Por Lucas Molinari y Leonardo Martín
La semana política estuvo enmarcada por las definiciones que dio Alberto Fernández en una entrevista publicada por Página/12 el domingo pasado, también por las reuniones previstas y las que surgieron.
Consultado por la alarmante suba en el precio de los alimentos, el Presidente hizo un diagnóstico acertado al explicar que los argentinos estamos pagando precios internacionales en el mercado interno y declaró: “Preferiría no hacerlo, pero si el campo no entiende voy a subir las retenciones o establecer cupos”.
La reacción, previsiblemente, no se hizo esperar con las advertencia de sectores agropecuarios y el fogoneo mediático de los medios de comunicación opositores. Marcada la agenda, el oficialismo actuó convocando el lunes al “otro campo” y el miércoles a la Mesa de Enlace.
También se cumplió el cronograma de reuniones convocadas por el acuerdo de precios y salarios. El miércoles estuvieron los dirigentes sindicales y el jueves los popes de los oligopolios formadores de precios.
El balance y la efectividad de estas iniciativas para bajar la gradualmente la inflación se comprobará con el tiempo. Por lo pronto, el INDEC informó que la inflación de enero fue del 4%. ¿Se logrará el 29% al que aspira el Presupuesto 2021?
A su vez, ¿Se podrá avanzar en el seguimiento de los diferentes eslabones de las cadenas productivas como se le propuso a los dirigentes sindicales para evitar que continúe la estampida en los precios?
CFK. La carta de Cristina del 27 de octubre pasado viene como anillo al dedo para pensar lo ocurrido estos días. Allí la vicepresidenta hizo un balance a un año del triunfo electoral del Frente de Todos y dio cuenta de las razones del ataque del “gran empresariado” al presidente (que días antes había sido maltratado mientras participaba en el coloquio de IDEA). De allí que CFK planteó como conclusión una primera certeza:
“Castigan al Presidente como si tuviera las mismas formas que tanto me criticaron durante años. A esta altura ya resulta inocultable que, en realidad, el problema nunca fueron las formas. En realidad, lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Mauricio Macri a la cabeza, fracasó. Es notable, sobre todo en el empresariado argentino, el prejuicio antiperonista. Notable y además inentendible si uno mira los resultados de los balances de esas empresas durante la gestión de los gobiernos peronistas o kirchneristas -como más les guste-. Este prejuicio no encuentra explicación ni desde la política, ni desde la economía, y a esta altura me permito decir que ni siquiera desde la psicología… aunque ya les advertí que de eso no sé. Pero no quedan dudas que esta actitud incomprensible ha sido y es una de las dificultades más grandes para encauzar definitivamente a la Argentina.
Esta semana llegaron los aplausos a Martín Guzmán. Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) explicó que fue un “aplauso honesto” y agregó: “Yo vi una presentación sólida, solvente, austera, no fanfarrona, no pasional, y por lo visto, mis colegas pensaron lo mismo”. Como vemos, para algunos el problema siguen siendo las formas.
Pero sigamos con aquel texto de Cristina que señaló un punto que debería ser debatido con mayor profundidad en medios de comunicación y espacios de militancia política: la economía bimonetaria: “se utiliza el peso argentino que el país emite para las transacciones cotidianas y el dólar estadounidense que el país -obviamente- no emite, como moneda de ahorro y para determinadas transacciones como las que tienen lugar en el mercado inmobiliario. ¿Alguien puede pensar seriamente que la economía de un país pueda funcionar con normalidad de esa manera?”, se preguntó CFK y afirmó que esta encrucijada “es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina.
El gobierno juega a esa convocatoria con “pragmatismo” señalan algunos comentaristas. El problema parece estar en “los tiempos”, porque la base electoral del Frente de Todos pide más intervención del estado, es decir, confrontar.
ACUERDO PRECIOS Y SALARIOS. Hay una coincidencia de diagnóstico en el Gobierno nacional y en el mundo gremial en todas sus vertientes. Algo evidente. La aceleración de la inflación desde octubre pasado (por hablar del período más reciente) viene deteriorando los ingresos de trabajadores, jubilados y todos los que cuentan con ingresos fijos y con ello la capacidad de una reactivación económica motorizada por el mercado interno.
La convocatoria al acuerdo de precios y salarios se puede comprender en ese marco. Por un lado, en una necesidad de corto plazo, de frenar el alza de precios y evitar todas las consecuencias que genera: estancamiento de la recuperación económica, crecimiento de la pobreza y malhumor social. En el mediano plazo que es ir hacia una baja gradual de la inflación. “Una normalización de las variables macroeconómicas”, diría el ministro de Economía Martín Guzmán.
El puntapié inicial de esta iniciativa se dio el miércoles pasado con una convocatoria salomónica por parte del Poder Ejecutivo a todo el arco gremial a la Casa Rosada. Allí los recibieron el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el citado Martín Guzmán; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco. Además estuvieron la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y el del Banco Central, Miguel Pesce.
Fue salomónica porque participaron los gremios de CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma. Sin tener cargos en el Consejo Directivo también asistieron Hugo Moyano y el bancario y referente de la Corriente Federal de Trabajadores, Sergio Palazzo. La lectura política indica un apoyo amplio del movimiento sindical a la iniciativa.
El planteo oficial tuvo dos ejes: suba de los salarios por encima de la inflación y paritarias sin techo. Varios dirigentes expresaron, paralelamente, la necesidad de que haya un mayor control sobre los formadores de precios, los aumentos injustificados y las maniobras especulativas.
En términos generales, hubo una valorización positiva de la convocatoria, de que el Gobierno tome la iniciativa en el control de precios, pero también es cierto que una coincidencia en que es solo el comienzo del camino.
El secretario General de la CGT, Héctor Daer, manifestó: “hay que recuperar salario y el movimiento económico y eso es ganándole a la inflación; también hay que contener el precio de los alimentos. Es necesario que todos comprendamos que debe haber rentabilidad, pero también posibilidad de que todo el pueblo se pueda alimentar“.
Por su lado, Sergio Palazzo, en diálogo con Radio Gráfica valoró el encuentro como “positivo”, a lo cual agregó “siempre es bueno que un gobierno te convoque a dialogar para resolver los problemas de la Argentina y ser parte de la solución. Y más cuando es un gobierno popular, porque las soluciones van a ir de la mano con lo que necesitan los trabajadores“.
“Es necesario constituir de una buena vez el Consejo Económico y Social para avanzar en los grandes problemas estructurales de la Argentina, que necesitan de un amplio consenso y, si no hubiera consenso, se necesitan decisiones del Gobierno, que tiene que recrear su alianza con el movimiento obrero y los movimientos sociales”, agregó.
Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores indicó que “hay una voluntad del Gobierno que los salarios queden por encima de la inflación, es importante y lo han dicho”. También se refirió al alza en alimentos, que en 2020 subieron 10 puntos por encima de la inflación general y que en enero fue del 4,8% frente al 4% de la inflación del mes según datos del INDEC. “Ahora resulta que los precios se forman solos, hay que ser serios, en algún lugar ese dinero está. Acá hay que ir sector por sector para determinar dónde se produce la distorsión y el gobierno tiene herramientas para hacerlo”.
Al día siguiente del paso de los dirigentes sindicales, fueron invitados para una reunión de similares características el sector patronal más concentrado. No vamos a abundar sobre este tema al que ya aludimos líneas arriba. A diferencia del mundo sindical, se ve la reticencia expresada en la ausencia de algunos “jugadores titulares” y en críticas previas deslizadas en los medios de comunicación. ¿Qué empresario de un mercado monopólico u oligopólico va a entregar mansamente las posibilidades de disponer libremente de precios, remarcar a conveniencia y especular? Ni que hablar frente a un gobierno de origen popular, al cual (con mayor o menor sutileza) prefieren debilitar para imponer condiciones y limitar posibles “aventuras populistas” que tensionen la distribución del ingreso.
Desde el Espacio Producción y Trabajo -donde militan la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal, la Mesa Nacional de Unidad Pyme y otras organizaciones pymes, cooperativas, sociales y del mundo agrario, vienen reclamando la inclusión de esos actores en la mesa de diálogo. Las Pymes, que representan al 70% del empleo privado registrado, no fueron convocadas. También es cierto que la atomización de sus organizaciones genera que no puedan confluir en una voz más potente.
Entrevistado por Radio Gráfica, el dirigente gráfico y referente del Espacio Producción y Trabajo, Héctor Amichetti justificó el reclamo:
“Hablemos del acero, del aluminio, de la madera, hablemos en el caso nuestro del papel, del sector del plástico, en la química, son todos rubros que son determinantes en la producción después, de los alimentos u otro tipo de bienes masivos. Evidentemente, los sectores que determinan, si hay dos empresas o tres en algún rubro, en algunos una sola, determinan valores que son irrazonables. Ahí entendemos que si no hay un control del costo por parte del Estado, es muy difícil resolverlo en una mesa de discusión, por más buena voluntad que haya, y más si en esa mesa están sentados esos sectores solamente”.
A lo cual agregó: “Los gremios podemos tener la mejor buena voluntad para discutir, porque el aumento de salarios no sólo es el porcentaje que acordamos en paritarias, sino el hecho de que el precio de los productos no aumenten. Es decir, el poder adquisitivo es lo que más vale, más que el porcentaje que firmamos. Ahora, nosotros no podemos contemplar a esos sectores, podemos sí constituir una alianza muy fuerte que respalde al Gobierno y por eso señalo a las Pymes y el movimiento cooperativo, porque esos sectores indudablemente están condicionados por los grandes grupos”.
Por su lado, las organizaciones de la economía popular – que no fueron convocadas para el acuerdo de precios y salarios- junto a referentes sindicales se comprometieron a fiscalizar en supermercados el cumplimiento de precios con un despliegue de militancia. El viernes por la tarde, se reunieron con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, para tratar este y otros temas.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS (O AL SALARIO). Dejamos para otro día la cuestión política-semántica de cómo denominarlo. Lo concreto es que una de las noticias de la semana del mundo sindical fue la presentación del proyecto de ley para introducir cambios en el Impuesto a las Ganancias motorizado por Sergio Massa. En el loteo de iniciativas políticas del Frente de Todos, el trigrense será el impulsor de una medida que hizo una de sus banderas, sobre todo en el período 2013/2015. La misma no debería tener mayores inconvenientes parlamentarios, difícil que Juntos por el Cambio haga oposicionismo en este tema. Se verá la reacción de las provincias a través de sus legisladores ante un impuesto que es en parte coparticipable.
Las modificaciones implican que pasaría a pagar el impuesto aquellos salarios que tengan una remuneración bruta de $150.000 y en el caso de los jubilados se toma como referencia aquellos ingresos que sumen ocho jubilaciones mínimas, es decir 152.282 pesos. Según estima el proyecto dejarían de pagar 1.267.000 de trabajadores y 102.741 lo harían con una suma menor.
En el recorrido histórico reciente parte del debate del universo sindical, con mayor o menor intensidad, tuvo el impuesto a las ganancias en la agenda. Al menos desde el segundo mandato de Cristina Kirchner donde creció aceleradamente el número de trabajadores que pasaron a pagarlo. En esos años la CGT que encabezaba Hugo Moyano fue promotora de varios paros nacionales con esa consigna como emblema, otros gremios eran críticos pero al mismo tiempo, en la campaña electoral de 2015 decían “que preferían discutir ganancias y no puestos de trabajo”, como ocurrió en los años siguientes. Una disputa que contribuyó a crear el clima político para las elecciones de 2015 del cual ya conocemos el lamentable final.
Mauricio Macri había prometido que se eliminaría este impuesto, pero ocurrió todo lo contrario, después del 2016 se duplicó la cantidad de trabajadores con esta obligación (2,2 millones de personas).
Hay muchos debates alrededor de este tema y del proyecto que retomaremos en próximas ediciones. Así como es necesario poner sobre la mesa temas más de fondo, uno de ellos es una verdadera reforma tributaria progresiva donde los más ricos paguen más cortando el flujo de la evasión y la registración de un enorme porcentaje de trabajadores contratados o que transitan su vida laboral en la informalidad. Además de un promedio salarial que está por debajo de la linea de pobreza y altos niveles de desocupación.
RETENCIONES. Alberto “amenazó” con subir las retenciones y la Mesa de Enlace le dio un “ultimátum”. Con este lenguaje bélico del tridente mediático antinacional (Infobae-Clarín-La Nación), llegó la reunión del miércoles. Allí la crónica de medios oficialistas como Página/12 dieron cuenta de la actitud de poder con la que llegaron los ruralistas en un encuentro que se “distendió” cuando el primer mandatario afirmó: “Yo no quiero aumentar retenciones”.
Como pasó el jueves con los popes de las corporaciones, nadie se hizo cargo de la formación de los precios. Sin embargo, se avanzó en la propuesta oficial de “revisar la cadena de producción y comercialización agroindustrial y mitigar el aumento desmedido de precios sin apelar a las retenciones”.
En la previa la diputada Fernanda Vallejos, claramente identificada con la vicepresidenta, declaró que “las retenciones o los derechos de exportación son un instrumento por excelencia cuando hablamos de medidas económicas para desacoplar los precios internacionales de los productos que forman parte de la canasta de exportación de la Argentina”, dijo Vallejos a la vez que sostuvo que “los argentinos no podemos definir nuestra posibilidad de comer o de dejar de comer, en base a posiciones que se fijan en el Mercado de Chicago“.
Cabe destacar que el gobierno ya avanzó en la segmentación de las retenciones, que era un pedido de pequeños y medianos productores. Lo que queda invisibilizado en el debate público es el sector transnacional que, ciertamente define en el marco de esta economía bimonetaria porque “son los dueños de los dólares”, como los define nuestro columnista Horacio Rovelli.
En el mismo sentido se pronunció el economista e integrante del Directorio del Banco Nación Claudio Lozano que postuló la necesidad de una mayor intervención del Estado: “Está claro que desde que comenzó la gestión de este gobierno, todo el sector agroalimentario ha tenido un comportamiento absolutamente incompatible con las necesidades de la población argentina (…). Las señales respecto a que estos sectores necesitan de una fuerte regulación pública son más que evidentes. Entiendo la señal del presidente respecto a brindar una alternativa de que el propio mercado por sí mismo se auto regule, pero me parece que es demasiado el deterioro social existente”.
OTRO CAMPO. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) estuvieron el lunes junto al presidente. El dirigente Juan Manuel Rossi contó en Radio Gráfica la buena recepción que tuvieron. Hablaron de la tenencia de la tierra para pequeños productores, el problema de los agrotóxicos, y le propusieron fortalecer una cadena de comercialización por fuera de los formadores de precios: “alimentos sanos a precios justos”.
Rossi marcó el error que tuvo el presidente en la entrevista del domingo de hablar de “el campo” ya que “el sector agropecuario es uno de los más diversos de la economía”. Según el dirigente hablar “del campo como una sola cosa” es quedar “entrampado” y hacerle “el juego a la Sociedad Rural”. Afirmó que la Mesa de Enlace no es más que una plataforma para posibles candidatos del bloque antinacional para las próximas elecciones.
Por su parte el dirigente de la UTT, Nahuel Levaggi (que cumple funciones al frente del Mercado Central) explicó: “Generalmente se piden acuerdos de precios, pero en el sistema agroalimentario si no se transforma el modelo integralmente es muy difícil con algunos productos incidir concretamente en el precio” y agregó que “debe haber una planificación productiva para fortalecer a las agroindustrias locales, focalizada en los alimentos y no en la exportación”.
Si bien fue una foto interesante, pareciera que faltan otros actores de ese “otro campo” para construir lo que podríamos llamar un “bloque nacional agrario”. Pero ¿Se resuelve con “más unidad” de las fracciones del campo popular o con una política decidida del gobierno?
SE EXTENDERÁN LOS MANDATOS GREMIALES POR 90 DÍAS. La resolución del Ministerio de Trabajo está al caer, el 28 de febrero es la fecha límite. Por tercera vez desde que comenzó la pandemia, se extenderán los mandatos de las autoridades de las organizaciones sindicales por 90 días más. La medida alcanza a la CGT, por lo cual su demorada renovación de autoridades prevista inicialmente para agosto de 2020 se pospondrá hasta el segundo semestre del año, de no mediar una nueva prórroga.
En sectores del mundo sindical comienza a preocupar la medida que dilata la renovación y realizan críticas frente a una CGT cada vez más encapsulada, que no habilita los canales democráticos que contempla el estatuto. Desde que comenzó la pandemia la Mesa Chica (Daer, Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Armando Cavalieri y José Luis Lingeri) definieron la dirección sin realizar un solo “Zoom”.
No hubo convocatoria a Plenario de Delegaciones Regionales, ni Comité Central Confederal o algún otro canal que permita abrir debates y la participación de los gremios confederados. En la etapa inicial de la pandemia era previsible por los reparos a las actividades presenciales, lo llamativo es que ni siquiera hubo un ensayo de hacerlo por Zoom como centenares de actividades que se hicieron en el país con decenas de participantes. El 17 de octubre pasado el Salón Felipe Vallese se abrió a un acto del cual participaron dirigentes gremiales y políticos, funcionarios nacionales e intendentes. ¿Tan imposible es la participación de los propios gremios que integran la CGT habilitando los canales democráticos?
YAPA. TERREMOTO EN SAN JUAN. Fue el 18 de enero, ya casi un mes. La situación que se denuncia es desesperante. Claro que no aparece en los “grandes medios”, pero sí en FM La Lechuza, del paraje El Abanico en Pocito. Una emisora popular que integra FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias), desde donde se está denunciando la falta de un plan integral desde el Estado.
“Las casas caídas son de la gente más pobre. Alguien dijo por allí “a Los Nadies se le cayó la casa”. O sea, a nadie se le cayó. Otro sería el cantar seguramente si se hubiera caído un barrio residencial en la ciudad misma de San Juan”, escribió Miguel Ambas, comunicador de La Lechuza. En comunicación con Gráfica, Ambas planteó: “No se trata de salir a revolear paquetes de fideos como si fuera una piñata” y reclamó mayor articulación con las organizaciones sociales.
Parece ser otro ejemplo de la arrogancia de quienes están en el funcionariado y creen que desde ahí todo lo pueden resolver, según plantean desde La Lechuza. La última novedad es que hay carpas para miles de familias sin techo en el RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña), sólo falta el visto bueno del gobernador Uñac.
Alberto Fernández estuvo en la provincia recorriendo y hablando con familias, definió el aceleramiento de la construcción de viviendas que ya estaba planificada. Pero no alcanza porque ese proceso puede tardar hasta dos años. ¿Mientras tanto? Se suma al contexto pandémico la época de lluvias en el verano cordillerano.
Desde Radio Gráfica toda la fuerza para esa provincia y sobre todo para La Lechuza, que está haciendo un gran trabajo comunicacional y territorial con un cansancio evidente. Son muchos compañeros y compañeras de la radio que perdieron su casa y como expresan en la campaña que llevan adelante: “con la solidaridad no alcanza”.
Discusión acerca de esta noticia