo del nefasto mega DNU falta aún el rechazo de la Cámara de Diputados en donde no parece haber apuro, ni hay números concluyentes en el marco de tomas y dacas con las provincias que alcanza a sus legisladores, amén de los que apoyan ese esperpento jurídico.
Para que el título laboral quede finalmente desechado, es necesario que lo haga la Cámara de Diputados, así como de tantos otros artículos que afectan la economía diaria de millones de trabajadores contemplados en ese DNU como la ley de Alquileres, los aumentos de la medicina prepaga o las condiciones para avanzar con la privatización de empresas del Estado.
En esa dirección la próxima semana, dirigentes de la CGT tienen previsto reunirse con senadores y diputados para que tampoco prospere la renovada Ley Bases con la que el Gobierno volverá a la carga y por la cual busca cristalizar una estructura económica en beneficio de un puñado de corporaciones y darle rienda suelta a Milei con las facultades extraordinarias para terminar la faena.
En la estrategia trazada por la CGT en diciembre pasado, tenía como objetivo central lograr el rechazo del DNU y de la primer ley Ómnibus. Hasta ahora esos objetivos, por acciones propias sumado a otras ajenas, se han concretado, pero no está la última palabra dicha ni con el DNU 70/2023 ni con la ley Ómnibus que se volverá a discutir.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS, EL REGRESO TRIUNFAL QUE PLANTEA EL GOBIERNO. En su etapa de panelista mimado por medios concentrados y en la campaña electoral, Javier Milei martilló una y otra vez sobre el robo del Estado con a los ciudadanos a través de los impuestos. En septiembre pasado, junto a Victoria Villarruel votaron afirmativamente los cambios en el Impuesto a las Ganancias que permitieron que casi un millón de trabajadores no lo tributen más. Todo puede cambiar en un breve lapso de tiempo.
El ministro del Interior, el hombre de amianto, Guillermo Francos, adelantó que buscarán introducir nuevamente al Impuesto a las Ganancias como parte de un nuevo paquete fiscal y deslizó que podría ser desde salarios de 1,2 millones de pesos (en bruto) para solteros. En medio de un escandaloso deterioro salarial, el Gobierno pretende cobrarle el impuesto a trabajadores y que para peor, con la inflación registrada en el último período, desde salarios que pueden estar por arriba de la media pero están lejos de garantizar un resto económico. Solo basta ver lo que cuesta un alquiler.
El tema está empantanado en la negativa de muchos gobernadores en avanzar con una medida impopular y que terminará agudizando el problema de los ingresos de los trabajadores. Ahora también es cierto que le están reclamando recursos al Gobierno pidiendo la coparticipación del Impuesto al Cheque y del Impuesto PAIS en medio de la motosierra que recortó drásticamente fondos para el transporte, cajas jubilatorias, obras públicas y el Fondo de Incentivo Docente. Tampoco está todo dicho ahí.
LA UNIDAD GREMIAL, CLAVE PARA LO QUE VIENE. LAS AUSENCIAS DE LA POLÍTICA. Un dato importante del presente gremial es la unidad de las diferentes vertientes. Con mayor o menor intensidad, hay diálogo y acciones comunes dentro de las que conviven en CGT así como ambas CTA y organizaciones de la economía popular nucleadas en la UTEP.
El Gobierno trabajará seguramente en fracturar esa unidad que es imprescindible mantener en una sociedad en donde aún Milei cuenta con un apoyo respetable en términos numéricos en relación al desastre social que conllevan sus políticas, pero que también son escenarios cambiantes. La foto de hoy, puede cambiar con el correr de los meses.
Lo más preocupante es la inacción y la falta de liderazgo en el sector político (no porque el sindicalismo no lo sea) para elaborar una alternativa a Milei o coordinar acciones. Basta ver lo que sucede con el Partido Justicialista hoy con una inacción y falta de propuestas para darle cauce político al malestar.
Para peor habrá que estar atento a los gobernadores y a la pulseada que mantienen con Milei por recursos con un claro chantaje con los recursos para sancionar la ley Ómnibus y mantener la vigencia del DNU 70/2023. Tampoco está todo dicho allí.
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