La Confederación General del Trabajo difundió un comunicado con críticas para el protocolo antipiquetes presentado por Patricia Bullrich que dispone penas de prisión, multas económicas y fuertes restricciones a la protesta.
Allí apunta que el protocolo es parte de una “estrategia para criminalizar a la protesta social que a la luz de los recientes anuncios económicos y de la consecuentes impactos en la vida del pueblo argentino implica vulnerar el ejercicio efectivo del derecho constitucional de la libertad de expresión y sindical”.
“Esta medida que vulnera las libertades individuales y colectivas, no favorece el clima social que requiere estar exento de violencia, presiones y amenazas, elemento esencial para el ejercicio de la libertad sindical, y pretende subordinar la acción de la justicia al accionar policial y de las fuerzas de seguridad”, agrega.
“Más allá de las evidentes reservas constitucionales de tal medida, ratificamos que los trabajadores siempre hemos sido los primeros en respetar la ley porque sabemos que esa es la mejor garantía que tenemos para que nuestros derechos sean respetados”.
“La vigencia del estado de derecho es el marco democrático para la búsqueda de soluciones que reclama este momento crítico que vivimos en nuestro país, para lo cual es necesario el diálogo”, puntualiza.
EL PROTOCO DE BULLRICH
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un protocolo antipiquete que incluye penas de prisión, cobro de gastos a las organizaciones por la acción de las fuerzas de seguridad y la intervención de las cuatro fuerzas federales.
En la comunicación de las medidas que dio este jueves por la tarde desde la cartera de Seguridad también adelantó que serán convocadas “las cuatra fuerzas federales” para implementar el protocolo antipiquete” teniendo además la potestad de intervenir “si hay un delito flagrante” con los “códigos procesales vigentes” que utilizarán “la mínima fuerza necesaria y suficiente”, la cual será “graduada en proporción a la resistencia” que se oponga.
“Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple”, afirmó Bullrich.
Bullrich criminaliza la protesta social con medidas antipiquete. Las respuestas
Ante los cortes las fuerzas “van a actuar hasta que quede totalmente liberado el espacio de circulación” y apuntando que “serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos”, añadió, y resaltó que “se van a identificar a los conductores y a los vehículos utilizados”.
La funcionaria agregó que “se va a trabajar” en las estaciones de tren y ante aquellas personas que “vayan con palos, caras tapadas o formas de participar de una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas e seguridad”.
“En el caos de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente y se procederá a dar sanciones aquellos que lleven niños para que no estén en las manifestaciones cuando tienen que estar en la escuela”, destacó.
“El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se deberán hacer cargos del costo”, sostuvo.
LM/RG
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