Por Fernando Muñoz *
El 6 de enero de 2002, hace justamente 20 años, el Senado trataba la salida del plan de Convertibilidad, partido por el medio en la crisis del 2001 y que debía entrar en su decimoprimer año de vigencia. En esa jornada, el Poder Ejecutivo puso a consideración la ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario.
Eran una serie de poderes especiales que le daban al presidente Duhalde, e incluía la pesificación de los aumentos de los servicios públicos, por ejemplo, que durante diez años estuvieron dolarizados y aumentando al ritmo de la inflación estadounidense.
Por el Partido Justicialista estuvo encargado de defenderla el senador Oscar Lamberto, el mismo que siendo diputado en 1991 informó y defendió en la Cámara la ley de Convertibilidad.
Es decir, el santafesino Lamberto se vio en el difícil desafío de tener que defender y a la vez destrozar el plan de Convertibilidad, iniciado por Cavallo y Carlos Menem y sostenido hasta el final por el gobierno de Cavallo y De la Rúa.
Recordemos que esa Argentina, la del debate del 6 de enero, tenía más de 15 millones de personas bajo la línea de pobreza y el 10% más rico concentrando el 43% de la riqueza. El alquiler de vivienda, que seguía siendo de precio libre al iniciar el contrato -desde la dictadura civico-militar- había aumentado un 300% por encima de la inflación durante la Convertibilidad.
En el proyecto del Ejecutivo se pesificaban las deudas hipotecarias y los créditos personales menores a 100.000 pesos y las tarifas de los servicios públicos. Asimismo, se suspendieron por 90 días los despidos sin causa y se pesificaban los contratos de alquileres sosteniendo la prohibición de indexarlos (de aumentarlos durante el contrato).
La larga lista también incluía una compensación del Estado a los bancos, una garantía constituida con los derechos de exportación de hidrocarburos por 5 años.
El mismo 6 de enero, mientras se aprobaba la ley de emergencia, Remes Lenicov, ministro de Economía de Duhalde, anunció una devaluación de casi el 30%.
Pero aquí vamos a poner acento en una intervención, ese 6 de enero de 2002 en el Senado de la Nación. La de Cristina Kirchner, que no fueron de disculpas ni de complicidad.
Cristina Fernández de Kirchner se abstuvo en la votación de la ley de emergencia. Y recordó que en la última sesión del 2001 había propuesto que se levantara el corralito para los trabajadores, que era inadmisible que un trabajador no pueda disponer de su salario.
Pero es interesante, además, repasar el discurso de Cristina, porque es el único que profundiza sobre el modelo, no sobre la Convertibilidad. Ella apunta justamente a que el senador Lamberto pudo defender, con la misma vehemencia, dos modelos monetarios distintos y totalmente contradictorios: el de la Convertibilidad, que impedía emitir moneda nacional y sostenía a toda costa el valor del peso y el dólar iguales, y el de la devaluación, que se votaba esa jornada, que devaluaba un 30% nuestra moneda.
Cristina es consciente de la procacidad dirigente presente en esa sala, de los que defendieron un modelo neoliberal, aperturista, entreguista y liquidador de empleo y derechos, y ahora hablan de la responsabilidad colectiva para salir de la crisis.
Entonces ella habla de los intereses nacionales, y los sectores que lo sostienen, que ya no son los mismos actores del 45, porque detrás de la bandera nacional, dice ella, “se cuelan los vivos que vendían sus empresas y colocaban sus dineros en otra parte”.
Y también agrega Cristina que el país se enfrenta a una situación totalmente distinta: “por eso hoy los partidos políticos no podemos dar respuesta porque, educados en el mundo moderno, donde nos juntábamos con los sindicalistas y con los empresarios y teníamos un país y todos o casi todos los intereses de ese país, hoy nos juntamos con ellos y no alcanzamos a representar todos los nuevos intereses de los nuevos sujetos sociales que tiene no la Argentina sino el mundo”.
Y refiere en esto que la formulación de un proyecto nacional debe contemplar la crisis de los dos partidos políticos más importantes: el peronismo y el radicalismo, porque finalmente, el modelo cuestionado en esa sesión extraordinaria del 6 de enero de 2002, se sostenía entre las patas de los dos partidos mayoritarios.
Y por eso, quiero destacar a Cristina, esa jornada de un Congreso rodeado por una población indignada, harta de la falta de ética de la dirigencia, hostigada por las explicaciones que durante una década escucharon de los dirigentes que el mundo era así, que se había caído el Muro y por lo tanto había que aceptar la globalización capitalista, etcétera, etcétera.
Porque ese 6 de enero ya avizoraba que la realidad era otra, que el neoliberalismo había hecho trizas a nivel mundial con la organización social predominante durante el Estado de bienestar, y había que reformular y reconstruir el movimiento nacional con los nuevos sujetos sociales y sus diversificadas demandas.
Cristina es la única dirigente, en esa sesión especial del Senado, que reconoce públicamente la crisis terminal de un modelo, pero lo explica, lo despieza como siempre hace ella, para llegar a la conclusión que las dirigencias de los dos partidos populares han cavado su propia fosa. Y que es hora de empezar de nuevo, como lo demostraron durante esa nueva expresión de Peronismo que se reconcilió con la historia nacional desde el 2003 en adelante.
Y termina, su breve discurso -porque así lo dictaba el maldito reglamento: “Mis hijos quieren seguir viviendo acá y yo quiero seguir viviendo acá. Y todo lo que tengo, lo tengo acá, en la República Argentina. No me gustan esos discursos de los dirigentes que dicen: “Estamos dispuestos a pagar el costo político. ¡Cinismo! ¡Cínicos! ¡Me gustaría saber si les sacaran la plata del bolsillo a ellos como se la han sacado a la gente, si estarían dispuestos a pagar tantos costos! ¡Cuando uno vive bien es fácil hablar de pagar costos políticos!”.
Cristina se abstuvo en la votación sobre la ley, sobre todo por su oposición a salvar una vez más a la banca con recursos estatales. Pero la apoyó en la votación particular, esa que se hace luego, artículo por artículo, votando positivamente aquellos que tenían que ver con los intereses de los trabajadores, los hipotecados y los inquilinos.
(*) Coordinador del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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