Por Juan Patricio Méndez *
Luego de su aprobación en el congreso, el proyecto de Ley de Educación Ambiental, también llamada “Ley Pino Solanas”, fue girado al Senado para su tramitación. Con 215 votos afirmativos, la media sanción de la normativa ya es una realidad, y se espera que para la próxima semana tenga completo tratamiento, y por supuesto, aprobación.
Si bien hubo varias propuestas presentadas por distintas organizaciones y fuerzas políticas, fue el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el que avanzó y tuvo tratamiento final, luego de haber sido aprobado por las comisiones de Educación, Recursos Naturales y Medio Ambiente y Presupuesto.
La Ley de Educación Ambiental forma parte de un conglomerado de políticas públicas anunciadas en el Plan de Políticas Ambientales lanzado en septiembre de 2020. En aquel, el gobierno presentó una batería de propuestas sostenidas en los siguientes ejes: el lanzamiento de Casa Común, que busca el abordaje de prácticas agroecológicas, sostenibles y las reservas naturales urbanas, viveros y áreas verdes; el Plan Nacional de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto apunta al desarrollo sostenible y al crecimiento de la economía circular y el saneamiento ambiental; la Ley de Educación Ambiental para la transformación cultural; y el Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego, para la preservación de los bienes naturales.
El detalle de la transformación cultural es la clave de la política propuesta. Alberto Fernández declaró, en la presentación del Plan, que una ley de Educación Ambiental serviría “para poner en la cabeza de cada niño y adolescente por qué tiene sentido esta disputa”. La lucha por el medio ambiente y el llamamiento a cuidar la casa común forma parte de un imperativo educacional para comprender el alcance y la dimensión que tienen los conflictos ambientales en el mundo.
Para nada representa un abordaje doctrinario, como solemos ver en el discurso de las grandes cadenas mediáticas o personalidades opositoras. Por el contrario, la búsqueda de este proyecto pretende inscribir los aprendizajes en una lógica de desarrollo sustentable y sostenibilidad con el entorno y los ecosistemas. Desde este punto, la normativa apunta a desarrollar aprendizajes que permitan la comprensión de la dinámica internacional y su impacto en el ambiente, como así también la búsqueda de alternativas que puedan reflexionar sobre el mundo en el que vivimos.
El proyecto
El proyecto lleva el nombre “Pino Solanas”, y propone la generación de “conciencia ambiental para el ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso”. En este sentido, la ley interpreta a la Educación Ambiental Integral (EAI) como “un proceso educativo permanente con contenidos temáticos, específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental”
El documento también prevé una “estrategia nacional” como instrumento de planificación, para elaborar proyectos, propuestas e iniciativas con perspectivas federales. Es por ello que la articulación con diferentes universidades de todo el país será fundamental para la aplicación de ciertas modalidades y procesos según las diferentes regiones de la Nación. A su vez, creará una “Coordinación Ejecutiva”, con representación de distintos sectores y un Consejo Consultivo de Asesores.
Será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, el que coordinará la planificación integral del proyecto en todo el territorio. A su vez, se sumarán propuestas desde la Dirección Nacional de Agroecología, con Eduardo Cerdá a la cabeza, para la elaboración de programas con enfoques sustentables y sostenibles. Por lo que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca también será un actor importante en la implementación de la normativa.
Actualmente, la Ley Nacional de Educación (26.206) y la Ley General de Ambiente (25.675) reconocen el derecho a una “educación ambiental”, pero nunca hubo una normativa ni un programa que vincule ambas áreas para su concreta materialización en programas pedagógicos. Es por ello que el ministro Juan Cabandié señaló que este proyecto viene a “saldar una deuda histórica con el pueblo, que se verá reflejada en las aulas”.
Por último, el proyecto incorpora al artículo 92 de la Ley de Educación Nacional “la toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños”, siendo este transversal a todos los contenidos curriculares del país. También añade que en el Día Mundial del Ambiente (5 de Junio), cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el compromiso ambiental intergeneracional”. El presupuesto se asignará anualmente, y se creará una partida en el Presupuesto Nacional.
También hay que mencionar que la lucha de las organizaciones ambientales de todo el país se traslada a proyectos educativos en muchas regiones. El año 2020 mostró la falta mundial de políticas ambientales, y nacionalmente evidenció un estallido a nivel sustentabilidad, siendo el segundo año más caluroso desde 1960. El extractivismo signó y signa aún las prácticas en todo el territorio, desde la minería hasta el mercado agropecuario, con el uso intensivo de agroquímicos (expandiendo el agronegocio) y de fracking minero. Los lobbies continúan presionando a las gubernamentalidades para que promulguen leyes de acuerdo a intereses empresariales. El ecocidio perpetrado a través de los incendios en gran parte de regiones del país mostró, también, la desidia de ciertos sectores con grandes intereses en el territorio.
La pérdida de soberanía es notoria, y si bien este proyecto no representa la solución concreta a los problemas mencionados, es un inicio para que culturalmente tengamos otra perspectiva. El camino, ahora, es demostrar poder político para poner en práctica todo el conjunto de planes, proyectos y normativas ambientales para detener el ecocidio que se perpetra, año tras año, en todo el país.
(*) Columnista de Ambientales de Abramos La Boca (Lunes a viernes de 16 a 18 horas) / Radio Gráfica 89.3
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