Panorama sindical. Rumbo

Por Lucas Molinari y Leonardo Martín

Volvió a arrancar la campaña hacia el 14 de noviembre. El bloque antinacional quiere llegar a un 45%, quitarle la mayoría al Frente de Todos en el Senado y disputar la presidencia de la Cámara de Diputados. Ese “van por todo” que frenó el Pueblo en las calles aquel diciembre de 2017. Quizá la mejor campaña del oficialismo la hagan estos buitres, como sintetizó Pablo Moyano que llamó a votar en defensa propia para “no perder los derechos conseguidos”.

Lo que no está claro es el rumbo del Frente. O quizá sí… Ahí vamos.

Esta semana en el aire de la Gráfica hubo fuertes discusiones por una preocupación constante y creciente: nuestra soberanía nacional.

Empecemos por nuestra Cuenca del Plata, allí por donde circulan 4600 barcos por año de los cuales sólo el 2% son de bandera nacional. Por esa bajante del Paraná que sale de la agenda de los medios del sistema que están financiados por los mismos saqueadores que están destruyendo nuestra Casa Común.

Horacio Tettamanti, ex Secretario de Puertos y Vías Navegables, fue muy crítico sobre el accionar de la Administración General de Puertos. Opinó que el Estado se encamina a un “siga siga” del esquema privatizador. Al día de hoy tanto el radical oriundo de Chascomús, Gabriel Romero, como la multinacional belga Jan de Nul siguen desarrollando el dragado y balizamiento. La diferencia es que ahora el peaje lo cobra la administración pública. “Eso al menos permite controlar el contrabando”, explica un diputado nacional.

Cabe recordar que la socióloga Alcira Argumedo supo investigar el enorme negocio ilícito que calculó en 30.000 millones dólares por año que el país pierde (casi nuestra deuda externa). “El problema está en que es un estado bobo que confía de las declaraciones juradas de las petroleras, las mineras, las cerealeras…”.

La estrategia de Jan de Nul, según nos cuentan es tener “buena prensa” o al menos que aquellos periodistas que puedan hablar mal de ellos se llamen a silencio (lo pagan con millones). A la vez, patear para adelante la definición de la nueva licitación para lograr el mejor acuerdo, que es el peor para las mayorías (a medida que se debilita el gobierno nacional, crecen sus acciones). Para estudiar el tema recomendamos leer “Extractivismo y soberanía nacional”.

Pero también el litio.

Esta semana el secretario de Minería, Alberto Hensel, descartó la posibilidad de crear una gran empresa minera estatal. Fue en un encuentro con los gobernadores Jalil (Catamarca), Saenz (Salta) y Morales (Jujuy). “El gobierno nacional no está pensando en una estatización de litio”, expresó en el evento “Lithium in South America 2021” organizado por “Panorama Minero”, donde las corporaciones juegan de local.

“La posición fijada por Hensel tranquiliza a las provincias con litio, que temían un avance de Nación sobre el recurso, luego que legisladores afines al kirchnerismo como Heller y Koening propusieran declarar al litio como recurso estratégico”, analiza un portal de noticias. Lo cierto es que nunca se presentó un proyecto de ley y si bien ambos parlamentarios plantearon públicamente el debate, el jefe de bloque Máximo Kirchner no dijo nada al respecto.

En las declaraciones de los gobernadores se destaca la mentalidad colonial, como Raúl Jalil que festejó: “Independientemente de diferentes partidos políticos, Catamarca, Jujuy y Salta podemos conformar políticas de estado a futuro”. Es decir, no importa si radicales o pejotistas, los niveles de acuerdo con las multinacionales se respetan.

De lo que sí opinaron con un reflejo asombroso Máximo Kirchner y Sergio Massa fue para rechazar el proyecto del diputado jujeño José Luis Martiarena que propone la nacionalización de los depósitos bancarios para “cambiar el rumbo económico” y terminar con la “política financiera neoliberal de (Alfredo) Martínez de Hoz”. El comunicado del bloque del Frente de Todos afirmó: “Es la iniciativa de 1 diputado sobre 117 y no es acompañada por quienes forman parte del oficialismo”.

Si bien sucedió todo el mismo jueves en el que se volvieron a mostrar juntos Alberto y Cristina, y claramente el jujeño se “descolgó” de la conducción (y lo presentó sólo sin construir una estrategia), nos preguntamos, ¿no es un tema urgente?

En comunicación con Gráfica, Martiarena sostuvo que “no hay un riesgo de nada, los ahorros son de los ahorristas” y que “el Estado debe controlar la economía”. Recordó que su padre era un pequeño productor tabacalero y obtenía crédito del Banco Provincial de Jujuy para las producción, “hasta que llegó Martinez de Hoz, levantaron las tasas y miles de productores se fundieron, tuvieron que vender los tractores y las fincas”. El proyecto propone “un crédito regionalizado como había en la época de Perón” para que “el ahorro de los argentinos vuelva a los argentinos”. Consultado por qué fue desautorizado de esa manera por la conducción del bloque expresó: “Acá nadie tiene que enojarse, es bueno que desde la política veamos los temas que Argentina tiene que resolver”.

Recordó que todavía rige la “ley de entidades financieras de 1977” y planteó la necesidad de “discutir una nueva política financiera porque la actual está al servicio de las multinacionales extranjeras y sobre todo genera especulación financiera”.

El gobierno nacional se está posicionando a la defensiva y buscando alianzas con sectores del establishment para lograr gobernabilidad. A la vez, los fuerzas internas del Frente de Todos debaten un futuro incierto, con los riesgos de la pelea interna por poder político propia de la “rosca” (que a decir de CFK sólo representa el 20% del poder).

Con esa clave vamos a analizar en esta edición la nueva ley de agroindustria, presentada con Alberto y Cristina. Opina el economista Horacio Rovelli y el dirigente de APINTA Paulo García.

Ahora bien, ante la debilidad del gobierno nacional, el bloque enemigo avanza. Con 38 votos a favor y 20 en contra, la Legislatura porteña aprobó este jueves una ley que permite apelar fallos de la Justicia nacional, en cualquiera de sus fueros, ante el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. “Envalentonados por el resultado electoral y por fallos provenientes de la Corte Suprema están queriendo justificar que la Justicia nacional tiene que pasar al territorio de la Ciudad de Buenos Aires”, sintetizó Gabriel Galeano de la comisión interna del Fuero del Trabajo-UEJN. Cristina Fernández por su parte en redes sociales advirtió que “ya la aprobaron con su mayoría automática en la legislatura de CABA. ¡Y ojo! Porque estos republicanos de morondanga están a un solo legislador de poder modificar la Constitución”.

Un conflicto político que deberá afrontar un Presidente que no quiso confrontar con la Corte Suprema como sí hizo Néstor Kirchner. Más abajo ampliamos, porque habrá una movilización el miércoles que como siempre Gráfica estará cubriendo.

Pero sigamos, porque en paralelo tenemos un conflicto en Santa Fe con la multinacional yanqui DowChemical. Hoy retomamos la información con mucha preocupación porque se demuestra una vez más la incapacidad del gobierno para defender el interés nacional.

Entonces, ¿hacia dónde va el gobierno?

“No hay manera de revertir la derrota de las PASO”, planteó esa semana el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, para quien “hay que restablecer el vínculo de confianza con la sociedad” para lo cual se necesitan “dirigentes que logren generar empatía”.

El gobierno necesita recuperar votos, mantener la primera minoría en Diputados y la mayoría en el Senado.

El bloque antinacional se muestra unido y evalúan cómo quebrar la experiencia del Frente de Todos aislando a Cristina Fernández, que sigue asediada por causas judiciales en su contra.

El macrismo demostró cómo muchos que se dicen aún hoy peronistas votaron con las dos manos el Acuerdo Buitre, entre otras leyes que permitieron el saqueo vendepatria.

Pareciera entonces que ese voto “en defensa propia” al oficialismo tendrá que ser traducido en una campaña electoral en la que las organizaciones libres del pueblo tengan protagonismo, muy a pesar de los diseños del Palacio.

“El 50 por ciento de pobres es la demostración que el modelo extractivista desarrollista está acabado”, comentó un dirigente político a estos cronistas.

Lo cierto es que no se avizora aún una fuerza popular capaz de poner en agenda ese Peronismo, doctrina cuya base está en recuperar soberanía para tener patria. Pero si existe una gran capacidad defensiva que se verá reflejada en las calles en este agitado mes de octubre que recién empieza.

CRÍTICAS A LA LEY DE AGROINDUSTRIA

Llegó Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con una agenda ambiciosa que se mostró en el acto del jueves en el cual se mostraron juntos Alberto y Cristina tras el terremoto post-PASO.

El título del proyecto de ley es grandilocuente: “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, consensuado con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). A grandes rasgos propone aumentar las exportaciones para alcanzar 100.000 millones de dólares anuales en un mediano plazo y apunta a generar 700 mil puestos de trabajo directos e indirectos hacia 2030.

En toda la presentación ni el Ministro y el Presidente se refirieron al precio de los alimentos que están por las nubes y explican, en parte, los niveles escandalosos de pobreza que esta semana volvió a reflejar el INDEC.

Vamos a repasar algunas posturas críticas a la propuesta oficial. El economista Horacio Rovelli planteó que el gobierno “insiste en seguir haciendo concesiones a los sectores más concentrados de nuestra economía que son a su vez, los principales beneficiados de la suba de los precios” y agregó que las corporaciones “van a seguir sub facturando vía la República Oriental del Uruguay (como lo demostró la sanción a 17 principales frigoríficos en mayo de este año y sobrefacturando compras de granos del Paraguay”.

Para Rovelli “en la Argentina de los últimos 45 años la principal causa de la suba de precios es el valor del dólar y, ello es así, por la fuerte extranjerización de la economía y el predominio que tienen las principales empresas en sus respectivos mercados”. De allí que “los grandes formadores de precios de alimentos en el mercado argentino se benefician y propician la suba del valor de la divisa para priorizar la venta al exterior y que, por cada dólar que consiguen (y que el proyecto de marras impulsa y estimula) quieren obtener mayor poder de compra en el mercado local”.

Por su parte Paulo García, secretario general de APINTA Castelar, consultado por Gráfica sobre la presentación oficial, opinó: “Continúa en la misma línea, modelo de producción, con alto impacto ambiental, uso de agrotóxicos, no especifica cómo se van a crear los 700.000 puestos de trabajo vinculados al sector. Les otorga ventajas y beneficios a los de siempre, que son el sector más concentrado y extranjerizado del campo. Que para nuestra visión para llegar a exportar 200.000 toneladas se necesitan muchísimos dólares en insumos Importados, que hoy nos faltan. La verdad me queda la impresión de un beneficio más para estos sectores antipatria, cipayos , que siempre nos combaten, que un beneficio para los ciudadanos de a pie. El modelo productivo sigue siendo el mismo, campo sin gente, ahora financiado por los más pobres”.

Seguiremos analizando y debatiendo este proyecto que irá al Congreso. Si en Gráfica veníamos debatiendo la contradicción en la coalición de gobierno del peronismo y el desarrollismo, las PASO mostraron la verdadera disputa: desarrollismo vs neoliberalismo. Es decir, que la recuperación de soberanía no parece estar en las posibilidades de la política profesional argentina.

DOWCHEMICAL, CRECE LA PREOCUPACIÓN

En el acto del 9 de septiembre en Tecnópolis, el cierre de campaña antes de las PASO, CFK se dirigió al Presidente: “Cada dólar que tengamos que pagarle al FMI va a ser un dólar menos para pagar importaciones para que las pymes produzcan. Nuestras fábricas y empresarios necesitan dólares para comprar insumos. Por eso, Alberto, no tenemos que permitir que Dow Chemical en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, cierre esa fábrica tan importante que produce insumos plásticos difundidos para toda la industria”.

Pero no estaría haciéndose la voluntad de la vicepresidenta, por ahora al menos.

Mauricio Brizuela, secretario general de Petroquímicos, contó a Gráfica: “En la Audiencia que se llevó a cabo el jueves para nosotros fue negativa, la empresa otra vez volvió a negar información que para nosotros es sensible y que también fue requerida por el Ministerio de Trabajo provincial. Por lo cual vemos que faltan el respeto a la buena fe que tiene que tener toda mesa de diálogo para tratar de solucionar un problema. Nosotros estamos instando, junto al Ministerio, para mantener los puestos de trabajo y ellos lo único que quieren negociar son las indemnizaciones. Así que, es un retroceso. En la audiencia nos acompañó la CGT San Lorenzo y los diputados provinciales”.

“Este conflicto está empeorando, la empresa está llevando a cabo su cierre programado, de ir apagando las máquinas de a poco. Ya hay una planta que no va a volver a producir en puerto San Martín de solventes hidrogenados…”

“Creo que los tiempos se están agotando. Desde la CGT nos vamos a reunir para ver cómo encaminamos esto”.

El viernes hubo una nueva reunión empresa y diputados de Santa fe “con el mismo resultado negativo, la empresa sigue adelante con su plan de cierre”, contó Brizuela a Gráfica que sin embargo valoró el encuentro: “Para nosotros era algo que hacía falta, que todos es esta Provincia nos unamos ante el atropello de esta multinacional”.

Veremos las novedades. “La semana que viene me confirman el día que nos recibiría el ministro Kulfas, según se comprometieron sus asesores”, anunció Brizuela que recuerda que “el miércoles 6 de octubre se termina la conciliación, ahí veremos los pasos a seguir”.

BRONCA EN GREMIOS AERONÁUTICOS

Los sindicatos aeronáuticos se encuentran en “estado de alerta y movilización” ante la falta de respuestas del Gobierno nacional. En un comunicado conjunto de APLA, UPSA, Atepsa, APA y APTA plantearon quejas por la falta de una política aerocomercial expansiva y la revisión de los acuerdos bilaterales de conexión aérea firmados con otros estados para priorizar la protección de puestos laborales en el país. También volvieron a exigir la derogación de los decretos macristas de desregulación de los servicios de rampa, reinstauración de la banda tarifaria inferior y la reubicación de trabajadores/as de Latam Argentina, Avian y Flyest, entre otros reclamos.

“La paciencia de los gremios aeronáuticos llegó al límite. Estamos haciendo el mismo reclamo desde que asumió el gobierno sin ningún tipo de respuesta”, expresó Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), en Radio Gráfica y remarcó que “la política aerocomercial sigue siendo la misma que implementó Dietrich”.

“Lo único que hizo, pero eso porque había fallo de la Justicia, fue cerrar el aeropuerto de El Palomar. Pero, las empresas que operaban en El Palomar ahora operan en Aeroparque con las mismas tarifas, con lo cual es una competencia desleal con el resto de las empresas porque las tarifas son mucho más baratas que las de Aeroparque”, explicó el dirigente sindical, y observó que se “sigue favoreciendo al grupo LATAM, dándole permiso para operar en distintas escalas”.

A la vez denunció: “Vemos una cercanía muy peligrosa entre el ministro (Alexis) Guerrera y el grupo LATAM, así como la vimos con el ministro Moroni en Trabajo, que le dejó hacer a la empresa lo que quiso para despedir a 3 mil personas y hoy la empresa sigue existiendo”.

Durante la gestión de Guillermo Dietrich en transporte, se lanzó el decreto 49/2019, que desreguló la prestación de los servicios de rampa en aeropuertos nacionales. Hasta ese momento, la llevaba adelante la empresa estatal Intercargo. “El decreto propone desregular la rampa y crear nuevas empresas. Casualmente los que se presentaban como nuevas empresas eran amigos de funcionarios del gobierno. Pero esas empresas tenían una particularidad. Solo iban a operar en las escalas rentables y el resto se la dejaban a Intercargo, que es la empresa del Estado”, planteó.

“Nosotros nos opusimos. Hicimos presentaciones judiciales y el gobierno, al inicio del mandato de Meoni, se comprometió a eliminar ese decreto, porque decía que atentaba contra la soberanía, porque podían venir empresas extranjeras a operar la rampa en cualquier destino del país. Más allá de eso, la promesa de Meoni nunca se cumplió y con este ministro tampoco. Y eso es un peligro que atenta contra las fuentes de trabajo y la precarización”, sostuvo.

Todos los sindicatos fueron conciliados y llamados a una reunión por separado porque la FAPA (Federación Argentina del Personal Aeronáutico) no está regularizada por el Ministerio de Trabajo, a pesar que fue otra de las promesas apenas asumió Moroni.

ALBERTO Y LA “MICROCAMPAÑA”

En este contexto de fuertes críticas de los gremios al gobierno nacional, Alberto Fernández fue a Aeroparque en un modo de campaña de “bajar al territorio” para “anotar las críticas y sugerencias” y demostrar que es un Presidente que escucha. Acompañado por colaboradores de confianza ya estuvo en Pilar, Ituzaingó, Dock Sud, Lanús, Merlo y Ensenada.

En el Aeropuerto Jorge Newbery llegó este lunes.

“Nunca nos avisaron, nos enteramos por el comentario de otros compañeros”, explicó Edgardo Llano de APA-CTA y agregó con enojo: “Nos sentimos ninguneados de alguna manera, teniendo en cuenta que lo venimos apoyando desde el inicio, y aun en la mala situación en que está. Obviamente que no dejamos de hacer los reclamos de las cosas que creemos que están mal, pero me parece que correspondía que alguien avise”.

Contó que “los compañeros lo llenaron de reclamos al Presidente, de reclamos que el Presidente no tenía ni idea. Por ejemplo, lo de la regulación de rampas el presidente no lo sabía. Es lamentable que no se entere de los reclamos más importantes que pasan con uno de los ministerios más fuertes, con uno de los presupuestos más altos. Es un reclamo por el cual hemos hecho una movilización el año pasado al ministerio de Transporte, al ministerio de Trabajo, con más de 3 mil compañeros, y el presidente no estaba enterado. Los ministros no comunican ni al presidente ni al jefe de gabinete cuál es la problemática”.

MOVILIZACIÓN AL TSJ (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA) DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
Distintas asociaciones de magistrados y abogados y gremios de trabajadores judiciales convocaron a una concentración para el 6 de octubre a las 11am frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), Cerrito 760, para repudiar la “maniobra de colonización de la Justicia Nacional” de Juntos por el Cambio.

La protesta es contra la ley aprobada por la Legislatura porteña con la que el macrismo amplió las competencias del TSJ de la Ciudad, que ahora podrá revisar sentencias dictadas por la Justicia Nacional en cualquiera de sus fueros con sede en CABA.

La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), la Unión del Empleados Judiciales de la Nación, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo y el Frente de Abogados Populares, están convocando como también otros gremios de la Corriente Federal y la CTA de la Ciudad.

“Yo creo que no es un debate jurisdiccional, este es un debate político y que tiene que ver con el deseo por parte de la derecha y de la oligarquía de crear un centralismo porteño”, opinó Gabriel Galeano de la comisión interna del Fuero del Trabajo-UEJN, en Gráfica y planteó: “El mismo escándalo jurídico que fue cuando designaron a dos miembros de la Corte por decreto, que sabemos que después fue al Congreso y un sector, que hoy está en el Frente de Todos, terminó avalando a esos miembros de la Corte”.

MESA CHICA

Dos reuniones importantes hubo esta semana involucrando a dirigentes del movimiento obrero. Una fue el jueves por la tarde en la sede de UPCN en Ciudad de Buenos Aires donde se realizó un cónclave entre la Mesa Chica de la conducción de la CGT y los principales dirigentes del Frente Para el Modelo Nacional con dos temas centrales: el proceso de renovación de autoridades en CGT previsto para el próximo 11 de noviembre y pulir detalles del documento que acompañará la inmensa movilización que se espera para el 18 de octubre.

Participaron por parte de la Mesa Chica de la CGT Andrés Rodríguez (UPCN) que ofició de anfitrión; el binomio de conducción Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio) y Argentino Geneiro (Gastronómicos). No estuvo presente Gerardo Martínez de la UOCRA al que muchos postulan para la secretaría general.

Por parte del Frente Sindical estuvo Pablo Moyano (Camioneros); Paco Manrique (Smata); Omar Plaini (Canillitas); Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Juan Pablo Brey (Aeronavegantes).

Como describimos en el Panorama de la semana pasada pos confederal hay un camino de unidad que mirando hacia las bases estaba solidificado, pero que venía con desacuerdos de cúpulas. Una unidad donde todavía queda picando la pregunta sobre qué sectores incluirá, qué canales democráticos en el funcionamiento interno de la CGT se promoverán y sobre qué base programática desarrollará el músculo político esa CGT.

Otro punto que fue parte del temario es el documento que se difundirá junto a la movilización del 18 de octubre que vale decir, habrá un mensaje de apoyo y respaldo al Frente de Todos, pero también reclamos de mayor dureza al momento de controlar los precios y de recuperar ingresos. De todos modos pareciera ser que va a ser una movilización que incluso en los reclamos y el mensaje va a terminar desbordando a la propia CGT con la participación de diversos sectores y una reafirmación de una identidad trabajadora y peronista. Necesaria para fortalecer a un gobierno al que muchos le piden un cambio de marcha y mayor decisión para confrontar con intereses concentrados y antipopulares.

Horas después del mediodía del viernes la Mesa Chica de la CGT siguió con su actividad en un encuentro con el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Interior y Trabajo, Wado de Pedro y Claudio Moroni.

Según trascendió Alberto Fernández les pidió a los presentes que la CGT “se involucre” en el nuevo escenario político y que colabore con “el nuevo gabinete” tomando el guante de reclamos previos de poca participación del mundo sindical (entre otros) en la elaboración de las políticas públicas. Cuestionamientos que resonaron en el Confederal de un pedido que el tiempo dirá si realmente se hace efectivo o es una declaración vacía. También como parte de una apertura del juego a otros actores tras la derrota en las PASO buscando contención en gobernadores, intendentes y movimiento obrero.

Por parte de la CGT participaron (los invitados habituales) en la reunión con Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Armando Cavalieri, Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri y Rodolfo Daer (Alimentación).

YAPA. SINDICATOS EN ESPAÑA POR UNA LEY DE VIVIENDA

Esta semana se presentó la ley de vivienda en España, un proyecto de Podemos, junto a otras fuerzas políticas y el apoyo de las centrales obreras CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otras organizaciones.

Según explica un medio español: “Proponen regular el precio de los alquileres, contempla modificaciones legales en la Ley de Arrendamientos Urbanos, así como en la regulación hipotecaria y judicial, y establece un objetivo para que los municipios con más demanda residencial dispongan en un plazo de veinte años de un 20% de vivienda social respecto al total del parque de viviendas”.

Para el Defensor de los Inquilinos de la Ciudad, Fernando Muñoz, es “muy importante que el movimiento sindical tenga en agenda la problemática de la vivienda y creo que más temprano que tarde esto va a suceder en Argentina”.

A la vez Muñoz destaca otros aspectos del debate ibérico: “Limitar el precio máximo y crear un parque público de viviendas alquiladas es parte de la Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda, que a comienzos del año pasado firmaron la UGT y las Comisiones Obreras”.

“Pero lo que define el carácter alternativo y clasista de las centrales obreras”, agrega el Defensor de los Inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, “es que la vivienda sostenida con recursos públicos debe ser vivienda de alquiler“.

“No más promesas de título de propiedad. La dirección del movimiento obrero español está pensando en todos los trabajadores, no en esa minoría de minorías que puede tener una oportunidad de ser dueño de una vivienda. La propuesta conjunta de las dos centrales obreras es que en 4 años las distintas provincias y ciudades más pobladas de España cuenten con 100.000 viviendas públicas en alquiler”.

Finalmente, Muñoz afirma que “la impronta que plantean las conducciones sindicales españolas es la que nosotros proponemos y que nos sacan cagando: ser inquilinos toda la vida en vez de pasarse la vida pagando una hipoteca, con un Estado presente que garantice el acceso a la vivienda alquilada a precios accesibles. Ahí está el debate de fondo”.