Por Lucas Molinari
La letra chica del acuerdo con el organismo internacional todavía no se conoce pero el recorte de subsidios y la negativa a nuevas “altas” a planes sociales, son el adelanto de lo que se viene.
Según el cálculo de las consultoras de Emanuel Álvarez Agis y Nicolás Arceo, las tarifas de energía eléctrica deberían subir este año 79% y las de gas 81% para que los subsidios a la energía no superen el 1,9% del PBI, que es lo que exige el Fondo. Lejos está del planteo que volvió a sostener el gobierno en la Audiencia Pública: La Secretaría de Energía informó un incremento del 17 al 20%.
Esta semana, una fuerte movilización callejera de organizaciones sociales opositoras exigió nuevos cupos para incorporar beneficiarios al Plan Potenciar Trabajo, que cobran 1,2 millones de compatriotas (son 16.500 pesos mensuales, la mitad del salario mínimo). La negativa al reclamo estuvo a cargo del ministro Zabaleta, quien fundamentó: “No va a haber más altas de planes sociales pero tampoco va a haber un ajuste (…) Planteamos que a cada cooperativa que tienen las organizaciones sociales, las iglesias o los entes gubernamentales les vamos a aportar materiales y herramientas de trabajo”.
También en estos días se conoció el índice de la inflación de enero medido por el INDEC. Nuevamente el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” fue el de mayor incidencia en el índice general, con un incremento del 4,9% en enero. También se destacó el aumento en “Comunicación” del 7,5%, impulsado por las subas en la tarifa de telefonía e internet.
En este contexto, el diario Ejes del Mundo en la Patria desarrollado por una cooperativa de Canillitas afirmó en su editorial: “En un escenario donde las grandes cerealeras especulan con el precio de los granos para obtener mejores ganancias, provocan no solo el alza de precios, sino el desabastecimiento de los productos de consumo básicos de la mesa de los argentinos, como lo es el pan. Queda claro que, con o sin acuerdo con el FMI, enfrentamos una “guerra económica”, por lo tanto, los trabajadores tendremos que pensar en profundidad nuestro papel y las tareas prácticas al respecto”.
Como respuesta a las cifras oficiales resurgió una propuesta: Una empresa estatal de alimentos. Por ahora no hay más que la voluntad de quien la promueve, Rafael Klejzer (referente del Movimiento La Dignidad y funcionario del Ministerio de Desarrollo).
La crisis está lejos de resolverse. La expectativa de la dirigencia y la militancia es que se vienen tiempos complicados.
La pregunta central está en el Acuerdo con el FMI. ¿Cómo será la votación en el Congreso?, ¿Habrá cambios de posturas cuando se conozca la letra chica?, ¿Aprobarlo implica la ruptura del Frente de Todos? ¿Y la CGT?
Siguiendo con la información: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos finalmente desestimó el pedido de 18 legisladores demócratas para que el Fondo Monetario Internacional ponga fin a su práctica de cobrar sobretasas, como había solicitado la Argentina. “Los ingresos de los recargos para aquellos países que los pagan ayudan a crear equilibrios precautorios para proteger a los accionistas del FMI contra pérdidas potenciales”, escribió el subsecretario del Tesoro para asuntos legislativos de la administración Biden, Jonathan Davidson.
Esta penalidad le costaría a nuestro país 1.600 millones de dólares más por año, que estaría pagando una estafa sin quita (qué CFK exigió desde Cuba hace un año) y con intereses extra. Lo que hace, aún más, incumplible el esquema que adelantó el ministro Guzmán de tomar deuda para pagar deuda.
Ahora bien, ¿Por qué se plantea como inevitable acordar con el organismo sin investigar el saqueo macrista y ante una letra chica que se escribe a espaldas del pueblo?
Un dirigente cegetista define la encrucijada actual de este modo: “Firmar este acuerdo es suicida y en 2023 si llegamos divididos jugamos para la derecha”, y agregó como caracterización que el cierre de listas en el PJ de Provincia de Buenos Aires demostró que “la unidad se mantiene pero con cinta adhesiva”.
Por su parte Hugo Yasky, diputado nacional y titular de la CTA de los Trabajadores expresó en Radio Gráfica: “Damos por hecho que el acuerdo se firma. Lo que está por discutirse es quién va a pagar los platos rotos, quién va a pagar el costo de la crisis”. Contó que buscará definir una postura común junto a todos los parlamentarlos de extracción sindical frente a la votación del entendimiento y adelantó que marcharán como CTA (convocando a otros espacios) el 30 de marzo para exigir “que paguen la deuda los que se beneficiaron con ella”. La elección del día es para reivindicar los 40 años de la gran marcha que lideró Saúl Ubaldini contra la dictadura cuya consigna fue: “Luche y se van”.
La Corriente Federal se reunirá el martes. Para sus dirigentes es de vital importancia el encuentro de Regionales de la CGT que se hará el próximo jueves 24 de febrero, a 76 años del triunfo electoral de la fórmula Perón – Quijano. Será en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y viajarán para participar delegaciones de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
Consultado para este Panorama el dirigente gráfico Héctor Amichetti explicó: “Estas Regionales, que vienen teniendo un alto grado de organización y acción desde hace tiempo, valoran la unidad lograda entre todos los sectores sindicales en la CGT nacional, pero con el objetivo de fortalecer la central obrera y lograr que esa unidad sea duradera en el tiempo, consideran necesario tomar posición sobre algunos puntos en los que se juega el destino de la clase trabajadora argentina y de la Patria misma, como es el caso del acuerdo con el FMI para resolver el monumental endeudamiento externo que dejó como herencia el gobierno macrista”.
El 1 de marzo, martes feriado de carnaval, Alberto Fernández se va a dirigir a la Asamblea Legislativa. ¿Habrá movilización? Por ahora no hay ninguna convocatoria. ¿Qué consigna debería tener?
Hoy se debaten en Argentina las consecuencias menos malas y las peores, quizá por un posibilismo que se instaló en la práctica política. Lejos de la potencia de un país pleno de riquezas y de un pueblo bravo.
40 DESPIDOS EN GRI CALVIÑO
GRI es una empresa multinacional que según su página web institucional tiene 3500 trabajadores en 16 plantas radicadas en ocho países que producen 2000 torres eólicas por año. En Argentina se asoció con Calviño para la creación de una fábrica en Bosques, Florencio Varela, en 2019.
Poco tiempo para tanto conflicto. En 2020 hubo 66 despidos que terminaron en 66 reincorporaciones y en diciembre pasado hubo 36 más otros 4 de enero que suman 40 trabajadores echados en total.
Jesús Sánchez, delegado de la comisión interna, dialogó con Radio Gráfica.
“Es una empresa joven que hace tres años produce torres eólicas en Bosques. El primer año sin organización gremial el cien por cien de los trabajadores éramos operarios calificados y no gozábamos de la calificación que corresponde al convenio colectivo. Después de un año de una comisión interna viciosa del sindicato, los trabajadores interpusimos una comisión interna de base” contó y agregó: “Fuimos reivindicando los derechos de la ley de contrato de trabajo como los francos compensatorios cuando se trabajaba el fin de semana, ellos no lo pagaron el primer año y se acumuló una deuda de doce millones de pesos. Y las recategorizaciones. Ahí se empezó a desarrollar el conflicto”.
El delegado explicó que la multinacional de origen español hoy mantiene la producción parada porque “quiere recuperar los laureles que los compañeros supimos lograr”. Como ejemplo de conquistas está “la elevación de un 5% del premio de producción y presentismo y la conquista de un premio por tramo terminado”.
El conflicto de 2020 finalizó con la reincorporación de los despedidos “porque tenían que empezar el pedido de las torres que se exportaron a Estados Unidos”, expuso Sánchez. Entonces, ante las medidas gremiales la empresa se sentó a negociar (además del decreto antidespidos que regía en ese momento). Ahora, “tenemos información que están escondiendo las chapas en Dock Sud”.
La comisión interna denuncia que la empresa busca el desgaste de los 40 metalúrgicos para que acepten retirarse de la empresa, por eso apuestan al fondo de lucha. “El 80% de los despedidos son los mismos que en 2020. Quieren sacar a la gente que es militante, a los cercanos a la comisión interna para aleccionar a los trabajadores”, plantea Jesús.
El delegado contó que el 2 de diciembre de 2021 se desarrolló la elección de comisión interna en la fábrica y renovaron el mandato. “Inmediatamente el lunes 6 de diciembre la empresa decide no abrir más sus puertas y firmó con la UOM Nacional el acuerdo de suspensión del 70% por pandemia, en enero sufrimos 36 despidos y ahora otros 4”, argumenta Sánchez relacionando los hechos.
Los despidos son con causa, “por vandalismo”.
Consultado por el rol del sindicato, el delegado respondió: “Lamentablemente desde la UOM Nacional están firmando acuerdos de suspensión a espaldas de los trabajadores por segunda vez y tristemente tenemos que salir a la calle y manifestarnos. Porque los representantes que tenemos simplemente se dedican a sentarse en el Ministerio de Trabajo y a acatar todos los tiempos burocráticos sin plantear una medida de fondo de lucha ni de las seccionales ni de la UOM Nacional”.
En total son 173 metalúrgicos. Para la comisión interna la patronal busca “abaratar más la mano de obra” y la quita de derechos.
Gri Calviño hizo la presentación del “procedimiento preventivo de crisis” en el Ministerio de Trabajo de Nación. Según explicó Sánchez la UOM no lo avaló, por lo que no debería avanzar ese expediente.
Finalmente, el delegado pidió por una mayor intervención estatal en el conflicto gremial: “Necesitamos que el Ministerio de Trabajo se ponga del lado del trabajador, que el poder de policía se haga efectivo”.
Sin embargo, fuentes de la cartera laboral bonaerense explicaron a Gráfica que “las partes están liberadas hace dos semanas, terminaron los plazos legales” y agregaron: “Si los reinstalan es por vía judicial, a menos que haya un acuerdo del sindicato con la empresa”.
Cabe destacar que la Seccional Quilmes de los metalúrgicos, a la que pertenecen los obreros de Gri Calviño, vive la previa de una fuerte interna de dos listas que irán a las urnas el 7, 8 y 9 de marzo. Según nuestras fuentes “Caló apoya al oficialismo”, es decir al Barba Gutierrez que esta semana firmó como vicepresidente del Partido Justicialista de Quilmes.
REUNIÓN EN SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR POR ALQUILERES
El miércoles se desarrolló la primera reunión en la Secretaría de Comercio Interior, convocada por su titular Roberto Feletti, entre agrupaciones de inquilinos y representantes inmobiliarios.
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, contó a Gráfica los detalles del encuentro en el que el anfitrión mostró su apoyo al derecho de los más débiles, mientras que el representante del Ministerio de Vivienda (el exlegislador porteño Facundo Di Filippo) “no dijo una sola palabra”.
En representación del sector inmobiliario hubo 40 personas, que si bien “se peleaban entre ellos para ocupar un lugar en la mesa”, coincidieron en “liberar el índice de contratos para que se pueda aumentar todas las veces que quiera el mercado”, y en la duración del contrato de alquiler “sea de un año como máximo”.
“No estaban para nada contentos por tener que sentarse en esa mesa, estaban nerviosos y disgustados. A veces uno habla del mercado como algo abstracto, pero tienen representación política; (Marta Liotto) la presidenta del Colegio de Corredores inmobiliarios de CABA, uno de los más importantes del país, es representante de (Martín) Lousteau. Después, la Cámara de desarrolladores que son los que construyen edificios acá, en Punta del Este y Miami, son del grupo de Mindlin (tituar de Pampa Energía)”, caracterizó Muñoz.
Para “el mercado” la crisis habitacional, los problemas de falta de oferta y las viviendas vacías, tiene que ver con la ley de alquileres, “como si todos los problemas hubiesen empezado hace un año”, ironizó el dirigente.
Cuando pudieron hablar las organizaciones: “Dimos datos de la cantidad de viviendas vacías y planteamos que, si se lleva adelante algún tipo de modificación de la actual norma en el sentido en que estaba planteando el mercado, la única respuesta que iba a haber a eso era el aumento de inflación”.
“Dijimos que, así como el mercado y la patronal plantean la flexibilización laboral, el mercado inmobiliario plantea una flexibilización en el acceso a la vivienda y que eso no lo vamos a avalar nunca ni vamos a negociar la modificación de la ley, sino que vamos a pedir el control de su cumplimiento”, para lo cual será necesario “articular con Defensa al Consumidor y con AFIP para que se hagan barridas en inmobiliarias como se hace con los restaurantes o yates, para chequear cuántos contratos se firmaron y cuántos están registrados”.
Para el dirigente lo más interesante fue la postura de AFIP porque el representante de ese organismo (Luis Desalvo, director de Coordinación de Relaciones con la Comunidad) “dijo que la ley de alquileres es fundamental para proteger los derechos de los más débiles y que la evasión era casi total, que iba a convocar a las organizaciones de inquilinos para ver que estrategias se podrían implementar para aumentar el registro de contratos”, además, “comparó la situación con la informalidad laboral, y recordó que Cristina Kirchner cuando fue presidenta aumentó la formalidad y que luego con el macrismo eso se borró de un plumazo”.
Por eso, desde la Federación de Inquilinos se le solicitó a la “AFIP que para la próxima reunión traigan información para calcular a cuánto asciende la evasión por parte del mercado inmobiliario, así podemos cuantificar el daño que le hacen al Estado”, detalló Muñoz, que adelantó: “Lo que se va a discutir en la próxima reunión son los mecanismos de control para el cumplimiento de la ley y el impuesto sobre viviendas vacías, queremos evaluar algún impuesto sobre bienes, para que se crucen con viviendas en desuso. Son cosas que no van a resolver todos los problemas, pero estamos planteando un programa de propuestas para recuperar el rol del Estado en el sector”.
El interrogante es qué rol juegan los sindicatos en la lucha por la regulación de los alquileres. Es una constante de la Federación de Inquilinos la búsqueda de alianzas con el movimiento obrero para el asesoramiento gratuito de los afiliados y la insistencia en incorporar a las negociaciones paritarias el enorme costo de la vivienda para miles de familias trabajadoras.
YAPA: MALVINAS HOY
El lunes 14 de febrero el gobierno difundió la visita oficial al Reino Unido de una delegación argentina encabezada por la Secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, quien “indicó que pese a su enorme potencial geológico el 80% del territorio nacional se encuentra aún inexplorado, resultando por ello de gran relevancia los recientes anuncios de inversiones de capitales británicos en el país, como el de Río Tinto en Salta y el financiamiento del proyecto de litio Kachi en Catamarca por parte de la Agencia británica de crédito a la exportación (UKEF)”.
El comunicado oficial continúa con los detalles de la gira de la comitiva que “mantuvo encuentros con directivos de la empresa fabricante de baterías BritishVolt; diversas consultoras analistas de commodities (Benchmark Minerals, Argus Media y Fastmarkets); directivos de AngloAmerican…” entre otras.
“Argentina cuenta hoy con los minerales claves para la transición energética y la electro-movilidad, con importantes proyectos de litio y cobre en distintas etapas de desarrollo. El enorme potencial geológico del país, en conjunto con leyes que fomentan una minería social y ambientalmente responsable, han colocado al país en la mira de los inversores” expresó la funcionaria en la embajada argentina en Londres.
Esta política amigable y de negocios con los piratas no puede desligarse de la pasividad oficial ante el saqueo del recurso pesquero en el Atlántico Sur. De allí que el veterano de guerra Daniel Guzmán, desde Tierra del Fuego, haya criticado con bronca la agenda construida por el gobierno nacional en torno a los 40 años de la guerra: “Es la de los que se rindieron, una agenda exageradamente cargada en lo simbólico e infinitamente inferior en cuestiones reales, que no se anima a tratar los aspectos medulares que significa la ocupación colonial británica, el gran saqueo que genera y el proceso de expansión de estructura armamentística en las islas”.
Daniel Guzmán: “El gobierno está construyendo la agenda de los que se rindieron en Malvinas”
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