A poco de que se cumplan 20 años del 19 y 20 de diciembre de 2001, sigue vigente el recuerdo de las y los manifestantes asesinados durante las represiones policiales que intentaron contener el estallido social que tuvo como consigna “Que se vayan todos”. Carlos “Petete” Almirón tenía tan solo 23 años cuando recibió un balazo en el pecho que se llevó su vida ese 20 de diciembre en las inmediaciones de Plaza de Mayo.
Su madre, Marta Almirón, conversó con Radio Gráfica sobre cómo vive la cercanía de este emblemático aniversario: “uno se desanima un montón para estas fechas, yo a partir del Día de la Madre me siento bajoneada, ni cuenta me doy y ya viene todo a la memoria. Desgraciadamente ese es el recordatorio mío de vivir así, con tristeza”.
Marta recordó que su hijo era un militante político, que en 2001 “estaba en el Movimiento 29 de Mayo y en CORREPI”. Durante las masivas jornadas de protesta popular, “él salió a la calle por lo mal que se estaba viviendo. Como gente de pueblo, de trabajo, luchadora que salieron a la calle por un país mejor”.
Este martes, la Sala I de la Cámara de Casación Penal ratificó las penas contra Enrique Mathov (ex secretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa) a cuatros años y tres meses de prisión, Rubén Santos (ex jefe de la Policía Federal) a tres años y seis meses y Norberto Gaudiero (ex director general de Operaciones de la Policía Federal) a tres años de prisión, condenados por los homicidios de por los homicidios de Gastón Riva, Carlos Almirón, Alberto Márquez, Diego Lamagna y Gustavo Benedetto y las decenas de heridos del 19 y 20 de diciembre.
Sobre los condenados, Marta Almirón consideró que las penas son leves y que “tendrían que terminar sus días en la cárcel” ya que “las responsabilidades políticas estaban sobre Mathov, Santos y De la Rúa, que daba las órdenes y murió sin ser juzgado”.
Consultada por Radio Gráfica, María del Carmén Verdú, abogada y titular de la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial (CORREPI), analizó que “más allá del monto de las penas, que son bajísimas, lo más grave es la calificación legal con la que se condena a Mathov, Santos y los comisarios de la cúpula de la Federal. La etiqueta jurídica es la de homicidio culposo, que es un delito sin intención, sin querer, como si manejando cometés una distracción y lastimás o matás a alguien”.
Teniendo en cuenta que “esta gente es responsable no solo de las cinco muertes en la Ciudad de Buenos Aires, sino de las treinta y ocho que hubo en todo el país, porque era el Gobierno Nacional más allá de las responsabilidades provinciales”, Verdú aseguró que “deberían haber tenido como sanción un homicidio calificado por la intencionalidad, porque la orden fue ‘despejen la plaza’, sabiendo que lo iban a hacer disparando con plomo”.
- Entrevistas realizadas por Mario Sadras en Desde el Barrio y Lucas Molinari en Punto de Partida
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