Por Lucas Molinari y Leonardo Martín
Las intentonas desestabilizadoras impulsadas desde los medios monopólicos y el Poder Judicial buscan desgastar y profundizar internas que conviven dentro del Estado Nacional.
“Fallos decrépitos”, llamó Alberto Fernández a la decisión de la Corte Suprema de respaldar a Larreta en una increíble polémica sobre “clases presenciales”. A la vez, el Frente de Todos mostró una vez más la “foto de la unidad”, esta vez en Ensenada.
Y el viernes en un acto del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, se realizaron anuncios volviendo sobre la consigna de campaña: “Los últimos serán los primeros”. El más importante fue la ampliación de la “Tarjeta Alimentar”, que ahora llegará a niñas y niños de hasta 14 años (era hasta 6 años), alcanzando a casi 4 millones (hasta ahora eran 1.900.000), con una inversión mensual de 30 mil millones de pesos.
En ese encuentro participaron diferentes sectores sociales. Daniel Funes de Rioja, desde la Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), no tuvo vergüenza en aprovechar ese micrófono para pedir por rebaja de impuestos.
Funes de Rioja es un opositor a cualquier intervención del Estado y quedará en los próximos días al frente de la Unión Industrial Argentina, tras el vencimiento del mandato de Miguel Acevedo (dueño de Aceitera General Deheza, definido como referente del “sector dialoguista”).
Alberto Fernández no se quedó en el molde y puso su tono vehemente: “Cada vez que nuestra economía crece, aparece la disputa de ver quien se lleva la mejor tajada. Y ahí es donde a uno lo apena mucho ver lo que pasa. Porque yo celebro que los precios de los commodities crezcan, que la carne argentina sea tan demandada. Lo que no celebro es que en Argentina se pague la carne argentina como en Francia. Ahí es donde la puja sectorial tiene que encontrar un límite, tiene que encontrar un punto donde solidariamente digamos basta, pensemos en nuestra gente, pensemos en los que necesitan. Porque sino, todo el esfuerzo que hacemos, tratando de poner recursos en los que la están pasando mal, terminan pasando la aspiradora los poderosos y se terminan llevando el dinero. Y nosotros no hay dinero que alcance para poner en el bolsillo de nuestra gente, si cada vez que ponemos dinero los precios siguen subiendo. ¿Para bajar el precio de los alimentos tenemos que cobrar menos impuestos en un Estado degradado que es lo que nos han dejado? ¿Qué aportan los empresarios?”
Es decir, se vuelve a inyectar recursos en los sectores más postergados y, al mismo tiempo, se ruega solidaridad a las empresas “formadoras de precios”. Una forma de seguir conciliando en un contexto complejo por el tremendo impacto de la inflación en el bolsillo popular.
Confrontar implicaría, por ejemplo, congelar los precios de los alimentos.
Ayer sábado aparecieron otras críticas a la medida oficial. Emilio Pérsico, secretario de Economía Popular y referente del Movimiento Evita, en un mensaje grabado dirigido a la “militancia de los movimientos populares” planteó: “El gasto en ayuda directa, la tarjeta Alimentar, nos incluye como consumidores, pero eso no es inclusión social, la única inclusión es el trabajo. No resuelve el problema de la inflación, porque se la come la inflación. La tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana”. Luego, propuso que de ampliarse el programa “Potenciar Trabajo” (hoy integra a 870 mil personas), pueden construirse 260 mil viviendas por año. “Hay 6 millones de trabajadores demandantes de trabajo y 4,5 millones en la informalidad que hay que blanquear a partir de un monotributo acorde” y dejó un mensaje: “La política nos escucha pero no nos ve”.
Por su parte, en la semana, el referente de La Cámpora y ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, declaró que es “indispensable” que retorne el I.F.E (Ingreso Familiar de Emergencia): “Toda persona que acredite necesidad requiere presencia del Estado. Tenemos que establecer un piso de dignidad y terminar, por lo menos, con la indigencia”, sostuvo.
Políticas públicas que sabemos urgentes, pero los senderos parecen bifurcarse cuando llega la instancia del Ministerio de Economía. Martín Guzmán, que también habló en el acto del “Consejo Contra el Hambre”, cuando tomó la palabra no olvidó explicar que “hace falta financiamiento”, dio cuenta de la importancia de la “consistencia de la macroeconomía” y describió la coyuntura: Ante una “recuperación económica con características heterogéneas se vuelve esencial afinar la utilización de los recursos del Estado para llevar adelante políticas de protección social más robustas”.
De haber más “financiamiento”, podemos pensar que además de la Tarjeta Alimentar, se podría reactivar el IFE y junto a los movimientos populares definir la inyección de más recursos al programa Potenciar Trabajo, como también aumentar los salarios de trabajadores estatales, las pensiones, las jubilaciones, etc… Es decir, “poner plata en la calle”.
Pero está el “frente externo”, y conocemos bien que el “ajuste en la cuentas” es el modelo del Fondo Monetario Internacional.
Porque, si se trata de ingresos fiscales: La recuperación, al menos parcial, de soberanía sobre nuestro río Paraná, ¿es parte de la solución? Y ¿una reforma impositiva, un aumento de retenciones? Y los bancos ¿qué aporte están haciendo?, ¿Hay que seguir pagando deuda externa en esta situación critica con una pandemia que no termina?
Roberto Feletti, viceministro de Economía (2009-2011), también criticó a Guzmán en cuanto a darle prioridad al “frente externo”: “Pese a la reestructuración de deuda con las acreedores privados del año pasado, hoy el riesgo país está en 1.500 puntos. El Ministro debería darse cuenta que hay un veto a esa reestructuración de deuda”.
A la vez Feletti se refirió al problema inflacionario: “En 2020 la canasta básica alimentaria aumentó un 45% y la economía cayó 9,9%. ¿Cómo se explica que una economía que tuvo semejante contracción tenga unas suba semejante en los alimentos? Hay un comportamiento monopólico que no tiene regulación, que se apoya en un consumo esencial y que especula”.
En este sentido, para Feletti los senderos se bifurcan: “Estamos en un momento en dónde o se afirma un modelo Primario Financiero que incluye al agro, la energía, minería, sumando a las finanzas o volvemos a una política mercado internista de industria y de servicios que incorporen trabajadores”.
Todas críticas que buscan debatir la política, pero no romper el Frente de Todos que sigue teniendo un apoyo contundente del movimiento obrero y popular. Como expresó esta semana Pablo Moyano en Radio Gráfica: “Desde el gremialismo y los movimientos sociales, hay que mantener la unidad, la derecha no puede volver nunca más”.
“SI EL MERCADO ES LIBRE EL TRABAJO ES ESCLAVO”
Es la consigna de un volante que ya circulaba pero tomó Pablo Moyano en un contexto de fuerte disputa con Mercado Libre, propiedad de Marcos Galperín (según la revista Forbes el más rico de Argentina con una fortuna de u$s 6.100 millones).
Su empresa encuadró la logística en el convenio del sindicato de “Carga y Descarga”, que tiene salarios deprimidos, menos derechos, y una dirigencia que no parece atender a casos como el denunciado esta semana.
En redes sociales @sebimanzoni contó: “Me acaban de echar a mi y a mis compañeros de Mercado Libre y para todos los que creen que laburar ahí es el paraíso les comento que no. ¿Ganas bien? Si re, eso no lo voy a negar. Pero te contratan de forma “eventual” y te super corren con la productividad que tenes que hacer. En mi caso, estar de 9 de la noche a 6 de la mañana corriendo con un chango, recolectando productos, tus pies y tu cuerpo a la miseria. Te psicopatean con que si laburas bien y haces buena productividad te pueden llegar a efectivizar y asi ves a un montón de chicos que se la pasan literalmente toda la noche CORRIENDO todos transpirados y agitados. Pero acá va la cosa.. no importa cuanto te rompas el ojete laburando a los 6 meses o antes te van a echar. Y vos decis “bueno seguro tenían que reducir personal” Y NO. PORQUE AL DIA SIGUIENTE VAN A IR 30 CHICOS NUEVOS A OCUPAR TU MISMO PUESTO, y los contratan con misma modalidad. No te dejan entrar el celular (lo tenes que dejar en un locker afuera del depósito). Estas 10 hs CORRIENDO o levantando cosas pesadísimas y sabes cuanto te dan de descanso para que te comas una barrita de cereal ? MEDIA HORA. Te controlan hasta cuanto tiempo tardas en hacer pis. La productividad que te piden es de más de 90 o 100 productos por hora. Y cuando termina el dia le muestran a todos la lista y ves desde quien quedó primero a último. Imaginense estar de 9 pm a 7 am recolectando 100 productos x hs. No podes hacerlo a tu ritmo. Tenes que trotar”.
Sabemos que este relato representa la realidad de gran parte de nuestra juventud, con trabajos precarizados y miedo a perder el empleo. El desafío, en este caso, está en una política virtuosa desde el Ministerio de Trabajo junto al movimiento sindical, para hacer cumplir las leyes laborales. Respecto a la disputa por el encuadramiento de los trabajadores de logística, como a estos que echaron, están desarrollándose las audiencias donde participa Camioneros. Galperín es un reconocido gorila antisindical, pero en el gobierno está el Frente de Todos ¿Qué hará el ministro Moroni?
CGT CON ALBERTO FERNÁNDEZ
El jueves al mediodía la mesa chica del Consejo Directivo de la CGT almorzó en la Quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y los ministros Claudio Moroni (Trabajo); Carla Vizzoti (Salud); Claudio Béliz (Secretario de Asuntos Estratégicos y Consejo Económico y Social) y Cecilia Nicolini (Asesora presidencial).
La reunión se dio en medio de una semana muy particular y turbulenta por la muerte del responsable de la Superintendencia de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini; los contrapuntos en el Frente de Todos; una inflación persistentemente alta y un sistema de salud al borde del colapso.
Por el Consejo Directivo de la CGT fueron Héctor Daer (Sanidad); Carlos Acuña (Estaciones de Servicio); Andrés Rodríguez (UPCN); Antonio Caló (UOM); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Armando Cavalieri (Comercio); Jorge Sola (Seguro), Roberto Fernández (UTA) y Sergio Romero (UDA – Docentes).
En las más de tres horas de intercambios recorrieron varios temas. Uno sensible, obras sociales y los recursos para un subsistema de salud que da atención médica a 17 millones de argentinos. Allí Alberto Fernández anunció que Daniel López (actualmente en la Dirección de Acceso a la Salud) reemplazará a Eugenio Zanarini en la estratégica Superintendencia de Servicios de Salud, responsable de controlar y regular a las obras sociales y empresas de medicina prepaga. Entre esas funciones pagar los reintegros por los tratamientos de alta complejidad con un fondo conformado a partir de la retención del 15% de los aportes de los afiliados a las obras sociales, un mecanismo heredado del menemismo que ningún gobierno modificó.
El puesto de Superintendente de Servicios de Salud es sensible para las finanzas de las obras sociales, por eso desde la CGT planteaban como candidato a David Aruachan, actualmente gerente de la Superintendencia y con pasado en Unión Personal, obra social de UPCN. Finalmente, el presidente anunció que será Daniel López, que no es un hombre ajeno al mundo sindical porque trabajó hasta el último cambio de gobierno para OSECAC, obra social de los empleados de Comercio. Los testimonios posteriores, sin decirlo abiertamente, avalaron esa designación.
Repetimos, las obras sociales atienden cotidianamente a 17 millones de personas, no es menor hablar de recursos para sostener esa cobertura. Especialmente en medio de una caída de la economía y de los aportes persistente en los últimos años que, además, se da en un contexto con tratamientos médicos y remedios cada vez más onerosos. Una de las promesas puntuales fue que el Gobierno nacional aportará 11 mil millones de pesos para la cobertura que realizan las obras sociales con el transporte y la educación de pacientes con discapacidad. Un alivio.
Por ahora no hay novedades sobre el proyecto de unificar los subsistemas de salud que mencionó Cristina Kirchner en diciembre pasado en La Plata. Un tema tabú, una medida archivada, pero latente.
La crisis económica también fue parte de la reunión en donde los dirigentes sindicales manifestaron su preocupación por los altos niveles inflacionarios y que están licuando los incrementos salariales logrados en las paritarias. Héctor Daer propuso que la CGT sea parte de reuniones con las empresas “formadoras de precios”, el Presidente aceptó y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quedó con la tarea de organizar los encuentros.
“Hay actividades con aumentos que no tienen ninguna justificación“, indicó Daer. “Queremos que nos pongan cara a cara con los empresarios en las reuniones del gabinete socioeconómico“, amplió el referente de la CGT.
Otro tema fue la campaña de vacunación en donde varias actividades están pidiendo ser considerados grupos prioritarios, entre ellos la UTA y Comercio, en una semana donde Camioneros logró selló un acuerdo para que 4.500 choferes del transporte internacional ingresen en esos grupos prioritarios.
POR UNA JORNADA LABORAL DE 6 HORAS
Así como la pandemia aceleró la incorporación de tecnología y cambios en las modalidades de trabajo, también comienzan a irrumpir con mayor fuerza debates que apuntan a reducir la jornada de trabajo. Una discusión en tiempos donde la productividad sigue creciendo, así como el descarte de obreros. Por eso la incorporación de tecnologías, la automatización, la utilización de inteligencia artificial, son un tema central para el sindicalismo a nivel mundial.
Esta semana, la diputada nacional de extracción sindical Claudia Ormachea (Bancarios – Corriente Federal de Trabajadores) presentó un proyecto que postula la reducción de la jornada laboral a seis horas diarias o 36 horas semanales, que se suma a uno en la misma tónica propuesto por Hugo Yasky en septiembre pasado.
“La redistribución del trabajo es importante”, manifestó Ormachea al defender la iniciativa. “Es una medida que en algunos sectores del país va a permitir crear puestos de trabajo”, agregó.
“No puede ser que los avances tecnológicos y la digitalización sea solo aprovechada por las empresas, eso debe ser un beneficio también para los trabajadores y las familias”, apuntó la dirigente bancaria.
Un ejemplo del impacto negativo de la incorporación de tecnología está en el gremio bancario está en la digitalización, en la automatización de operaciones y en el desembarco de las fintech, que con nuevos modelos de negocios amenazan la continuidad de miles de puestos de trabajo, además de precarizarlos. Una disputa con el capital financiero que se da a nivel global por los planes de ajuste que incluyen cierre de sucursales y reducción de trabajadores.
En Argentina, la Asociación Bancaria es un gremio de gran fortaleza, como ha demostrado en las negociaciones paritarias y conflictos, pero aquí se encuentra ante un desafío muy profundo para sostener puestos de trabajo e incluso mejorar la calidad de la jornada laboral.
Un antecedente está en Europa. En Alemania el sindicato metalúrgico “IG Metall”, que ya había conquistado las 35 horas semanales, en 2018 logró introducir la opción de las 28 horas semanales: “Cada trabajador podrá, por un plazo de dos años, trabajar menos para cuidar a sus hijos, a sus ancianos o a sus familiares enfermos. Agotado el periodo de tiempo, podrá recuperar sus 35 horas y su salario original”. Se trata de un gigantesco sindicato que aglutina a casi 4 millones de trabajadores manuales alemanes.
Una utopía en estos tiempos de crisis, pero a la vez proyectos que ratifican, una vez más, que desde el movimiento obrero es desde donde puede construirse un país y un mundo con justicia social. Un desafío trascendente para las organizaciones gremiales lograr representatividad, sostener y ganar nuevos derechos, disputar el reparto de la riqueza generada en una coyuntura económica y social con fuertes cambios. Un desafío del presente que definirá el futuro.
CONTINÚA EL PARO DOCENTE EN CABA
Gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires continúan con la medida de fuerza reclamando la vuelta a las clases en forma virtual frente a la presencialidad planteada por el Gobierno de la Ciudad en una semana donde tres docentes fallecieron a raíz del coronavirus. Las organizaciones que sostienen el paro son UTE-Ctera y Ademys en el ámbito público, así como SADOP (docentes privados) promueve una retención de tareas presenciales.
La situación no es fácil. Por un lado, los docentes enfrentan descuentos salariales que hacen difícil sostener la medida porque impactan en bolsillos con poco margen. Además porque el Gobierno de la Ciudad tuvo el visto bueno a su postura con un fallo a la carta por parte de la Corte Suprema de Justicia. Más allá de que ese fallo no es sobre el actual decreto está claro que fortalece la posición de Larreta, que además utiliza la amenaza de quitar las vacantes a los niños que no asistan por decisión de la familia.
Sonia Alesso, titular de CTERA, adelantó a Radio Gráfica: “El gobierno de la Ciudad no puede efectuar sanciones ni a los docentes representados por UTE, por CTERA y a todos los docentes de la Ciudad, por supuesto”.
“Nosotros estamos analizando algunas acciones legales que vamos a llevar adelante y también una denuncia ante la UTE por la violación del derecho a la salud que tienen los y las trabajadoras, y también cómo están exponiendo a las familias obligándolos o intimando a que decidan si sus hijos tienen derecho a tener educación o no”.
Para sumar a esa situación, esta semana, se reunió el Consejo Federal de Educación del cual participan el Ministerio de Educación Nacional con representantes de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. A fin de una presencialidad cuidada, allí se acordaron los parámetros epidemiológicos que solo fueron rechazados por Mendoza y CABA. El resto de las jurisdicciones respaldó las medidas de cuidado.
Mañana lunes 10 de mayo UTE convocó a una “jornada de duelo con paro activo”, “asambleas por escuela”, “plenario de delegados para organizar la continuidad del plan de lucha” y “concentración en los Distritos Escolares”.
YAPA. RESISTENCIA FRENTE AL TARIFAZO DE CLARÍN
El decreto 690/2020 fue una de las medidas más importantes de este gobierno, al declarar “servicio público” a la telefonía móvil, internet y el cable. Una medida de “autodefensa” ante el tarifazo que impulsaba el Grupo Clarín. La corporación no respetó la disposición del ENACOM, hizo aumentos de manera ilegal y fue al Poder Judicial que le brindó un fallo a medida.
Ante este atentado contra el poder del Ejecutivo, la Coalición por una Comunicación Democrática (de la que Radio Gráfica forma parte), emitió un comunicado repudiando el accionar de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Se prepara una gran campaña de comunicación para gestar conciencia en nuestro pueblo respecto del TARIFAZO que se viene si el Estado no puede regular esos servicios esenciales. Varios sindicatos se están sumando a este espacio multisectorial de la Coalición, donde históricamente estuvieron el gremios de Actores, Cine, SATSAID, CONADU, CTERA, FOETRA, entre otros.
La Coalición por una Comunicación Democrática rechazó el fallo que favorece a Clarín
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