Por Luis Paz*
Hoy, 16 de enero, se cumplen 7 años de la detención arbitraria e ilegal de Milagro Sala. La condena ratificada recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Pibes Villeros, representa una afrenta a la memoria colectiva, a la lucha de los organismos de Derechos Humanos, a la democracia toda. Esa condena no sólo es una aberración jurídica, sino un acto de un poder del Estado que subvierte el orden democrático. Fue claramente una decisión clasista, por ser Milagro una mujer indigenista, lideresa y negra. La simple lectura del fallo ratifica lo que venimos diciendo desde el 16 de enero de 2016.
En diciembre último el Presidente argentino se comprometió con abuelas, madres e hijos de desaparecidos a encontrar el mecanismo para liberarla. Todavía no cumplió. Mientras tanto, Milagro se deteriora física y psicológicamente, de forma paulatina, sin pausa. La muerte inexorable acecha.
Junto a abogadas y abogados de algunos espacios fuimos capaces de imaginar herramientas para destrabar o mitigar esta herida causada por el revanchismo. Tenemos la convicción de que el derecho en la Argentina ha muerto y debemos construir uno que sea parecido a lo que necesita el pueblo, las grandes mayorías, y no el que estaba vigente hasta ahora, que beneficia a pocos.
En ese camino dijimos y escribimos que “Alberto Fernández podría cursar una nota a Gerardo Morales y de forma fehaciente decirle de las medidas dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los fines de que arbitre los medios para que se restablezca la vigencia de las garantías constitucionales y las leyes de la Nación».
«Podría al mismo tiempo recordarle al gobernador de Jujuy que los derechos del sistema internacional de los derechos humanos integran el plexo constitucional argentino -expresamos-. Desde el año 1994 se incorporaron a través del artículo 75, inc. 22, con la máxima jerarquía».
Advertimos que «esa nota podría conllevar el apercibimiento de informar al Congreso de la Nación sobre su incumplimiento a los fines de que el Congreso evalúe si el gobernador está o no en condiciones de seguir siéndolo, o si la violación al artículo 128 que visiblemente encarna Morales, exige que se intervenga federalmente la provincia en los términos del artículo 75, inc. 31».
Afirmamos «que no es una mera disputa de coyuntura política local» y recordamos además «que gracias a su participación directa en el encarcelamiento de Milagro, intervino en el caso el sistema regional de protección de los derechos humanos y fue el principal motivo para que la prisión de Sala, cuanto menos, tuviera lugar bajo una modalidad morigerada”.
Quiero recordar que pasado el mediodía de ese día, hasta hoy, Milagro continúa detenida arbitraria, ilegal e injustamente. En el último tiempo con prisión domiciliaria, al igual que Patricia Margarita Cabana, Iván Altamirano, Miguel Ángel Sivila.
Hoy como ayer me propongo nuevamente dar a conocer el proceso ilegítimo de detención y persecución de la organización que Milagro lidera, denunciar la vulneración a sus derechos humanos, la existencia de un plan siniestro de espionaje ilegal, exigir un justo proceso y la libertad de Milagro y las compañeras/os detenidas, y abrazar a quienes durante todos estos años fueron criminalizados por su compromiso con los pobres, con el pueblo trabajador.
La persecución política, judicial y mediática a la que es sometida Milagro Sala y mis compañeros de la Organización Barrial Túpac Amaru tiene una autoría intelectual política y judicial clara: Gerardo Morales y algunos integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy.
El objetivo determinado era: diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de viviendas sociales y construir presupuestos participativos en la materia, lo que puso en jaque al sistema político y económico jujeño al denunciar pactos mafiosos con la última dictadura cívico, eclesiástica y militar, y que dio prioridad y protagonismo a las personas más excluidas, indígenas, desocupados y desocupadas, personas discapacitadas, jóvenes, como sujetos de derechos y de transformación social.
Milagro Sala está presa en Jujuy por ser una dirigenta política que enfrentó al poder real.
A siete años de aquel fatídico sábado hay que reconocer que Gerardo Morales logró uno de sus objetivos: encarceló a Milagro. Hoy pretende ser presidente de los y las argentinas y argentinos. Pero no logró quebrar moral y políticamente a Milagro. Ella y nuestra organización están de pie.
En estos siete años también lograron acusarla de ser autora de delitos penales: asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y extorsión. Lograron sentarla en el banquillo de las acusadas, lograron que vaya a la cárcel y que en la prensa nacional e internacional su obra y su figura sea denostada, pero también reivindicada y conocida.
Sin embargo, Milagro nunca conoció de qué se la acusaba. El requerimiento de elevación a juicio no contiene indicación de fechas ni modos de comisión de los delitos que le imputaban. Milagro llegó a juicio sin conocer concretamente por qué estaba sentada frente a un tribunal.
La falta de claridad y sorpresa constante sobre los hechos de la acusación contra Milagro fue continua y no fue despejada en las instancias superiores de revisión.
Tampoco le permitieron incorporar pruebas periciales, documentales y testimoniales de descargo en la causa Pibes Villeros. El Tribunal Criminal y Oral N.° 3 dictó una resolución el 27 de junio de 2018 en la que rechazó la totalidad de la prueba pericial y documental ofrecida y admitió la declaración de solo seis testigos sobre los 83 ofrecidos.
Milagro fue excluida del debate oral por más de 60 días, desde el 30 de agosto al 6 de noviembre de 2018. La expulsión se dispuso por un hecho que ocurrió fuera del tribunal, en el marco de otra causa, y que no ponía en riesgo la continuidad del juicio.
El tribunal de juicio negó categóricamente cualquier tipo de registro de las audiencias, lo que impidió dar a conocer extensamente su descargo y las irregularidades del proceso denunciadas. Impidió la presencia de la prensa (salvo declaración jurada de confidencialidad) y la toma de notas o registros: ni lápiz ni papel.
Compañeros y compañeras del campo popular: la libertad de Milagro es urgente. El indulto es posible. Milagro representa acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Tras siete años de su detención arbitraria e ilegal, sigamos exigiendo la Libertad a Milagro. Por una democracia plena sin presas ni presos políticos.
Queda en sus manos, Sr. Presidente, terminar con este desaguisado. Ojalá sea la última vez que tenga que recordárselo.
(*) Abogado defensor de presxs políticos
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