Se cumplieron, por estas horas, cinco años del oprobioso fallo del 2 x 1, con el cual esta Corte Suprema escandalizó a la sociedad argentina. Un ensayo fallido, con el que pretendieron consagrar la impunidad de los responsables de crímenes contra la humanidad. No lo pudieron concretar, gracias a la rápida reacción y movilización popular, que pulverizó ese temerario intento.
Somos conscientes que todo el sistema de Justicia en nuestro país atraviesa un gravísimo deterioro institucional. En especial desde la asunción del gobierno de la Alianza Cambiemos con Mauricio Macri y sus socios, en que las prácticas persecutorias y la criminalización de militantes populares y opositores políticos se convirtieron en una estrategia asistida por jueces y fiscales, para disciplinar y silenciar las múltiples voces que se levantaban para denunciar el saqueo y el desbaratamiento de derechos colectivos.
La prisión de Milagro Sala y de sus compañeros y compañeras de la Tupac Amaru en la Provincia de Jujuy, por citar uno de los ejemplos más emblemáticos y extendidos en el tiempo, constituye la expresión más obscena de un sistema de justicia sometido a la voluntad del poder económico y los grupos concentrados.
Esos poderes, nunca antes en Democracia se dieron con tanta temeridad a la tarea de disponer de jueces y fiscales de todas las instancias, poniéndolos a su servicio. Contaron para eso con un eficaz sistema de información pública en manos de los medios hegemónicos de comunicación, en especial el grupo Clarín y La Nación, desde donde operaron intrigando, mintiendo y sembrando odio.
Esta Corte Suprema de Justicia, ha sido su principal sostén, por eso se hace imperioso desmontar el armado que les sirvió para promover su descomposición, principalmente al interior de la
justicia federal, con lo que han puesto en grave riesgo al Estado de Derecho y a sus instituciones.
Es imperativo que tomemos real conciencia de la gravedad de la hora para evitar que logren su objetivo.
Son cientos los recursos y miles las causas que duermen en los despachos de los jueces de esta Corte a la espera de una resolución que nunca llega o llega tarde. Un Poder Judicial impiadoso con los humildes y siempre amigable con la delincuencia de guante blanco, de los que detentan el poder económico.
Un Poder Judicial insoportablemente lento y de doble vara, según se trate de la gente común o de los encumbrados que son parte de los círculos del poder real.
Un Poder Judicial cuyos magistrados y funcionarios cobran sueldos siderales, que son una provocación para la amplia mayoría de la población trabajadora, a la que le cuesta enormes esfuerzos llegar a fin de mes.
Los procesos por crímenes contra la humanidad que esperan ser sentenciados desde hace décadas, son un claro ejemplo de la desidia y la inescrupulosidad con que esos cuatro magistrados emiten sus fallos.
En todo el país se escuchan las críticas de los Organismos de Derechos Humanos, de las Centrales de Trabajadores y de los Sindicatos, de las comunidades originarias, de los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual, de los movimientos de inquilinos y de medianos y pequeños empresarios, por la extrema demora en los procedimientos judiciales y en la toma de decisiones, cuando no, en otros muchos casos, vemos con estupor que fallan desconociendo la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a ella.
Quienes nos movilizamos hoy dijimos en el multitudinario acto del pasado 1F en Tribunales que esta Corte se tiene que ir por fundadas razones.
Parten de una ilegitimidad de origen, en tanto dos de sus miembros, violando la Constitución Nacional, consintieron ser designados por un decreto del Poder Ejecutivo de Macri.
Es la Corte que en el fallo “Fontevecchia”, sin ruborizarse incumplió los compromisos que el Estado Argentino asumiera como parte del sistema regional, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desconociendo una resolución de ese organismo, que la obligaba a cumplir con lo decidido por la instancia regional. La que tiempo antes ignoró, en otro fallo funesto, un derecho de raigambre constitucional, como es el derecho de huelga.
Es la misma Corte que promovió y apañó sin inmutarse la llamada doctrina Irurzun, sobre prisiones preventivas, que pulverizó el debido proceso y el principio de inocencia, para garantizarle una vez más al poder real sus privilegios.
La que, mediante un inexplicable salto de instancia, ratificó en sus cargos a tres jueces puestos a dedo por el gobierno macrista, por motivos más que evidentes. Y no dudó en convalidar traslados y subrogancias inaceptables constitucionalmente.
Es la Corte que recibió con honores al Juez Sergio Moro de Brasil, que convalidó la ilegal prisión de expresidente Lula Da Silva, sin prueba alguna, sólo “por sus convicciones”.
Es la Corte que convalidó la presencialidad escolar dispuesta por Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de la emergencia sanitaria, y desde la comodidad de sus casas, mandaron a millones de personas a las calles, con las consecuencias que luego todos conocimos, en tres meses tuvimos la misma cantidad de muertes por covid, que en todo el año 2020.
Es la Corte que se prestó y consintió el uso del Poder Judicial, para concretar los planes continentales de los países centrales, y la embajada de los EE.UU. de Norteamérica, afectando gravemente nuestra soberanía.
Interesada en resguardar sus propios privilegios y los de la corporación judicial, consintió que se demolieran derechos
fundamentales y que se hipotecara la Nación, mediante la imposición de una deuda externa extraordinaria e impagable con el FMI.
La dilación en resolver las causas y los recursos por crímenes contra la humanidad, que involucran las mayores atrocidades cometidas contra la vida, la libertad y la dignidad de miles de personas, llevadas a cabo durante el terrorismo de Estado, ha posibilitado que la impunidad biológica, que es también política y judicial, evite el juzgamiento y la condena de numerosos responsables del genocidio que padeciera nuestro pueblo en la historia reciente.
El caso Blaquier es el más emblemático. La causa penal estuvo paralizada durante años en la Cámara Federal de Casación Penal primero y luego otro tanto en la Corte. Años perdidos, que se traducen en el cierre de las causas, sin que las víctimas o los familiares puedan obtener la anhelada reparación histórica a la que aspiraban.
Esta Corte reproduce la lógica fundante del sistema. Es clasista, patriarcal, misógina y elitista. Demandamos una Corte Suprema, que impulse la transformación del Poder Judicial y de sus prácticas habituales, que se traducen hoy en sentencias contrarias a la no discriminación, a la igualdad y al pleno respeto a la dignidad humana.
Han sido reiterados los fallos, las intervenciones y pronunciamientos impúdicos del Máximo Tribunal Nacional, lo que remató, hace pocos días, declarando inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura votada por el Congreso Nacional, una norma que consintió sin empacho alguno que nos rigiera por 16 años, y repuso una ley derogada en 2006.
Esa maniobra le permitió a esta Corte apropiarse de la presidencia del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de designar y remover a jueces y juezas nacionales de todos los fueros. Una decisión ilegitima y manifiestamente violatoria de la división de poderes, tendiente a consumar un nuevo atropello a las instituciones.
Quienes nos movilizamos este 5 de mayo, consideramos todos estos hechos de una enorme gravedad institucional, que ponen en peligro a la República y por eso exigimos la remoción inmediata de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ya el 1° de febrero pasado la ciudadanía -en un acontecimiento que tuvo resonancia federal en la mayoría de las ciudades de nuestro país- se movilizo exigiendo la renuncia de los integrantes de esta Corte y la efectiva democratización de todo el Poder Judicial, como único medio eficaz de recuperar la confianza en la justicia.
Decíamos entonces y reiteramos ahora, que esta Corte se debe ir porque produjeron un enorme daño al tejido social más vulnerable y a sus organizaciones, para beneficiar a los poderes reales, persiguiendo y hostigando a trabajadores y trabajadoras y a sus representantes gremiales, mediante montajes mediáticos, amañaron causas, compraron testigos, sometieron a apremios, falsearon y prefabricaron prueba para lograr sus propósitos.
Las detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales en San Nicolás y las injustificadas condenas a trabajadores y referentes gremiales en distintas provincias, son apenas una muestra de lo que señalamos.
La causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado sigue paralizada, a la espera de una respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha hecho oídos sordos a los reclamos de la querella, en lo que sin duda es un caso ostensible de privación de justicia.
La detención en noviembre pasado de Facundo Molares, a pedido del Estado colombiano, y el reciente fallo que habilitó su extradición a ese país, es sólo un ejemplo más del alineamiento de buena parte de este Poder Judicial con los planes continentales diseñados en los centros de poder mundial.
Este Poder Judicial con esta Corte a la cabeza, en todo este tiempo, convalidó un sistema de injusticia como nunca antes se
viera en Democracia, y de ese modo tributó, con holgura, a la ruptura del pacto democrático que había sido sellado por la sociedad toda, tras la noche más oscura de su historia.
Tras el eufemismo de “la seguridad jurídica” enarbolado por los dueños de todas las cosas, se permitieron también avanzar sobre derechos sociales y laborales conquistados en años de luchas y sacrificios de los trabajadores organizados y del pueblo todo.
Un Poder Judicial de estas características nos produce un hartazgo que sólo se remedia mediante una profunda reforma, a la que seguimos aspirando.
Un Poder Judicial que es garante de los privilegios de unos pocos, alejado de los problemas reales de la sociedad, que no prioriza la atención a las víctimas y que desconoce o niega las asimetrías existentes en materia de género, etnias, edad y condición social, demanda medidas urgentes de los otros dos poderes del Estado, medidas que de tomarse a tiempo, no dudamos serán acompañadas por la amplia mayoría de nuestro Pueblo.
Somos conscientes que sólo se recuperará la confianza en la justicia, cuando finalmente sea integrada por jueces y juezas idóneos, independientes, íntegros, sensibles a la realidad social y profundamente comprometidos con el paradigma de los derechos humanos.
Nos convoca un objetivo superior, la defensa de la Democracia y de las instituciones del estado de Derecho, que tanto nos costó conseguir.
Nos movilizamos por la remoción de los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Le pedimos al Congreso de la Nación que sancione una ley que amplie el número de sus integrantes, y que lo haga con paridad de género.
Y que, tal y como lo habilita la propia Constitución Nacional, se llame a una consulta popular que respalde la iniciativa, en defensa de las instituciones, del estado de Derecho y de la Democracia que nos merecemos.
Por todo eso reclamamos:
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