La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) realizaró un acampe de cuatro días frente al Congreso nacional reclamando por la sanción del proyecto de ley de Acceso a la Tierra que culminó este jueves. Esta iniciativa se encuentra actualmente en tratativas en las comisiones de Agricultura y Asuntos Legislativos de Diputados. La implementación de a esta ley permitirá que las familias productoras puedan acceder a un “Procrear Rural” que permita el acceso a la tierra.
Marisa, integrante de la UTT, en dialogó con Radio Gráfica indicó que este ley “se presentó por primera vez en el 2016, se repitió en el 2018 y en octubre del año pasado lo presentamos por tercera vez”, y agregó que “ahora se está tratando en comisiones pero vemos que no hay avances. Por eso realizamos este acampe, para exigir por la necesidad que tiene el pueblo argentino de consumir alimentos sanos y a precios justos“.
“Esta ley permitirá que los pequeños productores de alimentos podamos acceder a la tierra a través de crédito blandos, que podamos comprar la tierra que normalmente producimos, que es de un hectárea o de una hectárea y media, y en vez de pagar un alquiler que muchas veces son abusivos estar pagando nuestra propia tierra con nuestro propio trabajo”, completó.
Otro aspectos importantes que señaló la militante de la UTT es “es el acceso al agua para producir alimentos; que las semillas sean de libre circulación y recuperar esas semillas nativas y criollas todo lo que necesitamos para poder producir”, describió.
También, la productora resaltó que “desde el 2014 empezamos a producir de manera agroecológica y vemos que es un cambio grande para nuestra salud, no estamos en contacto con esos productos que tanto daño hacen a la salud“.
“Logramos reducir hasta un 60% la inversión que teníamos anteriormente con agrotóxicos. Ahora con agroecología hacemos nuestros propios abonos con materiales que tenemos en el campo o son muy baratos y fáciles de conseguir. Hacemos nuestros propios insumos controladores de hongos, de insectos, generamos mucha diversidad en el campo de las plantas, recuperamos la fertilidad de este suelo y así podemos producir alimentos sanos y también reduciendo los costos de producción”, destacó.
Cuando aumentan los alquileres de las tierras “repercute sobre el precio final de los alimentos. Por eso queremos que se avance sobre el proyecto de ley, para que las familias podamos tener una tierra propia para producir, vivir de una manera digna porque normalmente tenemos un alquiler de tres años y tenemos que mudarnos para otro campo porque la venden o porque la ciudad avanza. Nosotros no tenemos estabilidad en el terreno”, señaló.
En la misma línea, Marisa especificó que “tenemos viviendas precarias, sufrimos inundaciones, un temporal viene y se nos vuelan las chapas porque son casillas que nosotros armamos con los mismos materiales que armamos un invernadero. Estamos cansados de vivir de esa manera y por eso queremos que se avance con este Proyecto de Ley para tener una vida digna y un trabajo digno en el campo. Y las familias puedan acceder a alimentos sanos y a precios justos”.
Semanas atrás, integrantes de la UTT fueron recibidos por el presidente Alberto Fernández. “Hubo un compromiso de que este proyecto avance, ahora está en comisiones de la Cámara de Diputados, pero todavía no vemos que eso suceda. Por eso volvimos a hacer el acampe, para tener una respuesta más concreta y que haya una voluntad política para que avance porque es muy necesario para que los pequeños productores podamos brindar alimentos sanos de calidad nutritiva y a precios justos”.
Otra movilización que se realizó, paralelamente en el Congreso este jueves fue la convocada por la Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA). Mónica Bertolani, de la comunidad Comechingón Sanavirón en San Marcos Sierras, Córdoba, también formó parte de la concentración de cuatro días que a su vez pide la prórroga de la Ley 26.160 de relevamiento territorial de Comunidades Indígenas.
Bertolani comentó que la prórroga es necesaria debido a que “implica que los pueblos originarios tengamos tierras aptas para el cultivo y el consumo humano”, y añadió que en realidad lo que necesitan es que “la Ley (de Acceso a la tierra) se aprobara porque la obligación del Estado es proveer tierras aptas para los pueblos originarios, le atañe al Estado preservar la vida de los habitantes de estos pueblos”.
“Nosotros somos preexistentes al Estado (Argentino), fuimos despojados de la tierra y necesitamos volver a lo que fue nuestro”, manifestó.
De no conseguirse la prórroga “seguiríamos sufriendo de los despojos de la tierra, seguiríamos sufriendo los desalojos violentos. Si bien no nos asegura nada porque los pueblos siguen sufriendo despojos, nosotros en Córdoba tenemos la provincia está incendiada, sabemos perfectamente que esos incendios son políticos, pretenden es arrasar con el monte para convertir esas tierras en emprendimientos inmobiliarios”.
En sintonía, Farfani Sac, de la comunidad Ocumazo, sostuvo que la Ley 26.160 “es la protección de la comunidad de aborígenes de todo el pueblo argentino. Al caer esta Ley nos quedamos desprotegidos porque, lamentablemente, a veces en la zona norte desde donde yo vengo Jujuy, tenemos muchos inconvenientes con nuestra tierra. Hay mucho ensañamiento, más que nada no nos respetan. Y como esta es una Ley, como ya hace años, es una protección, una base para toda la comunidad aborigen de zona norte”.
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