Por María Laura Morales*
Tras llegar una llamada a una de las sedes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) alertando sobre un desalojo en la localidad de Roberti, en Quimilí, Deolinda Carrizo -integrante de la organización y en su rol de Directora de Género e Igualdad de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena- se hizo presente para oficiar de veedora y garantizar las condiciones de justicia para la familia.
Luego de ello, en el día feriado declarado por el Poder Ejecutivo debido al intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, la dirigenta Carrizo recibió una orden de detención por parte del Juzgado de Control y Garantías en lo Penal de Santiago del Estero. Se la acusa de “usurpación y violencia” por su presencia en el día del intento de desalojo a finales de agosto.
“Cuando llegamos del MOCASE, la familia ya estaba desalojada al lado de la ruta (…) En todo ese territorio no hay escrituras, todos son poseedores y en muchos casos, en ese contexto, han avanzado aprovechándose de la falta de formación. Hay muchas familias que no conocen sus derechos y les caen con papeles truchos que dicen que son los dueños y así les quitan las tierras”, contó Marysol Aguirre, militante del MOCASE de la zona de Quimili, Departamento de Moreno, en Santiago del Estero.
En relación con este obrar por parte del Estado, señaló que el procedimiento que realizaron para el desalojo es completamente irregular y que viola los derechos de las familias: “Primero te tienen que notificar, tiene que haber un juicio y una sentencia, todo ese procedimiento judicial no se dió, directamente fue el oficial de justicia con la policía y sacó a la familia a la ruta”.
Desde la organización campesina señalaron la importancia del llamado de alerta de las y los vecinos que permitió que se puedan hacer presentes allí. Además, contaron que luego del procedimiento ingresaron de manera pacífica y que pudieron conocer a la familia un poco más. “Los Medina viven hace varios años ahí, le cayeron con un documento que supuestamente habían firmado, cuando don Medina no sabe leer ni escribir, hay constancia de esto, este modus operandi se repite mucho en Santiago del Estero y en otras provincias. Se aprovechan y quizás como las familias no están organizadas, avanzan, por suerte los vecinos llamaron al movimiento», explicó Aguirre.
El MOCASE es una organización con muchos años de lucha y resistencia en el territorio. “Acá hay muchos negociados por el mercado del agronegocio en el cual las familias quedan afuera y queda a cargo del terrateniente (…) En situaciones como estas se activan varios mecanismos en el territorio, hay que resistir, uno no tiene que irse para poder dar la batalla legal, jurídica y también política y comunicacional”, contó la integrante del Mocase sobre el procedimiento.
Y agregó: “Cada vez es más fuerte cómo el Poder Judicial acciona, estas detenciones se iban a realizar el mismo viernes que se feriado nacional por la defensa a la democracia (…) hicimos cortes de ruta en distintos puntos de la provincia para denunciar el accionar del poder judicial”.
Si bien en Santiago del Estero hay fiscalías de género, direcciones y programas, “lamentablemente, las políticas públicas en relación al género, como en todo el país, están concentradas en las capitales. Algunos de los reclamos de las mujeres campesinas e indígenas son por el acceso a la tierra, al agua y a herramientas y programas para la producción de animales”, sostuvo la entrevistada.
“El tema del género en el MOCASE lo venimos trabajando fruto de la lucha de los años, de discusiones profundas, hoy podemos decir que en nuestra organización tenemos muchas compañeras, que son referentes en los territorios sosteniendo fuertemente la organización y la lucha”, apuntó.
(*) Conductora de Desde el Barrio, lunes a viernes de 10 a 13 hs, por Radio Gráfica.
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