La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó días atrás un protocolo antipiquetes con una serie de medidas que buscan limitar y criminalizar la protesta social. Paralelamente, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció este lunes que se les quitará el programa social a aquellas personas que participen de los cortes de calle. Un nivel de persecución inédito en los 40 años de democracia.
En diálogo con Radio Gráfica, la referenta de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) María del Carmen Verdú alertó que el protocolo de Bullrich “genera un estado de excepción con suspensión de derechos democráticos y garantías constitucionales porque prohíbe todo reclamo y protesta“.
“El anuncio de la ministra Bullrich viene 24 horas después de los anuncio de Economía con una licuación del 120% de los ingresos de los argentinos y argentinas. Es el camino que eligieron para garantizar el ajuste en marcha“, añadió.
“Lo que hace este protocolo es declarar la ilegalidad de cualquier manifestación, movilización o acto. Adecúa a su antojo los requisitos para que se configure el delito del artículo 194 del Código Penal, va más allá de lo que los propios jueces dicen en sus resoluciones”.
“Instruye a las fuerzas federales para que actúen directamente sin orden judicial o fiscal, sin importar si la tienen o no la tienen. Además manda a identificar a autores, cómplices e instigadores a través de registros así como la identificación de vehículos. El registro que va a manejar el Ministerio de Seguridad va a ser una lista negra”, completó.
Apuntó también que aquellos que realicen una marcha o concentración pueden ser “demandados por daños y perjuicios, se les va a remitir la factura del operativo de seguridad. Te van a cagar a palos y te van a cobrar. Ni hablar de la situación de migrantes con expulsión directa”.
Respecto a las medidas que tomaron desde CORREPI informó: “Hemos hecho planteos juntos con el CELS tanto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como ante Naciones Unidas. Le hemos pedido que se pronuncien al respecto y analicen los antecedentes, resoluciones y convenios pidiendo que emitan una opinión consultiva indicando al Estado Argentino que está violando esos acuerdos que suscribió en su momento”.
“Desde CORREPI estamos evaluando hacer acciones declarativas, habeas corpus preventivos en relación a la manifestaciones que se vienen”.
Por último, concluyó: “En los 40 años de democracia la gestión de Macri y Bullrich ha sido la más represora, ahora quedó opacada por esta nueva reversión recargada, donde hay un avance mayor sobre los derechos y garantías”.
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