Eduardo “Vasco” Murúa, director nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, conversó con Lucas Molinari acerca de la realidad y los desafíos de este sector productivo.
En Radio Gráfica, definió que hace falta que el Estado valore más a las experiencias autogestionadas y planteó la importancia de avanzar hacia una ley que facilite que empresas quebradas por patrones puedan ser recuperadas pos sus trabajadores.
LM: ¿Cómo viene la tarea como funcionario?
EM: Bien, trabajando, preguntándonos todos los días si vale la pena el esfuerzo que estamos poniendo dentro de un Estado que es difícil, que no termina de comprender la realidad de las empresas recuperadas, no termina de integrarlas del todo a sus políticas. Sí desde nuestro ministro Juan Zabaleta y desde nuestro secretario Emilio Pérsico, que están trabajando día a día con los trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas. Estamos en lo urgente, en lo necesario, cuando los trabajadores tienen algún problema, el Estado está presente pero todavía falta mucho. Todos los trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas tienen el Potenciar Trabajo, que es una complementación salarial. Desde la política del Estado, le hemos puesto 1200 millones de pesos para maquinarias e insumos para cooperativas. Eso permitió que en la salida de las dos pandemias, la de Macri y la que vino después, los compañeros puedan asumir algunas responsabilidades mayores en lo que es el pequeño aumento de demanda. El 80% de las empresas recuperadas, que con mucho esfuerzo se sostuvieron en las dos pandemias, hoy están mejorando.
LM: También se hizo un relevamiento de recuperadas.
EM: Tenemos un registro nacional de empresas recuperadas, que va a quedar en el Estado. Estuvimos acompañando un reclamo de trabajadores y trabajadoras, encabezados por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, de que se legisle en favor de una ley que permita recuperar una empresa, tras una quiebra, sin que sea tan traumático. La ilegalidad o el limbo jurídico es difícil.
LM: Vamos a explicar. Recuperás una empresa, estás en la pelea y tenés causas en el fuero laboral, fuero comercial y aparte penal, porque siempre los patrones meten causa por usurpación de la propiedad privada.
EM: A pesar de que ellos quebraron la empresa, a veces siguen actuando por fuera y haciendo denuncias. El mayor enemigo que enfrentamos es el ansia por liquidar la empresa que tienen los síndicos para poder cobrar. La ley que estamos planteando es necesaria para nuestro país, estamos actuando sobre el bien más escaso que hay en el mundo, que es el trabajo. Estaríamos convirtiendo un pasivo en un activo para el conjunto de la sociedad. También necesitamos urgente una banca para toda la economía popular. Sin hablar de eso, es muy difícil que aceptemos que el Estado está interesado en darle herramientas a los trabajadores.
LM: Lo que proponen es que una empresa, digamos Canale Llavallol que hace poco hicimos informe, ahí hubo quiebra fraudulenta y los principales acreedores son el Estado y los trabajadores. Entonces es posible.
EM: Eso sucede en el 90% de las quiebras, donde los trabajadores junto al Estado, bancos oficiales y municipios tenemos el 80% de los créditos. Un pasivo lo convertimos en un activo cuando juntamos todos esos créditos y los capitalizamos para quedarnos con la empresa. Lo que estamos diciendo en la ley es que la empresa no pasa a manos de los trabajadores, sino que queda a manos del Estado y se la da a la cooperativa mientras perdure. No estamos regalando el bien a ese conjunto de los trabajadores, queremos que ese bien siempre perdure como bien social. Si fracasa la experiencia laboral, ese bien puede quedar para hacer una escuela o algo que la comunidad necesite.
LM: Es importante un funcionario nacional que diga “esta es la propuesta del Estado”.
EM: Hoy nos está yendo un poco mejor cuando vamos a hablar con las juezas, con los jueces. La relación ya viene distinta cuando les decimos, de parte del Presidente de la Nación, que tenemos el deber de abrir todas las empresas que están cerradas y no dejar que ninguna cierre.
LM: ¿Qué cambiaría con la ley de empresas recuperadas?
EM: Lo principal, la seguridad jurídica. Los trabajadores tienen que pensar en la producción y la comercialización, no en que todos los días les viene una orden de desalojo.
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