El próximo jueves se realizará una reunión entre funcionarios del gobierno nacional y de la administración porteña para discutir el traspaso de las 32 líneas de colectivo que circulan sólo por la Ciudad de Buenos Aires.
A pesar de que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la decisión y tildó la iniciativa como “un claro avance contra la autonomía de la Ciudad”, los gobernadores de su propio espacio político (Gerardo Morales, de Jujuy y Gustavo Valdés de Corrientes) apoyaron a la administración nacional.
El delegado de la línea 60, Esteban Simonetta, en diálogo con Radio Gráfica, puso el acento en el rol empresarial: “Cuando la crisis llega al transporte y no la resuelven desde el gobierno con mayores subsidios, los empresarios empiezan a buscar problemas con los laburantes”, y agregó: “Vienen disfrutando desde la época de Macri, ahora el agravante es la situación económica y el acuerdo con el FMI que implica achicar subsidios, eso genera que las empresas vuelquen ese ajuste a los trabajadores”.
Mientras se esperan las definiciones del jueves respecto de cómo se establecerá el nuevo esquema de subsidios, el delegado resaltó: “No puede ser que haya dos tarifas para un mismo servicio más allá de que una línea sea de capital y otra sea interjurisdiccional. La gente está en el medio de toda esta disputa, los laburantes viajan todos los días para trabajar y no van a poder afrontar un aumento tan significativo para líneas sin subsidio, que previo a la pandemia, equivalía a $100”. “Suponiendo que después de dos años ese costo sigue siendo de $100 por boleto, ¿Qué trabajador puede afrontar ese precio?”, se preguntó.
E insistió: “Tienen empresas de colectivos porque les deja ganancias siderales por el subsidio estatal. En el 2019 en la pelea por el subsidio con el gobierno de Macri terminaron readecuando la línea 60, partiéndola al medio, sacando ramales y ahora parece que no les alcanza y ya están amenazando con despidos sin causa, para generar presión ya sea para que el gobierno les dé más subsidios o para cambiar las condiciones de trabajo y que laburemos más para que ellos mantengan sus ganancias que nunca es compartida con los laburantes”.
“El transporte público debería ser estatal y beneficiar a los que trabajan y andan en pie, pero se convirtió en un negocio para los amigos de los gobiernos de turno, se llenan de plata y el servicio es cada vez peor”.
Consultado por las inversiones del sector empresario en el transporte, el dirigente remarcó: “Muchas empresas se tuvieron que reconvertir, achicaron los servicios, y el pasajero que antes se tomaba un solo colectivo ahora tiene que hacer trasbordo. Hay colectivos con 10 años de antigüedad y encima tienen prórroga para renovarlo por dos años más. No están en buenas condiciones los vehículos”.
Por último señaló que gracias al sistema SUBE, implementado por el gobierno de Cristina Kirchner, “las empresas no declaran la cantidad de pasajeros, sino que el monitoreo permite tener información precisa de lo que se recauda. A través de ese sistema se sabe la cantidad de kilómetros recorridos y la cantidad de boletos vendidos. Ahora no pueden especular, tienen que salir a competir”.
- Entrevista realizada por Lucas Molinari y Leila bitar en Punto de Partida
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