Por Ramiro Coelho
Allanamientos a organizaciones sociales en Jujuy y Gran Buenos Aires
A quince días de que Cristina iniciara el debate en torno a la gestión de los planes sociales y manifestara su apoyo a la implementación del ingreso básico universal, comenzó en la Provincia de Jujuy y en municipios del Gran Buenos Aires una serie de allanamientos.
La ola represiva comenzó el jueves 30 de junio, cuando la Policía Bonaerense atacó con balas de goma, palos y golpes a familias en un asentamiento de Barrio Sarmiento de La Matanza en un intento de desalojo. Los uniformados detuvieron a cuatro militantes del Frente Popular Darío Santillán, cuyxs compañerxs se instalaron durante horas frente a la Comisaría de Villa Celina hasta que fueron liberadxs.
Al comienzo de la semana, la mira del poder judicial apuntó a la Corriente Clasista y Combativa cuando fueron allanadas en el conurbano bonaerense cinco viviendas de dirigentes de dicha organización y un comedor popular de Saavedra. El miércoles 6 de julio, la Policía de Jujuy comenzó un mega operativo de dieciséis allanamientos en los que detuvo a militantes de las organizaciones Tupac Amaru, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Nuestramérica y el Movimiento Evita por los delitos de extorsión y asociación ilícita.
A los pocos minutos la dirigente del FPDS Dina Sánchez público en Twitter: “como ocurre en CABA, la fiscalía alineada con el poder político usa la figura de asociación ilícita para profundizar la criminalización y persecución de las organizaciones sociales locales” y argumentó que “los mensajes que estigmatizan a los movimientos sociales no son inocuos, habilitan escaladas en la persecución política”.
Por su parte, el referente del Frente Milagro Sala, Coco Garfagnini, señaló a Radio Gráfica que “hay un consenso aparentemente de la política que las culpables de esta crisis son las organizaciones y los pobres”. Las declaraciones de ambxs militantes realizadas el día miércoles fueron la antesala de la conferencia de prensa convocada el jueves por la mañana por la totalidad de los movimientos sociales en el Congreso de la Nación, en la que hablaron casi todxs lxs referentxs del amplio espectro de organizaciones y exigieron “el cese inmediato de esta persecución y de todas las maniobras intimidatorias“.
La concatenación de acciones judiciales en diferentes distritos resulta para lxs referentes de las organizaciones sociales un claro signo de una estrategia coordinada que apunta a perseguir, apoyada por el relato estigmatizante que de manera permanente y desde hace décadas vienen construyendo los medios monopólicos.
Una movilización al Congreso que amplió su agenda
Por la tarde del jueves, la marcha convocada por el Frente Milagro Sala en reclamo por la intervención del poder Judicial Jujeño, el acatamiento por parte de Gobierno de Gerardo Morales del pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ampliación de la Corte Suprema, adquirió ribetes políticos más profundos aún. Los allanamientos recientes pusieron en evidencia que la estrategia de los poderes judiciales provinciales, en alianza con las respectivas fuerzas de seguridad, apuntan a la totalidad del espectro de movimientos sociales.
El encarcelamiento, la fabricación de causas y la permanente estigmatización de los medios empresariales generó la reacción unificada de los movimientos. La grave situación económica y el avance de los poderes fácticos sobre el sector, señalándolo como culpable de los males del país, parece tensionar la cuerda y poner en el centro la preocupación por las acciones de lxs jueces, que dan muestra de haber iniciado un proceso de desestabilización en el que no solo se ataca a los movimientos, sino que apunta, en un tiro por elevación, al Gobierno del Frente de Todxs en plena crisis.
El presidente Alberto Fernández, luego de haber visitado a Milagro Sala en su lugar de internación debido a la trombosis severa que sufre, dio signos claros de apoyo a la dirigente pero, con el pasar de los días, pareciera que las declaraciones realizadas a la salida del sanatorio no se traducirían en acciones gubernamentales concretas. Al cierre de esta nota, luego de la marcha de Frente Milagro Sala, la situación no había cambiado.
Avanza el debate en torno al ingreso básico universal
El sábado Cristina Kirchner manifestó su apoyo al salario básico universal. En el acto realizado en Ensenada sostuvo: “Creo que es momento de ponerlo en debate” y contó que viene hablando mucho del tema con Juan Grabois. Su respaldo es para los movimientos sociales una oportunidad para dar viabilidad a un proyecto que ha abierto un importante debate hacia dentro de los mismos movimientos y la coalición gobernante.
Grabois manifestó a Página 12 que el salario universal debería darse a los siete millones y medio de argentinxs que recibieron la IFE y pronosticó que “en lo que estamos de acuerdo todos es que aún en la hipótesis de Cristina esto va a tomar décadas y no podemos dejar tirados a los trabajadores descartados, empobrecidos, precarizados e informalizados”.
La posible implementación del salario, sin embargo, no parece estar en la perspectiva de la nueva ministra de economía Silvina Batakis, teniendo en cuenta las declaraciones realizadas el mismo jueves en que las organizaciones sociales denuncian las persecuciones judiciales.
La asignación parece seguir siendo un tema de debate dentro del Frente de Todos. Un debate que involcura complejas aristas. La asignación de $15.000 incluiría, según declaró Grabois, al sector de lxs trabajdorxs no registradxs no organizadxs, ya que el Programa Potenciar trabajo llega a los integrantes de los movimientos que llevan adelante cooperativas, merenderos y diversos trabajos de cuidado. La posibildad, lejana o cercana, de implemetnar el salario básico universal, sin embargo, abre un interrogante central para cualquier proyecto político que busque integrar los intereses de la mayorías trabajadoras en nuestra patria: ¿Hasta qué punto “el salario básico”, eventualmente aceptado por el FMI como posibilidad, deja de lado un proyecto económico soberano de desarrollo industrial en un país con capacidad instaladas en el que todo aún está por hacerse?
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