Leopoldo Moreau. Los detalles del Estado paralelo

Leopoldo Moreau, diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, fue entrevistado en Radio Gráfica sobre las conclusiones de la investigación referida a los hechos de espionaje ilegal llevados adelante entre 2016 y 2019. En el informe llamado “El Estado Mafioso”, la bicameral expone que durante la presidencia de Mauricio Macri se espió a 354 personas y 171 organizaciones.

Moreau calificó que durante la gestión de Macri “hemos atravesado un Estado mafioso”, planteo que se sustenta en “las investigaciones que se llevaron adelante durante un año de trabajo tomando como fuente nuestras propias investigaciones, que siempre hay que recordar que los primeros espías que confesaron su actividad en operaciones ilegales lo hicieron en el marco de nuestra Comisión”.

Detalló que “cruzando los datos y la información que se fue acumulando en las dos causas de Dolores y las dos de Lomas de Zamora, que también son sobre el espionaje ilegal, pudimos establecer la existencia de un Estado clandestino, paralelo, que fue creado para llevar adelante este plan sistemático de espionaje ilegal con el objeto de practicar extorsión y persecución política. Se armaron células paralelas dentro de las estructuras del Estado”.

“Apenas asumió el gobierno de Macri se pusieron a reclutar para conformar estas células, una de ellas es la más reconocida, Super Mario Bross, que la establecieron incluso físicamente fuera de la AFI, en un lugar que denominaba ‘La Cueva’, en la calle Marcos Paz en la zona de Mataderos”, señaló.

El legislador nacional sostuvo que “reclutaron fundamentalmente Policías de la Ciudad, después reclutaron más o menos cien personas para llevar adelante esta tarea de espionaje ilegal en el Gran Buenos Aires, donde establecieron seis bases en distintos lugares, en este caso fundamentalmente con personal de la Policía Bonaerense retirados. Otra célula paralela, la más conocida, es la de D’alessio, y después estaba la célula o la banda de los fiscales de Boca. Es decir, Stornelli, Taiano, etc. Todos estos actuaban de común acuerdo coordinados con la conducción de la AFI, es decir, por arriba de Silvia Majdalani”.

“Toda la información que iban recogiendo de este espionaje, que hasta ahora ha permitido certificar que fueron víctimas 354 ciudadanos y 171 organizaciones políticas, comunitarias, gremiales, sociales, fue a parar en manos de la mesa judicial que era la cúspide de esta organización”, resaltó Moreau.

El diputado especificó que esa mesa judicial “era presidida por el propio Mauricio Macri y se reunía quincenalmente en el despacho de Marcos Peña en la Casa de Gobierno. Ahí analizaban esta información que se recolectaba a través de todas las células, que espiaban y hacían seguimientos. En la mesa judicial era procesada (la información) y se definía la suerte de esas personas que eran espiadas. O se les armaba una carpeta para influir sobre esas personas en función de neutralizarlas como opositores políticos, o se les armaba causas judiciales”.

El titular de a Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia reveló que “en el informe no damos la nómina de las 354 personas por razones obvias, pero hay algunas que son muy conocidas, como Cristina Fernández de Kirchner y algún que otro dirigente. Pero hay muchos otros que son ciudadanos a pie que trabajaban en alguna organización sindical o en algún comedor comunitario”.

El legislador expresó que el camino que tomará de ahora en más esta investigación es “de carácter institucional. Nosotros no podemos aplicar penas. Lo que sí podemos hacer, es una investigación muy amplia. Con esto hemos dado el primer paso”, y adicionó que “hasta aquí, con este informe, hemos señalado cuáles fueron las tareas de espionaje ilegal que es nuestra facultad como Comisión”.

“Les recomendamos en las conclusiones de la investigación al Parlamento, al Senado y a la Cámara de Diputados que conforme una Comisión Bicameral, que examine el comportamiento de magistrados”, subrayó, y precisó que esta decisión “sí puede hacerla el Congreso porque es el Congreso el que dicta las leyes orgánicas del Poder Judicial. Eso permite, como dijo el Presidente Fernández, ejercitar lo que denomina el control cruzado. Es decir, el Congreso es el que dicta todas las leyes orgánicas del Poder Judicial y el que tiene que velar por el cumplimiento de esas leyes”.

Por otro lado, Moreau opinó sobre el rol que tuvo, en el espionaje ilegal, el periodista Daniel Santoro. “Uno de los objetivos de esta tarea de estos grupos mafiosos era influir en la opinión pública. Tenían varios objetivos: descalificar personas, estigmatizarlas a los ojos de la sociedad para sacarlas de la competencia política. Había un sector del periodismo que jugaba un papel clave, en dos sentidos, por un lado influir en la opinión pública, y por el otro darle veracidad a las causas judiciales que se iban armando”.

Finalmente, Moreau manifestó que Santoro “está imputado por haber participado, y por una maniobra de extorsión, también fue procesado en las causas de Dolores por las mismas circunstancias, y también puede llegar a ser procesado por la práctica de inteligencia ilegal”.