Por Lucas Molinari y Leonardo Martín
“Necesitaron de la desaparición y tortura para imponer un modelo económico. A los que estatizaron sus deudas y apoyaron a la dictadura no les pasó nada. Terminaron más ricos”, expresó este 24 de marzo Cristina Fernández, dejando en claro el desafío de juzgar a los civiles que hoy siguen dominando nuestra economía.
Porque fueron encarcelados los militares, no así sus mandantes. Cristina también repuso el motor imperial de aquellos años de terror y habló de Estados Unidos: “Entre que bancaron el golpe de Estado que nos hizo pomada, entre que bancaron a los ingleses en la guerra de Malvinas (…) y como si esto fuera poco, fueron centrales para que el Fondo Monetario Internacional violara todos los artículos del estatuto” en el inédito préstamo al macrismo.
La vicepresidenta afirmó el camino a seguir, el multilateralismo, gracias al cual tenemos vacunas. Y podemos agregarle la “integración regional”, porque en la diplomacia las fechas tienen carga simbólica: Se eligió el 24 de marzo para salirse del Grupo de Lima.
Por lo tanto, a 45 años del Golpe, el mensaje fue claro desde el gobierno a través de Cristina: tenemos que ganar la soberanía que perdimos en 1976.
La pata civil de esos años de plomo es la que hoy remarca los precios, la que milita la reforma laboral, pero a la vez necesita de cierta protección. Esta semana hubo un acuerdo de industriales del Mercosur para que se mantengan los aranceles de protección de la producción local, por nuestro país estuvo la UIA.
¿Pero qué desarrollo podemos lograr con este esquema de monopolios? Esa es la pregunta central de nuestro presente, porque como escribió el querido Piraña, hoy tener trabajo registrado es un privilegio, que el compañero resumió de manera poética: “Lo que dejó en los poros de la clase obrera la dictadura”.
Todavía persiste el entramado legal impuesto en 1976 que necesitamos transformar. Un ejemplo es la ley de entidades financieras, una de las tantas continuidades del modelo antinacional de Martínez de Hoz.
El terror fue para quebrar la “patria peronista”, cuyo rasgo que más ponía nerviosos a los poderosos era y es el sindicalismo.
En un programa que hicimos durante el macrismo de entrevistas a dirigentes gremiales, dialogamos con Victorio Paulón, quien expresó en números lo extraordinario del movimiento obrero argentino, haciendo una comparación con Brasil: “La UOM tiene un convenio colectivo de un delegado por estatuto cada 30 trabajadores, mientras que en la fábrica donde trabajó Lula Da Silva, para 28 mil trabajadores tenían 10 delegados de los cuales 5 eran comisión interna”.
Ese es el hecho maldito del país burgués, que en 1975 tuvo la fuerza de construir convenios colectivos de trabajo que hoy resultan en muchos casos imposibles de aplicar. “En el anteproyecto del convenio de la UOM”, comentó Paulón “estaba el planteo del gerente obrero”.
Allí radica entonces la causa del genocidio: Debían quebrar el poder sindical basado en el desarrollo de comisiones gremiales internas que, en la avanzada setentista, empezaban a discutir el control de la producción (como veremos hoy en el caso de Sanidad, allí el sindicato hace lo contrario, es funcional al lobby empresarial y no discute la tasa de ganancia).
Comprender esto significa, a la vez, dar cuenta que la RESISTENCIA estuvo sobre todo en ese movimiento obrero (que a veces queda diluido en la sola mención a los organismos de derechos humanos).
Por eso recomendamos el documental “Se va a acabar”, que logra mostrar el activismo silencioso que explica que la dictadura haya durado sólo 7 años, cuando en la región el promedio fue de 17 años.
“Los trabajadores pasaron del 48% al 30% en su participación en la distribución de la riqueza”, apunta la película al comienzo dirigida por “Coco” Blaustein, poniendo el eje en el objetivo del Golpe.
Además, entre los testimonios que recupera el film es interesante escuchar a Roberto Digón reflexionando sobre las disputas fratricidas previas a 1976 entre la “patria peronista” y la “patria socialista”, “cuando en realidad pensábamos igual”.
Este reencuentro que propone Blaustein de diferentes corrientes internas del movimiento obrero, todas castigadas y perseguidas por los militares, resulta central. Porque responde al mandato popular de resistencia al macrismo: “unidad de los trabajadores, al que no le gusta se jode”…
Finalmente, nos interesa nombrar el Especial del viernes pasado sobre la “Contraofensiva Montonera”, una causa de lesa humanidad cuyo juicio está terminando. Pudimos dialogar con Virginia, la hija de Armando Croatto, dirigente de la Resistencia Peronista, referente de la JTP (Juventud Trabajadora Peronista), que fue el diputado más joven elegido en 1973, volvió a dar pelea en aquella acción lanzada el 1 de abril de 1979 por su organización, Montoneros, y fue asesinado.
En pos de ese reencuentro y unidad del pueblo trabajador, es necesaria una reivindicación de aquella gesta que fue denostada por la “teoría de los dos demonios”. En el juicio se pudo escuchar al abogado querellante Pablo Llonto y a la fiscal Gabriela Sosti, reivindicando el “Derecho a la Resistencia”. Porque quienes se levantaron contra la dictadura defendían la Constitución, incluso quienes lo hicieron con armas.
Porque la violencia primigenia fue el terrorismo de estado.
Por eso creemos que hay que reivindicar a quienes cayeron combatiendo, con sus identidades, así como quienes hicieron paros, retenciones de tareas, arriesgándose la vida.
Esas resistencias explican el retorno democrático.
DESEMPLEO. El INDEC dio a conocer el jueves pasado las estadísticas correspondientes al mercado de trabajo del último trimestre de 2020. Estas confirman un escenario delicado, con aspectos negativos haciendo foco en un período más amplio y otros positivos en la coyuntura más urgente.
Un 11% de desempleados fue la cifra con que cerró un 2020 que a su vez tuvo un desplome del 9,9% de la economía nacional. Si se compara con el último trimestre de 2019 donde fue 8,9% subió un 2,1%. Si en cambio se lo hace con el trimestre previo pasó de 11,7% a 11%, una caída de 0,7%. Algo sobre lo que escribimos la semana pasada, es que detrás de esos números existen elevados niveles de informalidad, con realidades laborales que las estadísticas no terminan de reflejar.
Los municipios del Conurbano bonaerense son los que ostentan el mayor desempleo del país alcanzando el 14,1%. Para comprender la enorme desigualdad económica, en la Ciudad de Buenos Aires es del 7,2%. La mitad. Otras ciudades donde existen altos niveles de desempleo son Gran Rosario con 13,6%, Gran Córdoba 13% y Ushuaia- Río Grande 12,8%.
Una vez más, los índices indican un mayor desempleo entre las mujeres 11,9% contra el 10,2% de los varones. Entre las mujeres jóvenes, de 14 a 29 años es aún mayor, llega al 26% contra el 19% de los varones en la misma edad. Mayor desempleo, salarios más bajos, peores condiciones laborales, mayor tiempo destinado a las tareas de cuidado en el hogar. Es la situación actual de las mujeres en el mercado laboral, donde aún queda un largo trecho para llegar a una situación de igualdad.
SANIDAD. Este jueves se realizaron asambleas informativas y el viernes un paro de tres horas, convocado por FATSA, la Federación de sindicatos de sanidad que representa a 200 mil afiliados, conducida por Héctor Daer.
“Hay un gran enojo en las bases sobre todo de enfermería que hasta la categoría más alta cobra 55 mil pesos en bruto por debajo de la línea de pobreza”, explica a Gráfica una fuente gremial. Los bajos salarios explican el “pluriempleo”, que se agrava por el “maltrato” del sector privado de salud a sus laburantes. “Pensá que los elementos de protección en muchas clínicas llegaron recién en junio del año pasado, después de dos meses del comienzo de la pandemia”.
Lo que reclama es la recomposición del 2020 que ronda entre un 14 a 16%.
El Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni (que comparte con Daer la pasión por Huracán), dictó la conciliación obligatoria hasta el próximo martes donde hay expectativa en acercar posiciones.
Pero ¿De qué depende el aumento paritario? ¿El sindicato que dirige el secretario general de la CGT está discutiendo la tasa de ganancia de los sanatorios y clínicas privadas? Al contrario, el gremio es parte del lobby que presiona al Estado para que “baje fondos” al sector y permita una suba de la cuota a las prepagas.
Este viernes fue entrevistado por un medio de Clarín, Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical Group, de Canal América y uno de los empresarios que aparecieron en los Panamá Papers, que explicó: “En el sector de la medicina prepaga en septiembre del año pasado los cuerpos técnicos encabezados por el Ministerio de Salud y la superintendencia definieron aumentos en los valores de las cuotas”, pero “después una decisión política dejó esos aumentos marcha atrás (…) En diciembre se volvió a negociar. A la mañana se definieron aumentos, a la tarde se derogó”.
Belocopitt agregó que “un país con una inflación acumulada desde diciembre de 2019 a la fecha que ronda el 45%, el sector de la medicina prepaga en ese tiempo recibió 13% y si la vez interanualizada no llegó a ser ni el 2%. Se hace imposible sostener un sistema, hacerlo funcionar con los aumentos de costos adicionales que tiene la actividad”, que también dejó en claro que “no nos oponemos al reclamo de los trabajadores” aunque aseguró que “convalidar situaciones a futuro que pongan en riesgo la actividad es aún más riesgoso”.
Con este complejo escenario se encuentra el gobierno nacional, cuya vicepresidenta planteó en diciembre pasado el desafío de integrar los diferentes subsistemas de salud para lograr mayor igualdad. Claramente, quienes hoy dirigen la CGT están en contra de cualquier cambio que les quite el control de los fondos de las obras sociales sindicales. En el caso de Daer, a la vez, termina siendo funcional al lobby de las prepagas.
Vale recordar que Ginés Gonzáles García, al comienzo de la pandemia, propuso que las camas del sector privado se sumen al esquema público, pensando en el bien común pero no pudo avanzar. Los empresarios pusieron el grito en el cielo y FATSA se sumó, no sólo a salvaguardar el negocio de sanatorios y clínicas privadas, sino que gestionó para que el Estado disponga una cifra millonaria para esas empresas, además de los ATP para pagar sueldos.
Como vemos, la tasa de ganancia se presenta como un derecho sagrado que está prohibido que se ponga en discusión.
Lo que ocurre es que la bronca de las bases empujó a un plan de lucha del sindicato que a la vez parece estar acordado con las patronales, para presionar a que el aumento paritario salga del bolsillo estatal.

TERNIUM. En las ediciones anteriores venimos dando cuenta de los conflictos en empresas del Grupo que dirige Paolo Rocca. La lucha más encarnizada transcurre en Ternium Siderar de Canning, donde la patronal esta semana despidió a siete trabajadores para disciplinar al conjunto que lleva adelante un conflicto desde el 11 de febrero. Por la correcta liquidación del salario (por la Rama 17 de los metalúrgicos) y mejores condiciones de trabajo.
El martes terminó la conciliación obligatoria y se conocieron los 7 despidos.
La asamblea de base respondió de modo contundente: “Los trabajadores siendo las 15 horas del día de la fecha 23/3/2021 resuelven por asamblea parar la fábrica. La empresa produjo despidos de compañeros. Compañeros que defendieron los derechos y por eso ahora son atacados por la empresa de manera brutal. Los trabajadores no aceptan ningún despido. Y exigen al gremio se ponga a la cabeza de la defensa de todos los trabajadores Y al ministerio de trabajo que convoque a la empresa a cambiar su actitud“.
El Grupo Techint viene presionando fuerte con que los obreros que protestan tomen la vía del “retiros voluntarios” o amenaza con sanciones disciplinarias o “despidos con causa”.
La lista empezó con 40 despidos con causa y terminó poniendo el foco en 7 de ellos, por lo que la persecución es evidente.
La situación actual es que continúa la planta parada. El jueves cerca de 30 obreros de Ternium se presentaron en la UOM Avellaneda y lograron reunirse con su secretario general, Armando Leyes, que los recibió y aseguró “el apoyo total a los compañeros despedidos, hacer las denuncias correspondientes en el Ministerio, mantener la planta paralizada hasta que la empresa reincorpore a los 7 trabajadores despedidos”, según relató a Gráfica uno de los presentes en el encuentro.
¿Cómo sigue el conflicto? “Al Tano (por Rocca) le sirve que la empresa esté parada para subir el precio de la chapa, pensá que es una fábrica que produce 1000 toneladas por día”, explica una fuente gremial. La semana próxima habrá novedades porque el Ministerio de Trabajo tomará el asunto, sabemos que es una preocupación del Estado Nacional poder controlar los precios de la construcción, para lograr la “reactivación de la economía”.
Veremos cómo sigue este conflicto y el de Tenaris Siat donde hace un año que Techint no paga el “premio de producción”, dejando a sus laburantes con salarios por debajo de la línea de pobreza.
La situación en el gremio metalúrgico es límite, hay mucha bronca en la base y la dirigencia lo sabe, en un año en que debería votarse en todas las seccionales (con grandes disputas también hacia la UOM Nacional).
YAPA. CONFEDERACIÓN DE GREMIOS INDUSTRIALES. Hubo una importante reunión el jueves pasado que prácticamente no trascendió ni por la prensa ni las redes sociales. Veinte gremios industriales se reunieron en la sede del SMATA de la avenida Belgrano (CABA) para reimpulsar la Confederación de Gremios de la Industria. Una iniciativa que tuvo experiencias pasadas, pero que desde hace ya varios años no tiene una expresión que represente al conjunto.
Una iniciativa muy interesante en un sector que emplea más de 1 millón de trabajadores y que es vital en el desarrollo económico nacional. Algunos de los gremios que estuvieron representados en este primer paso fueron la UOM (el más numeroso del sector), SMATA, Curtidores, Gráficos, Papeleros, Textiles, Atilra, Tabaco, Petrolero Privados y Plástico, entre otros.
El objetivo es la reorganización del espacio para fortalecer la industria nacional como base estratégica de un proyecto económico y social en Argentina.
Uno de los presentes en la reunión, Héctor Amichetti, contó para este Panorama que se buscan “unificar demandas del sector manufacturero para luego avanzar con las particularidades de las distintas ramas e intentar trabajar en conjunto con el empresariado industrial ante el Gobierno, el Congreso y el Consejo Económico y Social para alcanzar las medidas administrativas y leyes necesarias para potenciar al sector, volcando al mismo tiempo propuestas de planificación apuntando al mediano y largo plazo”. Vale recordar que Antonio Caló (UOM) y Ricardo Pignanelli (Smata) son parte del Consejo Económico y Social.
Así como otros sectores de la economía, los gremios lograron consolidar un espacio institucional conjunto como la Confederación Argentina del Transporte (CATT) y la FEnPINRA (marítimos, puertos e industria naval), es llamativo que la industria no haya podido consolidar un espacio similar.
El último intento de los gremios de la industria avanzar con una organización común fue en 2014 con varios de los sindicatos que ahora participan, pero no prosperó. El triunfo de Cambiemos en 2015 tomó a un movimiento obrero dividido y a los gremios de la industria atomizados frente a un gobierno con una política que avanzó en la desarticulación del entramado productivo.
De ese período queda como respuesta común la masiva marcha del 7 de marzo de 2017 frente al Ministerio de Producción (el día del incidente del atril), que fue promovida por los gremios industriales, pero luego tomada por el conjunto del movimiento obrero. Hubo otra movilización masiva el 4 de octubre de 2018 que recorrió el centro porteño.
Así como semanas atrás contamos en este espacio la unidad aceitera-portuaria del complejo agroexportador, de consolidarse esta unidad de los gremios industriales sería una apuesta realmente interesante.














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