Por María Laura Morales *
En la Biblioteca Central de la provincia de Buenos Aires, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz presentó la “Guía para la defensa en el litigio penal de casos de criminalización de emergencias obstétricas en la provincia de Buenos Aires”, junto a la subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos y el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Lisandro Pellegrini.
Este material busca promover el acceso a la justicia y contribuir a la transversalización de la perspectiva de género en las prácticas judiciales y estrategias defensivas, en el marco de procesos penales contra mujeres y personas LGTBI+ en conflicto con la ley penal. Tiene como objetivo brindar pautas para la efectiva defensa de mujeres y personas gestantes criminalizadas en casos de eventos obstétricos y está destinada a profesionales del derecho que ejercen la defensa pública y privada.
“Hace tres años que está funcionando un programa de acompañamiento a las defensas en el ministerio (…) pensamos algunos mecanismos de apoyo a esas personas que hacen el patricinioa mujeres que están en conflicto con la ley penal para garantizar y poner a disposición herramientas que garanticen perspectiva de género a la hora de hacer la defensa”, contó Portos durante la presentación.
El eje de la propuesta es poner en agenda una violencia frecuente, como es la obstétrica. En ese marco, se creó un equipo de Apoyo a las Defensas, a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, para abordar las solicitudes de intervención en esos procesos penales.
Portos explicó que los casos de legítima defensa se dan cuando una mujer se defiende de su agresor y en esa legítima defensa produce un daño o muerte del agresor. Además relató que otros casos habituales son los eventos obstétricos que se dan cuando una persona da a luz, generalmente de forma no hospitalaria, el bebé producto de ese parto muere y se la acusa de asesinarlo o de haberse provocado un autoaborto por fuera de las habilitaciones que la ley de interrupción del embarazo permite, “por lo general el Estado acciona con una fuerza punitiva extraordinaria, remarcando que esa persona es la responsable de cuidar esa vida y por eso se las acusa de homicidio agravado por el vínculo lo que tiene una perspectiva de pena perpetua“, añadió.
La subsecretaria bonaerense dijo que es importante que se realicen las pruebas de contexto y las vinculadas a la medicina que determinan cómo sucedió ese embarazo, en qué términos estaba, si el feto nació y hubo o no vida, “son muchas cosas que hacen a la prueba y son de una enorme complejidad. Lo que intenta esta guía es aportar elementos para que esas defensas puedan ejercitarse con el pleno conocimiento de lo último, no solamente en técnica forense sino también en jurisprudencia y doctrina que apoyen la mirada de los derechos humanos y de la perspectiva de la garantia d derecho con perspectiva de género para estas mujeres enjuiciadas y criminalizadas”.
La Guía aborda de manera integral los derechos de las personas imputadas en casos de criminalización de eventos obstétricos, la perspectiva de género en el litigio, la culpabilidad y la punibilidad, la relación entre el secreto profesional y la garantía de no autoincriminación, entre otros aspectos.
La edición y producción fue realizada por el Equipo Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), con la dirección de Ileana Arduino y la participación de Sofía Abriata, Rosario Gauna Alsina y Denise Pepinó; bajo la coordinación de Sabrina Cartabia y con la participación de Lucía Coppa, Indiana Guereño y Luisina Carrizo, de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.
(*) Conductora de Desde el Barrio (lunes a viernes de 10 a 13 por Radio Gráfica)
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