Por Ramiro Coelho *
Durante los últimos días, la discusión en torno a la posible implementación de una “renta básica universal”, para la inmensa cantidad de trabajadorxs que hoy integran el mercado informal de trabajo, parece haber cobrado intensidad hacia adentro de la coalición gobernante. La durísima crisis socioeconómica generada por las políticas del pasado gobierno de Mauricio Macri y los efectos de la pandemia a lo largo de este año y medio del gobierno del Frente de Todxs han agravado la larga crisis estructural del empleo en nuestro país, que ya lleva tres décadas.
Ante semejante contexto, el gobierno nacional y popular de Alberto Fernández, mostró reflejos rápidos para atender la emergencia. Implementó programas de asistencia directa para acceder a alimentos, creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y profundizó la implementación de la Ley de Emergencia Social y Laboral, logrando una alta eficacia gracias a la inteligente decisión de otorgar a las organizaciones sociales un protagonismo central tanto en la gestión de gobierno como en su implementación territorial.
Pero nada parece alcanzar. Los casi diez millones de inscriptxs a la IFE y los aumentos de los niveles de pobreza e indigencia al 48 y 10 por ciento respectivamente dan cuenta de una situación insostenible que necesita de políticas específicas. Se abre la necesidad de debatir políticas que den una solución definitiva a la endémica falta de trabajo asalariado y la precarización laboral en Argentina. Problemática que hoy es parte de la agenda de los países centrales y de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quienes vienen impulsando a nivel internacional estas políticas para sostener a la población mundial que inevitablemente quedara por fuera del empleo.
El camino corto
Desde los comienzos de la gestión del actual gobierno, el Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo formuló declaraciones en defensa de la renta básica universal. La grave situación socioeconómica heredada del Macrismo ameritaba políticas que generaran ingresos en las mayorías trabajadoras para “poner en funcionamiento la economía”. “Poner dinero en el bolsillo de lxs trabajadorxs” era la frase que el presidente había adoptado para explicar que era necesario aumentar los ingresos de lxs asalariadxs y no asalariadxs para impulsar el trabajo y la producción.
Más allá de los posteriores efectos catastróficos de la pandemia, la necesidad de un ingreso universal para lxs trabajdorxs de la economía popular ha estado en la agenda del Gobierno. Políticas que cuentan con el aval de organismos internacionales como la OIT y el BM y que ya cuentan con experiencias piloto en países nórdicos y Alemania entre otros. Todas ellas naciones que han logrado un desarrollo pleno de sus fuerzas productivas, sin tener que haber sufrido la injerencia de potencias extranjeras y organismos multilaterales de crédito en sus políticas económicas, como el caso de los países del Cono Sur Americano. Postura que parece asumir que los efectos catastróficos de capital financiero sobre la producción y el trabajo global resultan inevitables y es necesario que el Estado subsidie los efectos de la fiesta especulativa global.
Más allá de dichos análisis estructurales, en la actual emergencia nacional, la implementación de algún tipo de ingreso nacional básico podría significar un cambio sustancial en las condiciones de vida de los sectores de la sociedad que han quedado sumergidos en el hambre y la indigencia.
El camino sinuoso y complejo
Pero el Gobierno no está arando sobre tierra desierta. Argentina tiene experiencia propia en el diseño e implementación de políticas sociales y de restitución, siempre parcial, de derechos sociales y laborales. Cabe señalar, sin ir muy lejos en la historia, la consulta popular organizada en 2001 por el por Frente Nacional Contra la Pobreza (FRENAPO) por un Seguro de Empleo y Formación y las posteriores políticas sociales implementadas por la ex Ministra Alicia Kirchner durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández entre 2003 y 2015. Un periodo de crecimiento virtuoso de la economía nacional que no podría haber llegado a los indicadores socioeconómicos que alcanzó sin el sostén de la asignación universal por hijo (AUH) y los múltiples programas de promoción del trabajo popular articulados a través de la gestión de diversos ministerios. Durante ese período el país creció a un promedio cercano al 6% anual y logró bajar la desocupación a al mismo porcentaje. Sin embargo, las tasas chinas de crecimiento no pudieron hacer mella en los niveles de trabajo informal.
Hacia el final de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina mantenía más de un tercio de su población económicamente activa trabajando informalmente. Las políticas sociales y de promoción de trabajo popular organizado como el Plan Argentina Trabaja, el Plan Social Agropecuario y Ellas Hacen lograron construir una malla de contención social virtuosa basada en la promoción del trabajo y la restitución parcial de derechos sociales, a través de la adjudicación del monotributo social que generó mejoras en la calidad de vida de lxs trabajadorxs informales y sumó experiencia organizativa a la ya acumulada durante la resistencia al menemismo en los 90. Experiencia que logró su síntesis al concretarse la creación de la Confederación de Trabajadorxs de la Economía Popular (CTEP) y la posterior obtención del reconocimiento gremial al constituirse la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (UTEP). Actores sociales y, hoy en día, gremiales que se constituyeron en la punta de lanza de la resistencia a las políticas neoliberales del macrismo y, casi paradójicamente, en los colectivos del campo popular con mayor capacidad de incidencia política en dicho periodo. La ley de Emergencia Social y Laboral, votada por el Congreso Nacional en pleno auge de gobierno de Juntos por el Cambio, se ha constituido en la actualidad en uno de los recursos de contención socioeconómica más potentes de la política pública. Pero también de organización del trabajo popular en rubros estratégicos como la agricultura familiar, la gestión de residuos urbanos y los cuidados antes y durante la pandemia, entre otros rubros. Rubros que sobrepasan el mero objetivo de contención social, sino que, en muchos casos, se constituyen en espacios de producción popular estratégicos para una política soberana de producción popular.
Un debate del campo nacional y popular
El actual debate sobre una posible renta básica universal, según lo expresado por referentes de diversas organizaciones sociales y funcionarixs del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ronda en torno a la tensiones enumeradas en estos párrafos. Conocida es la postura del ministro de Desarrollo Social y la Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz. Una asignación básica universal para quienes no acceden a un trabajo registrado podría tener un impacto inclusive superior al de la AUH años atrás, llegando a millones de argentinxs que hoy están al borde de la indigencia. También se ha hecho púbica la postura del referente del Movimiento Evita Emilio Pérsico, actualmente a cargo de la Secretaría de Economía Social del mismo Ministerio, quien expuso días atrás su postura en favor de otorgar ingresos estatales a través de la promoción de trabajo.
La profundización de la Ley de Emergencia Social y Laboral, mediante la creación del Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular (RENATEP), ha sido el instrumento que han desarrollado los funcionarios pertenecientes a la UTEP con intención de tener una estadística de trabajadorxs y rubros de la economía popular. El fin es articular la entrega de salario social complementario, hoy en día Potenciar Trabajo, con la promoción de diversos rubros de la producción popular, mayoritariamente organizados bajo la esfera de los diversos colectivos populares que integran la UTEP. Actualmente dicho registro cuenta con más de dos millones de isncriptxs, llegando a cubrir cerca del 20% de las personas que quedaron registradas en la IFE.
La gran pregunta es: ¿cómo se llega a esos millones de personas, no organizadas colectivamente, que no acceden a un salario ni a ingresos suficientes para vivir dignamente? Consultados por Radio Gráfica, referentes de diversos espacios sociales, algunos cumpliendo funciones en el Estado, elaboraron diversas opiniones sobe este complejo problema.
El referente de Gestara, Leonardo Duba, defendió la posibilidad de otorgar una renta universal básica para atender la crisis social. “En este caso entiendo que, teniendo en cuenta el contexto nacional y social, es necesario otorgar una renta un salario, o como lo quieran llamar, que no quede en la esfera de una organización”.
Por su parte Fernando Gómez, editor en Info Nativa y Vicepresidente de la Federación de Diarios y Cominicadores Cooperativos (Fadiccra), apuntó a que “cuando se discute la renta básica universal se asume que hay un tercio de la población que nunca volverá a tener empleo, debido a que el Estado se retiró de la fase productiva”. Sin embargo agregó que “es necesario pensar que esa inversión del Estado se articule con proyectos estatales para fomentar la producción y el trabajo”.
Desde una mirada coyuntural la Coordinadora de Asesoramiento en Gestión a Unidades Productivas del Ministerio de Desarrollo Social y referente del Frente Popular Darío Santillán, Eva Verde, expresó que “es el momento de pensar algunas políticas universales que den soluciones a la situación que está pasando la mayoría de nuestro pueblo. Para esto algunas de las organizaciones sociales que estamos dentro de la UTEP estamos pensando en un salario universal porque creemos que, dentro el universo de personas que no tienen trabajo, es necesario pensar en una política que transicione hacia el trabajo…”
No cabe duda que, en el actual contexto de emergencia socioeconómica, es necesario pensar en un ingreso para todxs los trabajadorxs que están fuera del salario. La gran incógnita es cuánto del potencial productivo de este sector pude utilizarse en políticas estatales que le facilite crecer a esa Argentina latente, que aún no alcanzado todo su potencial debido a las trabas que los sectores concentrados de la economía finaciarizada imponen.
El problema no parece ser universalizar ingresos, sino en articular estos sectores de estado con potencial productivo con la larga experiencia autogestiva y de organización que ha logrado sostener y potenciar a los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad.
(*) Columnista de Economía Popular en Abramos la Boca (lunes a viernes de 16 a 18 horas)
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