El proyecto cuenta con 664 artículos, que se suman a la derogación vía decreto de 300 leyes. El objetivo del gobierno es que sea aprobado durante el período de sesiones extraordinarias.
Radio Gráfica dialogó con Fernando Gómez, abogado, militante y analista político, quien definió la iniciativa como “estatuto legal del coloniaje”: “En un saqueo las personas se terminan peleando entre ellas para ver qué se llevan, acá los grupos económicos están en una situación parecida en cuánto al saqueo de nuestros recursos estratégicos”.
Gómez remarcó las contradicciones entre el DNU y la ley ómnibus: “Si uno se apega a lo que entra en vigencia mañana con el DNU, las retenciones a hidrocarburos y mineras se irían al 15%, cuando hoy el litio o el lingote de oro, por ejemplo, pagan sólo el 4,5%”, pero “si uno se atiende a la ley que remitió el ejecutivo al congreso, la retenciones se mantendrían en el 8% para el conjunto de esos recursos”
Y resaltó: “Esto deja en evidencia que los estudios jurídicos que están detrás de la letra todavía no han entrado en niveles de consenso y algunos quieren que sean otros grupos los que pongan más plata mientras otros defienden sus propios intereses. Queda claro que la estructura del Estado no participa de las redacciones del proyecto de ley, estamos viendo estudios jurídicos que cortan y pegan sus apetencias de intereses en un decreto o proyecto de ley”.
A su vez, advirtió que el de Javier Milei ni siquiera es “un gobierno en ejercicio”, sino “un experimento jodido en el cual se está construyendo un nuevo estatuto legal del coloniaje, pero que está en manos de grupos económicos. No hay el mínimo rastro de algo que beneficie, ni siquiera, a sectores del poder económico local”.
En ese sentido, remarcó que la delegación de facultades legislativas al ejecutivo, es “entregar la suma del poder, pero no a Milei, sino a una banda de saqueadores. Es preferible que tu vida económica la administre una banda de piratas del asfalto”.
“Buscan entregarle la suma del poder, no a Milei, sino a una banda de saqueadores”
El abogado también se refirió a los cambios en el código penal que elevan penas para quienes “dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación” que impide o entorpezca la circulación: “Me detendría en el carácter prehistórico del concepto jurídico de reunión. Si quieren construir un estado de excepción donde la protesta social esté bajo el escrutinio de la autoridad política, no necesitan modificar el código penal”. Y agregó: “Si mañana hay un banderazo de un club de futbol, ¿qué van a ir presos con penas de cuatros a seis años? Es una tontería discutir esto en términos jurídicos”.
Por último, si bien señaló que “no son tiempos de optimismo”, es primordial “construir un vehículo de defensa de la Argentina frente a esta ofensiva que se desató. Los debates en el Congreso y cómo se van a instrumentar las mayorías que se han logrado conquistar en las urnas, es otra discusión. Si miramos lo que pasó en 2016 no hay razones para andar despreocupados por los votos en el Congreso que pueden defender los intereses nacionales. Hay que ser capaces de vehiculizar una respuesta política a la altura del saqueo que buscan con estas dos iniciativas”, concluyó.
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